La idea instalada en el imaginario colectivo de que si se estropea un electrodoméstico este debe sustituirse por uno nuevo, va a desaparecer, gracias a que la Unión Europea quiere que los fabricantes garanticen a los consumidores la reparación de estos electrodomésticos hasta diez años después de haberlos comprado, y así los ciudadanos opten por reparar estos aparatos en lugar de reemplazarlos por uno nuevo y generar así menos residuos.
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La normativa de la Unión Europea, que apuesta por la economía circular, especifica que todos los artículos comprados a partir del 1 de enero de 2022, en lugar de tener una garantía de dos años, ahora tendrán una garantía de tres. Además de que los fabricantes tendrán que proporcionar a sus clientes piezas de reparación durante diez años, doblando el límite de tiempo de cinco años anteriormente establecido por la ley, a lo que se le suma un servicio técnico de reparación de forma gratuita o a un precio asequible para las personas que opten por esta alternativa.
Kepa Loizaga
Delegado de la OCU en Euskadi
«¿Cuántas veces no nos habrán dicho que cuando se estropea un electrodoméstico hay que comprar otro porque no merece la pena arreglarlo?», cuestiona Kepa Loizaga, delegado en Euskadi de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). «En la Unión Europea llevan años luchando contra esa premisa a través de la ley del derecho a reparar. En países como Francia, esta ley es un caso de éxito. Los franceses han sido pioneros y desde enero de 2021 tienen incluso etiquetas para los electrodomésticos de ciertas categorías como lavadoras, lavavajillas y televisores», confirma el abogado. Este tipo de aparatos deben mostrar un 'índice de reparabilidad' en su etiqueta. Un índice que varía del 1 al 10, dependiendo de la facilidad con la que el producto puede ser reparado.
Antonio Fernández, de la tienda de electrodomésticos Nuevo Gros en Donostia, destaca que las tiendas de electrodomésticos «solo remitimos el aviso de reparación y las peticiones de los clientes al fabricante» ya que «son ellos quienes recogen el electrodomésticos para que estos sean reparados. En el caso de estar dentro de la garantía el servicio es gratuito, pero en el caso de que no lo esté, el precio dependerá del problema que presente el aparato». En cuanto a los electrodomésticos más pequeños, el fabricante opta por sustituirlo por otro nuevo. «Una plancha, por ejemplo, se cambia por una nueva en el caso de romperse o dañarse». Aunque Fernández también precisa que «son los mismos clientes los que consideran si la reparación merece la pena o no. Por ejemplo, si la reparación de una lavadora te va a costar más de 200 euros, no merece la pena repararla, porque por ese precio ya tienes otra lavadora en el mercado».
Es aquí cuando entra en juego la disponibilidad de pieza de reparación. «Antes de la ley de 2022 el fabricante estaba obligado a tener piezas de reparación disponibles para un mínimo de cinco años, pero a partir de la ley europea el fabricante esta obligado a garantizar las piezas durante al menos diez años después de que un electrodoméstico haya dejado de fabricarse», explica Roberto Corera, director de Sareteknika, el servicio técnico oficial de marcas como Fagor, Taurus y Panasonic. Una medida que garantiza que los técnicos puedan obtener las piezas necesarias para reparar los dispositivos y que prolonga su vida útil. «Que la ley de garantía haya aumentado también garantiza que las personas opten por reparar, porque es gratis».
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Nerea San Martín
Sareteknika
Nerea San Martín, del Departamento de Calidad y Atención al cliente de Sareteknika, cuenta que cuando el usuario se pone en contacto con el centro, primero verifican si el usuario está dentro de la garantía o no y tras 48 horas el técnico correspondiente se desplaza a su domicilio. «La antigüedad y la marca del producto influyen mucho en que la gente opte por la reparación de un aparato o no. No es lo mismo un frigorífico de la marca Miele, cuyo precio ronda los 1000 euros, que alguno de marca blanca que vale alrededor de 300 euros».
«En algunos casos puede que el coste de la reparación de un frigorífico le salga al consumidor hasta en 220 euros y te dicen de manera automática que no quieren reparar, pero en otros casos en los que solo hay que reparar una puerta y el coste es de 50 euros, sí que optan por la reparación», cuenta San Martín.
