El pasaporte inmunitario, ¿derecho o discriminación?

Los pasaportes de inmunidad son unos documentos para certificar que una persona tiene inmunidad al Covid-19. En caso de tener este pasaporte, se presume que es improbable que esa persona contraiga la enfermedad, porque tiene anticuerpos, así como que la propague. Puede ser un certificado, pero también una pulsera, una aplicación para el móvil u otro tipo de documento.

Este es un tema sujeto a debate en la actualidad. Aunque en principio parece que sí, desde la UPV/EHU advierten que la ciencia desconfía de los pasaportes de inmunidad al no estar claro si el hecho de haber pasado la enfermedad implica desarrollar anticuerpos en todos los casos o cuánto tiempo dura la inmunidad. Son dudas que se irán aclarando y esfumándose respecto pasen los meses y, aunque parece un caso poco probable, hay constancia de algunas reinfecciones. El hospital Gregorio Marañón de Madrid informó a comienzos de mes de la primera persona reinfectada por Covid-19 en el Estado, una mujer de 57 años.

Sobre su valor moral investiga De Miguel. En un artículo publicado en la prestigiosa revista especializada en ética y bioética 'Journal of Medical Ethics', defiende que «si aceptamos que, como dicen sus detractores, los pasaportes son inadmisibles porque pueden provocar que las personas se contagien voluntariamente, o porque aumentarían la vigilancia del Estado, sobre todo en colectivos vulnerables, o porque crearían un mercado negro incipiente, es obvio que deberíamos renunciar a ellos». Sin embargo, «no es tan simple». Para entender el por qué de su uso, «hay que adoptar la perspectiva del inmunizado».

En torno a esta cuestión gira gran parte del debate. «Si usted no puede contagiar el virus, es sumamente difícil justificar la restricción de algunos de sus derechos, sobre todo el derecho fundamental a la libertad de movimientos», explica el doctor en Derecho y Filosofía. Tanto la Constitución como el Convenio Europeo de Derechos Humanos limitan claramente cualquier restricción de ese derecho». En estas circunstancias, resulta «muy difícil amparar una limitación de nuestra libertad de movimientos sobre la base de la evitación de conductas temerarias por parte de terceras personas».

Los certificados de vacunación podrían tomar el papel de pasaporte de inmunidad en los próximos meses, generando un conflicto en la sociedad. A fin de cuentas, «es inevitable la necesidad de identificar quién puede propagar el virus», subraya. «Si una persona no representa una amenaza para la salud pública porque no puede propagar la infección, entonces se debe respetar su derecho a la libertad de movimiento, independientemente de cómo haya adquirido esa inmunidad».

«Si no hay vacunas para todos en ese momento, lo que estaremos haciendo es reconocer la vigencia y la aceptabilidad moral de los pasaportes inmunológicos, al menos cuando hablemos de derechos fundamentales», insiste De Miguel, que defiende los pasaportes de inmunidad siempre que preserven los derechos de los ciudadanos inmunizados, independientemente del cómo.