La Policía ofrece días festivos según el número de migrantes detenidos en Irun y luego anula la orden

En la misma se detallaba que a partir del 1 de julio de 2023, en función del número de detenidos durante el fin de semana, se ofrecerán diferentes días de compensación. Sin ningún arresto, recibirán dos días libres; con un detenido ascienden a tres; de dos personas en adelante recibirán cuatro días de compensación; y a partir de diez detenidos se les dotará de cinco días.

Esta orden fue denunciada por el sindicato de la Policía Nacional Jupol, mayoritario en Gipuzkoa, a través de sus redes sociales. En las mismas criticaban que «la prestación del servicio en la modalidad de incidencias está debidamente regulada» y que en ningún momento se puede condicionar a la cantidad de arrestos. «Parece que en Irun se está 'empujando' para aumentar el número de detenidos por extranjería desde la Jefatura de la Brigada», decían en la publicación de Twitter.

Horas después de que la orden fuese aprobada y denunciada después por el sindicato, fuentes policiales consultadas por este periódico confirmaron que la Jefatura Superior de la Policía Nacional del País Vasco la había anulado y que no iba a tener ningún efecto ni aplicación en la comisaría irundarra. Las citadas fuentes no han indicado los motivos por los que se había aprobado dicho documento ni las circunstancias en las que se ha procedido a su anulación.

Desde el sindicato celebran esta decisión, pero advierten de que «si no lo hubiésemos denunciado, esa orden habría seguido vigente». Fuentes de Jupol aseguran que la comisaría local de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Irun tiene «mucha presión por la inmigración», dado que se trata de una zona de tránsito a Europa. «Es una comisaría muy pequeña y es una de las que más detenciones por extranjería registra en el Estado», casi al nivel de Madrid o Valencia, aseguran. Una circunstancia a la que se suman «las devoluciones en caliente que se producen desde Francia, que son muchas». Una práctica que ha sido denunciada en numerosas ocasiones por las asociaciones que trabajan con migrantes en la muga.

Todo esto está generando, denuncian desde la central policial, «mucho estrés y carga de trabajo» en la plantilla, tal y como reveló la valoración psicológica realizada a los agentes. Critican, asimismo, que la orden emitida por el jefe de brigada es una forma «de presión encubierta para obligarles a detener más».

Respecto a la anulación de la orden que se produjo en apenas unas horas, aseguran que no es la primera vez que ocurre. «Con la cumbre de la OTAN –que se celebró en junio del año pasado en Madrid y que obligó a reforzar los controles policiales en la frontera– se emitió otra en la que se establecía que de cada diez servicios extraordinarios se pagaban cinco. Lo denunciamos y ese mismo día se anulo».

La frontera de Irun es un punto caliente de tránsito de migrantes, y tras la afluencia masiva de personas que han llegado a Gipuzkoa en los últimos años para cruzar a Francia, la presencia policial se ha reforzado en la muga. Los meses de verano son, además, los que más llegadas concentran. Según datos del departamento vasco de Políticas Sociales, el año pasado 6.253 migrantes en tránsito fueron asistidos en Irun, un 20% menos que en 2021, cuando se superaron las 8.000 asistencias.

Este fenómeno migratorio llegó a Gipuzkoa de manera masiva en 2018. Ese año, en menos de siete meses, se recibieron en Irun casi 6.000 migrantes que querían cruzar la muga, lo que desbordó los recursos públicos y obligó a generar nuevos. Actualmente la Cruz Roja les atiende en el centro de Hilanderas.