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El coste de reparación es bastante variado y dependerá del tipo de avería, la marca, el modelo o la garantía que tenga. En el caso de la reparación de una lavadora, si el problema se encuentra en el motor, el precio aproximado es de 170 euros. Si el fallo está en tambor, la parte central de la lavadora, el precio podría llegar a los 120 a los 180 euros aproximadamente. Si hay problemas con la bomba y la lavadora no puede drenar adecuadamente, el precio partirá de los 40 euros. En cambio, si hay problemas con la correa y la lavadora no gira, el precio partirá de 20 euros.
Por otro lado, reparar un frigorífico puede rondar de los 80 a los 300 euros. 80 en el caso de alguna obstrucción de hielo y hasta 300 euros debido a la falla del motor, que normalmente debe remplazarse por uno nuevo. Reparar un lavavajillas tiene un coste de entre 60 y 120 euros y reparar un horno podría situarse cerca de los 90 y 100 euros, aunque dependerá del tipo de avería. Asímismo, el precio de reparación de pequeños electrodomésticos puede oscilar entre 30 y 150 euros.
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Aitor Bergara, responsable del Ekocenter de Emaús en Arrasate, cuenta que en la Fundación llevan desde el año 2020 promoviendo este tipo de iniciativas. «En Emaús recogemos los aparatos que nos dan las tiendas de electrodomésticos, los comercios y los particulares», cuenta el joven de 25 años. «Siempre tratamos de reparar los aparatos para su reutilización y darles una segunda vida. Pero si esto no es posible y el objeto está muy deteriorado, lo preparamos para su reciclaje».
En Arrasate se ocupan de la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), que califican en siete grupos. «El grupo dos, por ejemplo, es el de las pantallas, el cinco el de los pequeños electrodomésticos y luego tenemos el grupo de los grandes, en el que entran los frigoríficos y las lavadoras».
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En cuanto al perfil de las personas que compran estos electrodomésticos con una segunda vida, Bergara explica que «son personas concienciadas con el medio ambiente o personas de escasos recursos, debido a que los precios son muy bajos». Aunque Aitor cuenta que también ha surgido un grupo de personas con una segunda vivienda que buscan un frigorífico de segunda mano a un precio más accesible. «En la tienda el precio de un frigorífico oscila entre los 80 y 120 euros, los hornos se venden a 40 euros y los microondas a 25».
«Yo creo que la ciudadanía ahora es más consciente y que las empresas, gracias a la nueva normativa, también lo están empezando a ser. Saben que tienen que generar menos residuos y piensan más qué van a hacer con estos electrodomésticos», finaliza.
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Con 584 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones, el Parlamento aprobó en abril de 2024 reforzar el «derecho a reparar» de los consumidores. Las medidas aclaran las obligaciones de los fabricantes de reparar los bienes y anima a los consumidores a prolongar el ciclo de vida de los productos mediante la reparación.
Cuando se averíen lavadoras televisiones o teléfonos móviles, el cliente podrá exigir la reparación del aparato en lugar de su reemplazo y, cuando se opte por esta opción, se prorrogará doce meses la garantía del artículo. La reforma obligará por tanto a los fabricantes a realizar las reparaciones necesarias en un plazo razonable y, en caso de que no sea gratuito, también a un precio razonable.
El consumidor podrá elegir entre la reparación y la sustitución de productos defectuosos dentro del plazo de responsabilidad del vendedor incluido en la garantía que ha pasado de dos a tres años.
La norma europea establece, asímismo, que los consumidores que opten por la reparación tendrán derecho a recibir un dispositivo de sustitución prestado mientras se arregla el de su propiedad o a elegir una unidad reacondicionada como alternativa. Esta normativa obliga a los Estados miembros a aplicar al menos una medida que pretenda promover la reparación de productos, como el lanzamiento de ayudas, campañas de información, cursos para aprender a arreglar productos de todo tipo o apoyar espacios de reparación comunitarios y con fines sociales.
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