Las obras del Topo impiden la meditación

La responsable del centro, que lleva más de una década en el bajo de la calle Zarautz 33, denuncia que su traslado a otra ubicación es forzoso, es obligado. «Yo no me quiero ir, pero aquí no puedo ejercer mi actividad». Y reclama por eso a los responsables de la obra, Eusko Trenbide Sarea (ETS), que sufraguen el coste económico que le supone alquilar otro local y acondicionarlo para continuar con sus clases. «Cada día que vengo a trabajar es un misterio, no sé si podré o no dar las clases, porque no sé la molestia que generarán las máquinas ese día», explica, pendiente del ruido exterior que, de repente, rompe el silencio que intentan preservar los gruesos cristales que en su día colocó para aislar el local. «Hoy no se oye casi nada, pero ayer suspendí seis clases, que lógicamente no puedo cobrar a los alumnos», añade.

Desde ETS asumen que hay «ruido» pero que es igual que en otros tramos del trazado, e instan a la afectada a cursar, según el trámite administrativo fijado, la reclamación correspondiente y a «acreditar» en ella la «causalidad del daño» provocado. Una vez se resuelva, aseguran fuentes consultadas, se procedería al pago o indemnización «en función de la legislación oportuna». Es decir, no hay decisión tomada sobre el caso de Ana, aunque cualquier pago que le corresponda se realizaría a posteriori, una vez traslade su negocio y adelante la inversión.

Su particular pelea por las obras de la variante ferroviaria del Topo comenzó en noviembre cuando se iniciaron los trabajos previos en la zona situada frente al polideportivo de Benta Berri. Ana ha llamado varias veces a la puerta de ETS y del intermediario de la obra para que le faciliten una solución. Y aunque asegura que al principio «todo eran buenas palabras», reprocha que «no me han dado ninguna salida», ni local alternativo como les pidió en un inicio, ni costear las obras que ya ha comenzado, para mudarse cuanto antes al «único sitio que he encontrado» para continuar con su actividad y mantener a los alumnos, un antiguo gimnasio situado en el mismo barrio.

Dicho local, reconoce, «es más grande, y con alquiler más caro pero era el único relativamente acondicionado aunque tengo que pintarlo, poner el suelo y hacer una reforma para habilitar otra sala». Una obra que, «con el presupuesto y el plazo más ajustado posible» -defiende- superará los 40.000 euros, a los que hay que añadir el alquiler y «los dos meses de fianza» que ya ha abonado. Además, el nuevo centro no estará listo hasta finales de marzo, con lo que Ana teme que tendrá que cerrar unas semanas Awen hasta poder ir a la nueva ubicación. «Me han dicho que este próximo lunes empiezan a trabajar más máquinas para abrir la boca de acceso a la estación y asumen que harán más ruido, así que creo que tendré que cerrar ya», dice sin tener aún tomada la decisión, pendiente del día a día.

Ana, con la ayuda de la abogada que ha contratado para pelear por lo que cree que es de justicia, no ceja en su propósito de que el seguro de la obra se haga cargo de este «traslado forzoso». «Alegan que legalmente no es una expropiación ni un desalojo, pero yo no me voy porque quiero», insiste. «Me voy porque el ruido y la vibración que se nota impide» realizar una actividad en la que «los alumnos buscan la calma, la relajación» y que es imposible lograr si no hay silencio, incide.

Hasta ahora, asegura que «he tenido que suspender seis días de clase, y he perdido un 25% de alumnos, unos quince, además de no lograr nuevas inscripciones en este inicio de año, que es un momento propicio para que se apunte más gente. Solo han venido dos, y ni siquiera pasa nadie a informarse», se lamenta. Mientras, algunos de los alumnos que continúan «me entienden y apoyan, pero otros se van, es normal», dice. «Me da hasta apuro tener que dar clases así».

Ana Basa no entiende la falta de alternativas que le ha dado hasta ahora ETS, que «solo me ha trasladado a través de su intermediario» que no se iban a hacer cargo de la situación. La responsable del centro ha trasladado quejas y ha remitido en enero sendas cartas a ETS, el Ayuntamiento de San Sebastián y el Gobierno Vasco, narrando su periplo administrativo y expresando su malestar: «Mi desconcierto es total. ¡No puedo creer que de la noche a la mañana me vea sin poder ejercer la actividad profesional de la que vivo y ETS no se digne a darme la más mínima respuesta!». El siguiente paso, dice, es presentar la demanda que prepara su abogada y recurrir al Ararteko.

«Es una situación de desesperación», continúa Ana. «Después de tantos años me cambia la vida de un día para otro, me exigen irme, tengo que pedir un crédito, ayuda familiar y confiar en poder hacer frente a ese gasto y que en el otro sitio me vaya bien», insiste. «Porque no son dos o tres meses de obra, que te genera molestias pero puedes aguantar, es que son casi tres años», clama con el respaldo de muchos de sus alumnos, que le han dicho que «aguantarán» y que estaban dispuestos a recoger firmas para que los responsables de la obra le devuelvan la paz que le han quitado.

ETS, por su parte, defiende que hasta ahora la afectada ha trasladado quejas, pero no ha presentado una reclamación formal, de daños patrimoniales, en la que debe «acreditar» y «justificar» con datos (facturación, número de clientes, pérdida de inscripciones, razones por las que los alumnos dejan de acudir...) el perjuicio sufrido. Y a partir de ahí, los servicios jurídicos de la entidad resolverán su caso y si corresponde «procederá al pago o indemnización, según la legislación vigente».

«Somos conscientes de que producimos perjuicios, pero los daños tienen que estar justificados», alegan las fuentes consultadas, que reconocen que de forma «preventiva» no ofrecen locales -como les pidió Ana- ni pagan traslados. ETS, que conoce perfectamente los pasos dados por Ana, limita a un solo día las mediciones de ruido obtenidas el pasado día 4. «Fue una circunstancia puntual, se colocó un piezómetro», indican. Pero Ana tuvo que suspender sus clases de la mañana.