Los proyectos que sobrevivieron al 'no' en Gipuzkoa

Esta misma semana han coincidido dos hechos que han devuelto a la actualidad esta estrategia del 'no': el recurso de la plataforma Stop Desahucios ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para tratar de frenar o modificar dos proyectos residenciales en Donostia con 514 nuevas viviendas previstas, bajo el argumento de que el porcentaje previsto de VPO es mejorable; y el nuevo recurso de varios ayuntamientos guipuzcoanos al desarrollo de parques eólicos en sus términos municipales. En este último caso han sido Azpeitia, Zestoa y Errezil (los tres gobernados por EHBildu) los que han alegado contra el proyecto de parque eólico de Piaspe, pero con este movimiento ya son cinco de los seis parques eólicos previstos en Gipuzkoa los que han sido recurridos por los municipios donde se deberían construir.

Esta actitud del 'no' por sistema ante todo lo que pueda representar un avance para el territorio entronca con una tradición muy vinculada a la idiosincrasia de Gipuzkoa, donde no ha habido proyecto estratégico que haya concitado el entusiasmo de una mayoría de la sociedad. O no, al menos, el consenso entre las principales corrientes políticas.

El ejemplo más crudo de esa posición contraria a los proyectos en Gipuzkoa se vivió con la construcción de la autovía de Leizaran. Hasta su inauguración en 1995, la A-15 sufrió una presión importante por parte de movimientos sociales de la comarca de Tolosaldea y, sobre todo, por parte de ETA, que forzó a la Diputación de Gipuzkoa a negociar varios cambios de trazado sobre lo previsto inicialmente para que la organización armada diera su plácet y pudiera concluirse la autovía. ETAllegó a asesinar a cuatro personas vinculadas de una forma u otra a estas obras.

El inicio de las obras del tren de alta velocidad (TAV) en Gipuzkoa también estuvo rodeado de la amenaza terrorista de ETA, que incluso asesinó al constructor azpeitiarra Inaxio Uria en 2008 para dejar muy clara su oposición al proyecto. Aunque la organización armada estaba ya en sus estertores –declaró el alto el fuego definitivo en 2011– y no pudo condicionar la obra como había hecho con la autovía de Leizaran. Desde su disolución, las plataformas contrarias al TAV han mantenido una oposición hasta nuestros días.

Esa estrategia del 'no', que en su día afectó también al nuevo Kursaal, ha extendido sus tentáculos sobre proyectos como la incineradora de Zubieta, la variante del Topo por el centro de Donostia o los parques eólicos.

Han pasado más de 30 años desde que se anunció el proyecto de una 'Y' que uniría las tres capitales vascas con el tren de alta velocidad (TAV), vertebrando al mismo tiempo las conexiones con el resto de España y Europa, pero la mayor obra civil que ha afrontado Euskadi aún sigue en marcha tras sufrir un sinfín de vicisitudes y más de una docena de retrasos en su fecha prevista de puesta en marcha. A las previsibles por la difícil orografía del terreno ha habido que sumar una importante crisis económica, una pandemia, diversos cambios en el Gobierno central... Y una fuerte oposición social y política que tuvo su máximo exponente en la amenaza directa de ETA hasta su desaparición.

Iñaki Arriola (PSE) fue consejero de Transportes desde 2009 a 2012 en el Gobierno de Patxi López y culmina ahora su última legislatura en activo en ese mismo cargo, por lo que conoce a la perfección los obstáculos que ha tenido que sortear el TAV. «He vivido dos etapas distintas, y la primera fue más dura. No solo había una oposición social al proyecto, sino que estaba la amenaza directa de ETA, que nos puso en la diana. Incluso asesinó al constructor Inaxio Uria en 2008», el año en el que comenzaron los trabajos en Gipuzkoa. Recuerda que «sobrellevamos aquello por la convicción de que era una obra clave para el futuro de Euskadi». Aquellos esfuerzos iniciales permitieron avanzar en los trabajos y, el pasado febrero, el Gobierno Vasco culminó su encomienda de construcción de la estructura del TAV en Gipuzkoa. Ahora ya se ve la luz al final del túnel y la infraestructura podría estar operativa «para 2028», sin incluir las estaciones soterradas de Bilbao o Vitoria.

«Cuando el TAV esté en funcionamiento, se verá que ha merecido la pena el esfuerzo, los tiempos y la inversión. Y cuando pase un poco el tiempo, pensaremos que siempre estuvo ahí. Suele pasar», concluye Arriola.

