Las peticiones de asilo se desbordan en Gipuzkoa durante los últimos dos años

Los flujos migratorios cambian constantemente. En su desarrollo intervienen diferentes factores, principalmente los conflictos políticos y económicos de los países emisores, que provocan la migración de muchos ciudadanos, y también la variación en los territorios de destino, dependiendo de su cercanía fronteriza con el país emisor y de su vinculación con el mismo por razones culturales, como el idioma.

En los últimos años, Euskadi está siendo testigo y parte de dos fenómenos que han generado un gran aumento en las llegadas de inmigrantes. Por un lado, aquellos que provienen de la África subsahariana y que llegan al Estado cruzando el Estrecho en condiciones deplorables. Son los llamados migrantes en tránsito, que recalan en la CAV, y más concretamente en Gipuzkoa, como parte de su ruta migratoria por la cercanía con la frontera francesa, ya que el objetivo final de la mayoría es llegar a otros países del norte de Europa. El segundo caso es el de los extranjeros que solicitan protección internacional o asilo en alguno de los tres territorios vascos, unas peticiones que se han disparado en los dos últimos años y que han generado un colapso en la resolución de las tramitaciones.

Antes del año 2014, Euskadi registraba algo más de medio centenar de solicitudes de asilo anuales, apenas una decena en Gipuzkoa. A partir de ese año las peticiones aumentaron de manera considerable, la mayoría provenientes de Siria, donde el estallido de la guerra obligó a sus habitantes a huir a otros países en condición de refugiados.

Sin embargo, han sido los dos últimos años cuando esas solicitudes se han disparado, aunque en este caso el foco del flujo migratorio es Venezuela. La crisis socioeconómica y política que afecta al país latinoamericano ha provocado la salida de muchos ciudadanos que eligen España y Euskadi por el idioma y por la gran comunidad latina que tienen asentada desde hace años.

Tanto es así que actualmente el 33% de las solicitudes de asilo recibidas entre 2016 y 2017 corresponden a personas de nacionalidad venezolana, según datos de Ikuspegi, el Observatorio Vasco de la Inmigración. En Gipuzkoa, estas peticiones se han multiplicado por siete en los dos últimos años: De las 17 en 2015, se ha pasado a 99 y 121 de 2016 y 2017, respectivamente, tal y como revelan fuentes del Ministerio del Interior, responsable de la gestión de la acogida de personas extranjeras. Un crecimiento que ha sido paralelo al de Euskadi, donde en 2015 se recibieron 163 solicitudes, 500 en 2016 y 970 en 2017. Y esta tendencia al alza se mantiene este año, ya que Interior confirma que a 31 de agosto se habían recogido 34.861 peticiones en todo el Estado, una cifra que ya supera al total de 2017, que fueron 31.740.

Debido a este incremento, se está dando en Euskadi un colapso en las comisarías de la Policía Nacional encargadas de gestionar este servicio. El problema, indica Patricia Bárcena, directora de CEAR Euskadi, es que «los recursos institucionales, funcionariales y de acogida no han crecido proporcionalmente al número de solicitantes de protección internacional». Una falta de medios que reconocen desde el Ministerio del Interior que el pasado mes de julio aprobó un decreto-ley «para dar respuesta al desafío de los nuevos flujos migratorios, con la incorporación urgente de un total de 323 plazas adicionales a las de la Oferta de Empleo Público». De ellas, 231 se destinaron a «mejorar los procedimientos que en el ámbito de asilo gestiona el Ministerio del Interior, en materia de reconocimiento del derecho de asilo y otras figuras análogas de protección», y las otras 92 «para reforzar los procedimientos que en el ámbito de las migraciones gestiona el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social».

No obstante, Bárcena asegura que ese aumento del personal sigue siendo insuficiente para atender la gran demanda que existe actualmente. «No dan abasto», resume. Mientras esos funcionarios se van incorporando a la red, en Euskadi hay más de 250 solicitantes de asilo que no reciben acogida por la saturación que existe en la resolución de dichas tramitaciones. Y no solo eso. A quien registra una nueva petición se le cita para el año siguiente. En el caso de Gipuzkoa, hay lista de espera hasta septiembre de 2019.

Además, el número de concesiones firmadas no está creciendo al mismo ritmo que entran las solicitudes. Así lo asegura Gorka Moreno, director de Ikuspegi, quien señala que el Gobierno español está desestimando prácticamente la totalidad de las peticiones realizadas por personas de nacionalidad venezolana. Cabe explicar que las peticiones de protección internacional se dividen en dos tipos. El derecho de asilo, que se concede a los refugiados, y la protección subsidiaria, que se otorga a los extranjeros que no son refugiados, pero se encuentran en determinadas situaciones de riesgo y no pueden regresar a su país de origen. En este segundo supuesto se incluirían a los solicitantes venezolanos, aunque el Estado les está denegando esa protección. «En el caso de los sirios, España sí aceptó su condición de refugiados, pero aquí se ha decidido que la gente que proviene de Venezuela no está en una situación de riesgo y de amenaza, y que por lo tanto, no cumplen los requisitos para poder acceder a la protección subsidiaria», afirma Moreno.

Detrás de ese aumento de las peticiones de asilo en Gipuzkoa podría estar también la estrategia que están utilizando algunos migrantes en tránsito para no ser devueltos a su país de origen. Hace semanas que la Red de Acogida Ciudadana de Irun empezó a constatar este hecho, ya que si realizan ese trámite no pueden ser expulsados hasta que sea resuelto, lo que les da un margen de 3 o 4 semanas para reunir dinero y volver a intentar cruzar hacia Francia. En todo caso, el director de Ikuspegi asegura que ese número de solicitudes no son «suficientemente considerables» como para señalarlas como causa del aumento de las peticiones de asilo.

Ante esta situación, el Gobierno Vasco decidió tomar partido creando un nuevo recurso en Oñati para prestar cobertura a las personas extranjeras que se encuentren a la espera de tramitar su petición de asilo. El centro, con 100 plazas ampliables en caso de demanda y gestionado por CEAR, tiene como objetivo «facilitar la cobertura de alojamiento, orientación y derivación a personas y familias solicitantes de protección internacional o apátrida, que están a la espera de que su situación se vea clarificada». Aunque el tiempo de estancia establecido será de tres meses, este podía verse reducido o ampliado «en función de criterios técnicos», que dependerán, entre otros aspectos, de los plazos de espera que tengan las personas que sean acogidas para tramitar su petición de asilo.