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En las cárceles de Euskadi «hay servicios sociales con una lista de espera tan grande que la realidad es que la gente que sale ... de la cárcel o no sale o se queda en la calle», lamenta José María Larrañaga, director de Arrats. En su opinión, faltan recursos públicos para cubrir las necesidades de la población reclusa que o bien finaliza su condena o bien adquiere el grado de semilibertad previo a la conclusión de su pena.
En el caso de Gipuzkoa, ocho reclusos de Martutene se encuentran con que no pueden acceder al tercer grado –es decir, al régimen por el que el penado puede salir de prisión y regresar para dormir– por falta de plazas. En concreto, seis de estos presos se encuentran a la espera de que se les pueda hacer hueco en algún recurso, mientras que los otros dos cumplen una condena más corta que el tiempo que conlleva todo el proceso administrativo hasta lograr la asignación de una plaza.
En los recursos que la Diputación Foral de Gipuzkoa destina a políticas de reinserción, pueden tener cabida aquellas personas en una situación de exclusión social general, sin distinción para presidarios. Una circunstancia esta, la de la falta de plazas específicas para reclusos, que no comparten desde Arrats, al entender que «las personas que vienen de prisión requieren de un tratamiento específico», expone Amaia Agirregabiria, coordinadora del programa de 'Pisos de Incorporación Social' de esta asociación.
Con la transferencia desde el 1 de octubre de las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco, se abre un nuevo escenario en Euskadi que Arrats espera resuelva, entre otras situaciones, la escasez de plazas públicas en pisos de inserción para presos que vienen apreciando. Tanto Larrañaga como Agirregabiria asumen que «va a ser un proceso largo».
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