Las políticas erráticas de vivienda multinivel adoptadas en los últimos años desde la crisis financiera mundial de 2007 han contribuido a que la vivienda sea ... inasequible en las principales zonas urbanas de nuestro país para las familias con menor poder adquisitivo. No es de extrañar, pues, que la vivienda lidere la lista de problemas de España en el último Barómetro de Opinión del CIS. En efecto, estas políticas han dificultado el acceso a la vivienda en propiedad (excluyendo a los jóvenes y a las familias con menos recursos) provocando una burbuja en el alquiler, el cual, a pesar de diversas modificaciones legislativas, sigue sin ser una alternativa realmente deseada a la propiedad; al tiempo que los intentos por aumentar el parque de vivienda social y asequible (por ejemplo, a través de políticas intrusivas en la propiedad privada) han tenido un éxito limitado. El resultado: una precarización progresiva del título de tenencia de la vivienda y un aumento (e, incluso, su promoción por parte de los poderes públicos) de las situaciones de sinhogarismo oculto, como la okupación, la vivienda compartida, la sobreocupación o la infravivienda, sin que la Ley estatal de Vivienda 12/2023 haya adoptado ninguna medida estructural. Al contrario, representa una renuncia del Estado a hacer política de vivienda a costa de los propietarios privados.
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Por tanto, nos encontramos ante un laberinto en el acceso a la vivienda motivado por unas políticas públicas adoptadas sin una evidencia empírica y científica. Nos encaminamos hacia una sociedad de ricos propietarios y pobres inquilinos (o personas viviendo en asentamientos informales), menos libres y dependientes del casero (público o privado) de turno. No existen soluciones mágicas para problemas complejos, como se pretende que sea el control de renta de los alquileres, que no está teniendo los resultados esperados en Cataluña, por lo que son necesarias soluciones estructurales. Entre ellas podemos destacar la diversificación de las tenencias de la vivienda, desde la propiedad absoluta hasta el fomento de las tenencias intermedias -como la propiedad compartida y la temporal reguladas en Cataluña desde 2015 o las cooperativas, bien reguladas-, el alquiler residencial (siguiendo estándares europeos) y la vivienda social, todo ello con un marco jurídico privado estable y equilibrado (con una limitada intervención pública); así como la cohesión territorial y la creación de oportunidades en las zonas rurales.
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