Las okupaciones suben un 20% en el último año en Gipuzkoa y por primera vez superan las 100

La mitad de las detenciones o investigaciones (29) se han producido en los últimos dos años, evidencia de que o bien hay más denuncias o más interés de las instituciones y fuerzas del orden por combatir estas situaciones.

Fueron 15 en 2022 y 14 en 2023. La estadística no diferencia entre los casos de allanamiento –ingreso ilegal en una vivienda o edificio habitado para convertirlo en residencia propia– y usurpación –lo mismo pero en un piso o inmueble deshabitado–. Estos delitos están tipificados en los artículos 202 y 203 (allanamiento) y el 245 (usurpación) del Código Penal. La okupación como tal no es un término jurídico y en el lenguaje coloquial engloba los dos conceptos anteriores.

En la última década el fenómeno de la okupación se ha triplicado en Gipuzkoa. Los 115 casos contabilizados el año pasado quedan lejos de los guarismos de entonces, cuando hubo 31 casos en 2012, 34 al año siguiente y 38 en 2014. El crecimiento es más intenso en Álava, donde se ha pasado de 8 okupaciones en 2013 a 50 en 2023 (seis veces más) y menor en Bizkaia (de 59 a 128, un 117% más, algo más del doble). Así, en el conjunto de Euskadi los casos de usurpación o allanamiento han pasado de 101 a 293 en diez años. También casi el triple, como en Gipuzkoa.

Donde se aprecian diferencias es en los últimos años. Tras el paréntesis que supuso la llegada del coronavirus en 2020, que también produjo un descenso puntual de okupaciones tras varios años en continuo ascenso, entre 2021 y 2023 las okupaciones han vuelto a dispararse en Gipuzkoa. Un 47%. De las 78 que se contabilizaron en 2021 a las 115 del año pasado. De nuevo, el incremento ha sido mayor en Álava (85%, de 27 a 50) y en Bizkaia no es que haya subido menos, es que incluso lleva dos años consecutivos en descenso. De los 145 casos de 2021 bajó a 136 al año siguiente y a 128 en 2023.

Un vistazo al resto de territorios y al conjunto del Estado evidencia que se repite el mismo patrón que en Euskadi. Las okupaciones bajan los dos últimos años en las grandes provincias mientras suben en las más pequeñas.

Así sucede en las dos donde este fenómeno es más intenso, Barcelona y Madrid. En la catalana se alcanzó un máximo de okupaciones en 2021, con 5.483 casos, que se han reducido un 16% en los dos años siguientes (5.201 en 2022 y 4.610 el año pasado). Lo mismo ha sucedido en Madrid, que de 1.660 casos en 2021 ha pasado a 1.517 y 1.516 los dos ejercicios siguientes, lo que representa una caída global del 8%. En la tercera en el ranking, Valencia, el cambio de tendencia se produjo un año más tarde, en 2022, cuando se alcanzó un récord de 1.015 casos conocidos que se redujeron un 13%, a 828, el año pasado.

Estos tres casos han empujado a la baja los datos globales en España. En el conjunto del país las okupaciones alcanzaron un máximo de 17.274 casos conocidos en 2021, desde donde se ha pasado a 15.289 el año pasado, un 11% menos. Pero no es un descenso homogéneo ni generalizado. Está focalizado en la menor presencia de asentamientos irregulares en las grandes capitales, donde la presión de las fuerzas del orden y/o la reducción del parque de viviendas disponibles para ser usurpadas al estar muchas de ellas ya okupadas, está desplazando el fenómeno a nuevos emplazamientos donde la situación repunta ahora con fuerza, como Gipuzkoa.