Si hay una infraestructura en Gipuzkoa que ha estado marcada por la amenaza terrorista de ETA, que llegó a asesinar a cuatro personas para tratar de frenar el proyecto, es la autovía de Leizaran, que une nuestro territorio con Navarra por una vía de alta capacidad. Las personas que recorren hoy la A-15, 29 años después de su inauguración, probablemente no tendrán presente las tensiones que rodearon su construcción, pero la presión social, política y armada fue tan potente que obligó a modificar varias veces el trazado entre finales de los años 80 y principios de los 90.

Román Sudupe (PNV) lo vivió en primera persona, ya que fue diputado de Infraestructuras Viarias de 1991 a 1995, cargo desde el que daría el salto después a diputado general de Gipuzkoa. «En este territorio, por la forma de ser de los guipuzcoanos, se producen controversias por las cosas más nimias, por lo que en los grandes proyectos emergen con más ímpetu», señala. «La oposición a la autovía fue terrible, ETA estaba claramente detrás de los movimientos sociales que se posicionaban en contra y, además, actuaba, atacando la maquinaria e incluso asesinando. Esa era la oposición que se hacía en aquella época, no solo verbal, sino activa y generando terror», recuerda.

Sudupe apunta que «el coste en seguridad era altísimo, inviable para construir toda la A-15. Eso llevó a que Eli Galdos (diputado general de 1991 a 1995) llegara a un entendimiento con el movimiento Lurraldea y, a partir de ahí, desapareció la presión de ETA y todo fue más fácil».

«Hoy es una infraestructura esencial y muchos de los que se oponían a ella igual hoy la usan a diario. Todo es oponerse a cualquier cosa que suene a avance», lamenta.

El proyecto para construir una variante soterrada del Topo a su paso por el centro de Donostia tomó el relevo del TAV a la hora de movilizar a diversos movimientos sociales y asociaciones en contra de esta infraestructura. Las obras de la pasante comenzaron en 2017 y, en un primer momento, estaba previsto que concluyeran en 2022, pero tras una serie de contratiempos y retrasos, la fecha prevista de apertura está hoy en 2026. Un tramo del túnel bajo Miraconcha estuvo paralizado durante dos años –de 2020 a 2022– por la aparición de unos socavones, lo que alimentó las voces críticas con el proyecto, que en este caso ni siquiera despertaba en sus inicios el mismo entusiasmo entre los hoy socios de gobierno PNV y PSE.

El socialista Ernesto Gasco fue uno de sus grandes impulsores cuando ocupó el cargo de viceconsejero de Transportes en el Gobierno de Patxi López, entre 2009 y 2012. Asegura que en el periodo de exposición pública del proyecto «ningún ciudadano presentó alegaciones, pero cuando se inició la tramitación y licitación apareció un movimiento de claro tinte político, de los que siempre dicen que no a todo». En su opinión, en este caso no había muchos motivos para oponerse a la variante del Topo porque «supondrá una mejora evidente para el transporte público: permitirá desdoblar las líneas del Topo desde Zumaia a Irun, acabando con los fondos de saco y con más frecuencias».

Gasco recuerda «con tristeza» que la oposición al proyecto «se llevó a cabo con medias verdades y bulos, cuando no con descalificaciones y caricaturas». Sin embargo, reivindica que «esos ataques duelen menos cuando sabes que te mueve el bien común».

Hace ya más de dos décadas Gipuzkoa puso el acento en la necesidad de abordar una problemática creciente: qué hacer con la basura que se generaba en el territorio tras el necesario cierre de los vertederos. «Nos creía muy poca gente, pero tomamos la determinación de seguir hacia adelante», recuerda el diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, que en 2015 tomó las rindas de construir la planta de revalorización energética de Zubieta después de queBildu paralizase el proyecto de incineradora durante la legislatura anterior, implantando su polémico 'puerta a puerta'.

Comenzaba entonces un 'vía crucis' judicial que se ha saldado con un sinfín de litigios que se han mantenido hasta día de hoy, cuatro años después de que la planta funcione al 100% de su rendimiento.«La izquierda abertzale no aceptaba que esa situación fuera hacia adelante y empezamos a sufrir semana sí semana también una persecución personal, sabotajes, señalamientos, a calificarnos como asesinos de niños... Nos acusaban de querer envenenar a toda la población o a parte de la población de Gipuzkoa. Y todo ello mediante la utilización de bulos para amedrentar a la ciudadanía», recuerda el también presidente de GHK.

En junio de 2020 la planta de revalorización energética recibe la última autorización formal que le quedaba para que a partir de septiembre de ese año comenzara a funcionar a pleno rendimiento. «La gestión de residuos en Gipuzkoa no se puede entender sin la planta, es un emblema y somos un ejemplo a seguir. Gestionamos todo de forma autónoma y, además, hemos generado hasta 250 puestos de trabajo», sentencia.

