PNV y EH Bildu piden reformas legislativas pero las instituciones barajan ya relajar los requisitos

Las administraciones públicas ven con preocupación la oleada de sentencias que tumban procesos de selección por el requerimiento de un determinado nivel de euskera en tanto en cuanto se ven abocadas a un escenario de inseguridad jurídica para futuras ofertas de empleo. El mes pasado, la mancomunidad de municipios euskaldunes (UEMA) animó a los ayuntamientos a incluir la exigencia de perfiles «porque son la garantía para poder tratar con normalidad en euskera con los ciudadanos».

La invitación se produjo en el contexto de una rueda de prensa en la que los alcaldes de Usurbil y Astigarraga daban a conocer denuncias a sus procesos de selección de guardias municipales por el requerimiento de un C1. Ambos ayuntamientos encuadraban estas demandas en una estrategia «para meter miedo».

Lo cierto es que el temor a fallos judiciales contrarios se ha generalizado en la Administración. La Diputación Foral de Bizkaia ya ha trasladado a los sindicatos que quiere relajar los requisitos de euskera para las siguientes oposiciones tras las últimas sentencias judiciales que han anulado una OPE de principios de 2022, y tienen en el aire otra celebrada poco después, por su «desproporcionada» exigencia de perfiles lingüísticos que «discriminaba» a los castellanoparlantes.

Las sentencias reprochaban a la Diputación que el porcentaje de plazas con perfil oscilaba entre el 88,6% y el 92,2% en las OPE cuando el Plan de Normalización del Euskera fija en un 47,7% el porcentaje de funcionarios forales que deben acreditar que tienen el conocimiento de euskera exigido para sus funciones.

El gobierno foral ha anunciado recursos pero, por si acaso, quiere dotar de seguridad jurídica a las nuevas OPE que va a ir convocando para no poner en riesgo todo el proceso de estabilización de la plantilla. Lo que la Diputación ha planteado a los sindicatos es «diferir» el perfil lingüístico en la mitad de las plazas. Dicho de otro modo, el 50% de las ofertadas en la OPE saldrían a concurso sin requisito de euskera y sus adjudicatarios, en el caso de que la plaza obligue a acreditar el conocimiento de la lengua, tendrán más tiempo para hacerlo.

La aplicación de la ley está derivando en sentencias anulatorias y los partidos más favorables a la revitalización del euskera en la Administración han alzado la voz. EH Bildu y PNV han sido tajantes en las Juntas Generales de Gipuzkoa a la hora de defender la exigencia de requisitos de euskera en los procesos de selección de personal «para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía».

La solución, más allá de declaraciones ideológicas, apunta a modificar la propia ley. De hecho, en la resolución aprobada con los votos favorables de PNV y EH Bildu, las Juntas instan a la Diputación «a que impulse y trabaje por el sistema de perfiles lingüísticos y, en consecuencia, por las reformas legislativas necesarias para dar seguridad jurídica al desarrollo del euskera en la administración y el desarrollo de nuevos instrumentos jurídicos necesarios para dar un salto en la política lingüística».

Las instituciones públicas se encuentran, por tanto, entre la espada y la pared. Entre la apuesta por la normalización efectiva del euskera y la seguridad jurídica. A raíz del último caso de las 100 plazas de administrativo de la Diputación impugnadas, EH Bildu ha transmitido este fin de semana que «puede haber una tentación de las distintas administraciones de dar pasos atrás» y ha abogado por «hacer posibles los cambios legales necesarios aprovechando las mayorías sociales y políticas existentes en el país».

La pelota de la decisión está en las manos de las formaciones políticas que promueven las leyes en las distintas cámaras y que gobiernan en las diversas instituciones públicas, dado que todas las fuentes consultadas coinciden en que los tribunales van a seguir incidiendo en la misma línea de fallos anulatorios de aquellos procesos que vinculan las plazas a los requerimientos lingüísticos.

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