Piden seis años de cárcel a un ertzaina acusado de prometer ayuda en un juicio a cambio de cocaína

Estos cuatro procesos judiciales suponen un 33% menos que el récord de seis alcanzado en 2024, que fue un curso inédito con tres causas por el delito de asesinato –solo uno confirmado en sentencia–, otro por homicidio, un quinto por un accidente de tráfico con dos fallecidos y un allanamiento de morada enmarcado en un caso de violencia de género.

La Fiscalía de Gipuzkoa reclama seis años de cárcel para un suboficial de la Ertzaintza al que acusa de un delito de cohecho que habría tenido lugar durante los meses de confinamiento en 2020. El agente en cuestión, un jefe de patrullas en la Unidad de Protección Ciudadana de Donostia, se habría hecho valer de su cargo para prometer su ayuda en el juicio a un detenido por tenencia de estupefacientes a cambio de que le proporcionara cocaína. La presunta víctima, que falleció ese verano con 37 años, tenía una discapacidad del 69% por trastorno mental, inteligencia límite y limitación funcional en miembro inferior. El juicio empezará el 14 de febrero.

Los hechos se originaron a partir de un control preventivo efectuado sobre las 17.33 horas del 20 de abril, cuando agentes de la Ertzaintza dieron el alto a un motorista, que resultó estar en posesión de sustancias estupefacientes y fue detenido. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha accedido este periódico, el procesado mantuvo «varias conversaciones» a solas con el arrestado mientras este permaneció en el calabozo de la ertzain-etxea de Ondarreta –también en el garaje fumando ambos– hasta que fue presentado en un juzgado a la mañana siguiente.

En sus conclusiones previas, el Ministerio Público refleja que el encausado empleó «métodos coercitivos y autoritarios» al dirigirse al detenido con expresiones como «o me dices nombres o si no cierro la puerta y te vas...», según el fiscal, «en clara referencia» a la cárcel de Martutene.

En uno de esos momentos en el que ambos interactuaron, el agente, «tras levantar la manga derecha» del arrestado, «le escribió en su brazo su número de teléfono personal, profiriéndole la expresión 'si no colaboras te voy a crujir, llámame cuando salgas'» del juzgado. Asimismo, le prometió ayudarle en la recuperación de los 1.700 euros y los dos teléfonos móviles que le habían sido intervenidos en el arresto. Para ello, le aconsejó «que dijera que pertenecían a una tercera persona», y «a cambio de la gestión, le solicitó la entrega de 500 euros».

Tres cuartos de hora antes del traslado del detenido al juzgado, el suboficial volvió a hablar con él. Estos encuentros se llevaron a cabo «haciendo gala de su condición de superior jerárquico», y tras asegurar a los agentes custodios del detenido que contaba «con la autorización» de un superior con el fin de «obtener información» de interés oficial. Según el fiscal, «en ningún momento existió» ese permiso para este jefe de patrulla, que habría insistido al varón con que «como me la juegues te voy a crujir, y como salgas del juzgado y no me llames».

Tras declarar en dependencias judiciales, el sospechoso fue puesto en libertad, y ese mismo día telefoneó al número que el agente le había escrito en un brazo. Ambos se citaron en una vía pública, desde donde se dirigieron al domicilio de la pareja del varón que fue arrestado. Aquí, habrían consumido «entre 1,5 y 2 gramos de cocaína» que aportó el segundo «a cambio» de ayuda policial. Así, el agente dictó a la mujer la redacción de una carta «aderezada con tintes sentimentales», en la que ella solicitaba la devolución de los 1.700 euros, que provendrían «de la herencia de su padre». Antes de dejar la vivienda, el ertzaina solicitó «un regalito», y recibió «medio gramo de cocaína».

En los siguientes cuatro días se vieron tres veces más: una en el lugar donde la ahora presunta víctima trabajaba por su discapacidad –aunque estaba inmerso en un ERTE por la pandemia–, donde el agente recibió «entre 0,5 y un gramo de cocaína»; otro en una vía pública, donde el agente le requirió más droga (0,7 gramos) y «una escueta lista con cuatro nombres» presuntamente vinculados a alguna investigación. Todo, bajo la instrucción de que el hombre no saliera «perjudicado en el juicio pendiente». En el tercer encuentro, fumaron cocaína en un coche y el agente le compensó por ello con varios objetos como unas gafas de sol, dos relojes y varios blíster con medicamentos «provenientes de la Ertzaintza».

Tras despedirse, el supuesto suministrador de cocaína fue interceptado en otro control policial con motivo del estado de alarma por la pandemia. Sucedió justo cuando el varón –al que se le intervinieron 5 gramos de cocaína y 5 de manitol, que se usa para adulterar droga– conversaba por el manos libres con el ertzaina. En la confusión del momento, el hombre pasó el teléfono a uno de los agentes intervinientes, quien se negó a hablar con el suboficial. El patrullero dio cuenta del incidente a su superior, lo que motivó que Asuntos Internos abriera una investigación para tratar de aclarar por qué alguien con antecedentes penales por tráfico de droga se telefoneaba con un suboficial.

Paralelamente, el presunto traficante contó a su hermano «las presiones» que sufría y le facilitó la grabación de tres conversaciones en las que el policía le decía que «el juicio va a salir bien» pero debía «portarse bien» cuando él le pidiera «algo a cambio». Ante esto, el familiar se personó en comisaría para trasladar a Asuntos Internos los hechos en nombre de su hermano ya que este «sufría una minusvalía psíquica del 33%».

El suboficial prestó declaración ante Asuntos Internos y presentó un informe de una supuesta investigación de la que «ningún mando policial de la Ertzaintza tuvo nunca conocimiento». El fiscal estima ese informe como «una coartada que justificara los múltiples contactos» con el denunciante que buscarían «un gratuito autoabastecimiento de cocaína». Por ello pide una pena de cuatro años de cárcel por cohecho y dos más por el delito de infidelidad en la custodia de documento.

También por cohecho, un funcionario del Servicio Común Procesal, dependiente del Servicio de Decanato de Donostia, y un abogado, se enfrentan a una suma de diez años de prisión para ambos. Presuntamente se compinchaban para que determinados asuntos que llevaba el letrado –mayormente laboralista– fueran desviados a un juzgado, generalmente el de lo Social nº 3 de Donostia, pero desde una fecha también al nº 2.

Entre los años 2014 y 2018 en que habrían sucedido los hechos, los documentos y escritos que se registraban en el Decanato eran repartidos de manera aleatoria entre los cinco juzgados de lo Social mediante un sistema informático. Así, una vez asignado el jugado se remitía el expediente.

La Fiscalía estima que los acusados actuaban juntos para burlar el reparto aleatorio. Para ello, se citaban fuera del Palacio de Justicia, donde el letrado entregaría en mano al funcionario los escritos de demanda, indicándole cuáles «le interesaban» que fueran al juzgado de lo Social nº 3 o al nº 2, y cuáles le resultaba «indiferente». El funcionario, entonces, repartía «una y otra vez» el asunto hasta que el sistema aleatorio le asignaba el juzgado pretendido, llegando alguna vez a hacer «hasta 14 anulaciones y nuevos repartos». Ambos se exponen a cinco años y seis meses de cárcel por el delito continuado de falsedad documental y daños informáticos, y otros cuatro años y cinco meses por un delito de cohecho.

La Fiscalía reclama dos años de prisión para un varón que fue sorprendido por el propietario de una vivienda cuando había escalado de la valla del jardín lo que sería constitutivo de un delito de allanamiento de morada.