Durante años un local de la Avenida de la Libertad estuvo empapelado con las críticas contra los cubos de Rafael Moneo. «Que hagan ese edificio en Intxaurrondo, no junto al mar», «¿quién cruzará el puente en invierno para ver un concierto?», «¡que reconstruyan el viejo Kursaal!».

José Miguel Ayerza, hoy director general de Adegi, recuerda cómo aterrizó en aquel proyecto del Kursaal. «Un domingo de regatas leí en el periódico la oferta de trabajo, y tras el proceso de selección llegué al edificio, ya en obras, en 1998. Tenía solo 31 años». La construcción avanzaba «y mientras en el mundo ya llamaba la atención el proyecto de Rafael Moneo, que en ese momento estaba con encargos como la catedral de Los Ángeles o un museo en Estocolmo, aquí había quien se quejaba porque el edificio le quitaba las vistas, o porque no hacía falta una infraestructura tan grande».

En 1999 el Kursaal se inauguró y comenzó una historia de éxito: llegaron más congresos, se reforzó la actividad cultural, la obra de Moneo fue premiada como el mejor edificio del año en Europa y cada año cuadran las cuentas, sin déficit alguno.

«Es un ejemplo claro de cómo las instituciones pueden anticiparse a las necesidades, de coraje a la hora de apostar por el futuro por encima del cortoplacismo, de liderazgo, de hacer cosas sin quedarse quieto», reflexiona Ayerza. «Hoy no entenderíamos la cultura y la economía de San Sebastián y de Gipuzkoa sin el Kursaal, y aquellas criticas son como anécdotas», concluye. En su momento hizo hasta una ponencia sobre cómo había sido el paso del Kursaal «de las sensaciones negativas a las positivas».

Donostia tiene un serio problema con el acceso a la vivienda porque presenta los precios más altos del Estado tanto en compra como en alquiler, pero las instituciones se encuentran con la dificultad añadida de que las nuevas promociones salen con cuentagotas y, además, encuentran multitud de obstáculos para hacerse realidad. Esta misma semana, un recurso de Stop Desahucios presentado en el TSJPV ha dejado en el aire el futuro de dos proyectos residenciales con 514 nuevas viviendas, en Illarra e Igara. No es algo aislado, ya que Donostia acumula siete grandes operaciones obstaculizadas por recursos o por el rechazo vecinal en los últimos años. Es lo que ha llevado al alcalde, Eneko Goia (PNV), a decir «basta».

El regidor donostiarra señala que, «desde el respeto a quien plantea una crítica legítima, creo que hay una coincidencia de estrategias: por un lado, hay fuerzas políticas que han 'subcontratado' la oposición a asociaciones civiles; por otro, hay una serie de personas y grupos que se atribuyen no sé qué legitimidad para, desde una opinión respetable pero minoritaria, hablar en nombre del conjunto de la ciudad». A su juicio, «ambos comparten un objetivo: sustituir a quien está gobernando en las instituciones».

Goia advierte de que recursos como el de Stop Desahucios «provocan inquietud e incertidumbre entre los promotores. Muchos han llamado al Ayuntamiento mostrando su temor a participar en operaciones futuras».

A pesar de todo, el alcalde donostiarra trata de mandar un mensaje positivo. «Afortundamente, la gran mayoría está por avanzar y aportar, no por destruir y paralizar».

Los parques eólicos son el último exponente del 'no' a nuevos proyectos en teoría beneficiosos para la ciudadanía. En plena crisis energética, agravada por la guerra de Ucrania, y con la electricidad encarecida, los proyectos de energías renovables y más limpias se topan con cierta oposición local y vecinal por el impacto medioambiental y paisajístico.

La consejera en funciones de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantza Tapia, se ha encargado en esta legislatura de dar impulso a estas infraestructuras y de asegurarse, a través de la reciente Ley de Cambio Climático aprobada por PNV, EH Bildu y PSE, de que las empresas concesionarias reviertan en las comarcas donde se sitúen. «Tenemos que socializar y trabajar esos proyectos con los municipios, con las instituciones y las personas. ¿Sólo la ley nos va a facilitar el trabajo? No. Estos proyectos requieren tiempo para resolver dudas de esas personas que en realidad quieren energía verde que, probablemente, será a un mejor precio. Implicando a todos llegaremos a buen puerto», destaca.

Los representantes de los citados partidos en los municipios afectados, como ha ocurrido en Elgoibar, Azpeitia o Zumarraga, han alegado contra los parques en sus montes al aducir impacto medioambiental y modificación de planes urbanísticos. Grupos ecologistas realizan, además, constantes protestas. «Necesitamos energía verde, también en nuestra industria, que debe descarbonizarse. Si no lo abordamos de manera integral podemos ser completamente dependientes en el futuro, y no nos lo podemos permitir. Si no tenemos la nuestra, dependeremos de la renovable de otros», avisa Tapia.