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El aumento de las infracciones de tráfico registrado durante los dos primeros años de la pandemia, bienio en el que convivieron las principales restricciones a la movilidad, bien pudo obedecer al «efecto champán» al que el director general de Tráfico, Pere Navarro, aludió en ... una entrevista en este periódico el pasado otoño. Ante el incremento de multas y muertes en carretera experimentado en 2020 y 2021 en Euskadi y en el resto del Estado con respecto a 2019, la máxima autoridad en materia vial explicó entonces –en una teoría compartida por los países europeos del entorno, según apuntó– que «quizá las prohibiciones durante la pandemia nos han hecho tener más presente que hoy es hoy y mañana ya veremos, así que déjeme de limitaciones...», lo que nos habría llevado a la ciudadanía a «una relajación» en el cumplimiento de las normas de tráfico. Y tal vez tuviera razón, porque las burbujas del 'me siento libre al volante' perdieron pujanza en 2022, a tenor de que las 230.125 infracciones por exceso de velocidad tramitadas en el País Vasco en esos doce meses son un 16,6% menos que las 268.446 sancionadas en 2021. Esto se traduce en que Euskadi recaudó el año pasado 13,1 millones de euros en multas por velocidad, dos menos que un año antes.
Siguiendo con el planteamiento de Pere Navarro, el 'descorche' de presión nos llevó a los vascos a levantar tanto el pie del acelerador, que incluso mejoramos las cifras previas al covid, ya que en 2019 se cuantificaron 252.000 multas y ahora un 9,6% menos.
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Esta mejoría global, eso sí, resulta un tanto engañosa, pues si bien los tres territorios históricos registraron el año pasado menos multas que en el anterior, en Gipuzkoa y Álava aún se incoaron más sanciones que antes del covid. La excepción es Bizkaia, que año a año ha ido aligerando su maletero de infracciones hasta alcanzar un 34,4% menos que en 2019, al pasar de 128.097 a 83.484 y deja a Gipuzkoa como el territorio con más multas, nada menos que 103.856. O sea, más de 20.000 por encima del dato vizcaíno, y casi la mitad (45,1%) del total en Euskadi. Y eso que la Ertzaintza multa menos con radares móvil, al pasar de promediar más de 20.000 multas a 'solo' 5.608, por 18.470 en Álava y 21.396 en Bizkaia.
Y es que durante la pandemia el territorio guipuzcoano experimentó un incremento del 40% en el número de multas por exceso de velocidad, al pasar de 91.937 infracciones en 2019 a 129.210 en 2021. A medio camino se quedó la cifra de 2020 (112.961). Este comportamiento tampoco parece tan excepcional si se tiene en cuenta que Álava también reflejó un repunte similar (38,9%) al pasar de 32.302 a 44.876 durante la pandemia. En 2022 se quedó en 42.785, prácticamente la mitad que Bizkaia.
El caso de Gipuzkoa es significativo, ya que cuenta con menor volumen de población, un parque móvil también inferior y un menor número de radares fijos –30 frente a 39, según la base de datos del Departamento de Seguridad, por 18 en Álava–. Sin embargo, tiene más multas.
Ni desde la dirección de Tráfico ni desde la Ertzaintza se aventuran a determinar las posibles causas del elevado índice sancionador en Gipuzkoa, que ha llevado al territorio a liderar la estadística de infracciones. En este sentido son más las suposiciones que las certezas. Algunas fuentes especializadas apuntan al elevado «volumen de tráfico» que absorbe el territorio por su carácter de nexo transfronterizo. Sin embargo, este razonamiento por sí mismo resulta cuestionable, dado que el fenómeno de la muga también existía antes de la pandemia, y entonces Bizkaia imponía la lógica cuantitativa y recibía más sanciones que Gipuzkoa.
A este argumento podría añadirse el aportado esta semana por el jefe de servicio del Observatorio de Seguridad Vial y Movilidad de Euskadi, Josu Beloki, que alude a las características geográficas y poblacionales de Gipuzkoa para razonar por qué hasta el 40,1% de los desplazamientos que se realizan en el territorio los hacemos en coche, lo que supone la tasa más alta de Euskadi. Según Beloki, «Bizkaia y Álava tienen todo más centralizado en las capitales», mientras que Gipuzkoa tiene «localidades grandes con mucha actividad como Irun, Beasain, Ordizia, Azpeitia, Arrasate...» y «la población se mueve más entre pueblos».
Sea lo que fuera, en Gipuzkoa el uso del coche para desplazarnos ha subido un 3,4% desde 2016, pese a todas las campañas de sensibilización y potenciación del uso del transporte público, y al peso disuasorio que podría achacarse al elevado precio de los combustibles en el último año.
13,1 millones recaudó Euskadi en multas por exceso de velocidad en 2022. Por radares móviles fueron 4.030.775,43€ y por fijos, 9.102.213,30 euros.
Otro factor que explicaría la alta incidencia de excesos de velocidad en Gipuzkoa sería el radar ubicado en el punto kilométrico 46,8 de la AP-8, sentido Irun. Es el conocido como el de la curva de Bedua, nombre que recibe del barrio de Zumaia que atraviesa. Año tras año, es el cinemómetro que más sanciona en Euskadi, en una autopista por la que evidentemente no solo circulan vehículos guipuzcoanos pero donde los infractores sí computan en Gipuzkoa. Y es que a él se atribuyen cuatro de cada diez multas (37%) por velocidad incorrecta impuestas en el territorio en 2022, que fueron 38.520. Pese a estar señalizado antes de llegar a ese punto limitado a 80 km/h, arroja una tasa de más de 105 multas diarias y no deja de crecer su número de víctimas al volante: 29.432 en 2020, 30.096 en 2021 y todavía 8.424 más en 2022. Ha desbancado al del túnel de Aiete, en la variante de Donostia, que en 2019 sumó 15.878.
Respecto a las cabinas fijas que más multas se cobran en el resto de territorios, la de Bedua está a años luz por encima. El ranking en Bizkaia lo lidera un 'clásico', el radar ubicado en el kilómetro 0,2 de la AP-68, a la altura de Buia, según se llega a Bilbao desde Vitoria. Contabilizó 14.643 infracciones (un 62% menos que el de Bedua), dando continuidad a una serie descendente: 15.763 multas en 2021, 18.114 en 2020, 23.561 en 2019... En Álava, se estrena como más sancionador el situado en el PK 390,7 de la A-1 (en Asparrena), con 6.690, seis veces menos que el de Bedua, cuya sombra sancionadora es cada año más alargada.
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