Saúl Castro: «Hay un abismo entre las leyes LGTBI y la realidad en las calles»

– El colombiano Nelson David M. B. ha sido condenado a 10 años de prisión por el intento de asesinato de un hombre con el que quedó a través de una red social. ¿Qué le parece la sentencia?

– Por un lado me alegra saber que el TSJPV ha revocado la sentencia de la Audiencia –que pedía para él 7 años y medio de cárcel– al reconocer que el acusado tuvo una conducta premeditada con la víctima, a quien generó la falsa idea de que iban a mantener relaciones sexuales aprovechándose de su orientación sexual y al que intentó estrangular. Sin embargo, hemos recurrido esta sentencia ante el Supremo porque creemos que es necesario que se reconozca el matiz discriminatorio y homófobo de la conducta delictiva enjuiciada y que en casos como este sería aplicable la agravante de homofobia.

– Todavía tiene juicios pendientes. ¿Cómo los aborda?

– Él espero que preocupado. Yo, con cautela pero esperanzado. Son juicios complejos porque la mayor parte de ellos, si llegamos a la fase oral, que espero que sí, se van a basar en pruebas principalmente indiciarias al no haber testigos directos de los hechos, por lo que es mucho más complicado. Aun así, y a pesar de la reticencia de la Fiscalía y de los jueces de instrucción, que no han querido hacer su trabajo, hemos conseguido recabar todas las pruebas que hemos podido para acreditar que esta persona ha sido probablemente el autor de los hechos que se le imputan.

– Dicen que la legislación española es de las más avanzadas del mundo y, en cambio, en Gipuzkoa aumenta la violencia contra el colectivo LGTBI.

– En España hay dos realidades paralelas, una en el BOE y otra en las calles. El Estado cuenta con 19 leyes autonómicas LGTBI y trans, una ley autonómica antidiscriminatoria, una ley nacional LGTBI y trans y otra antidiscriminatoria. Hay provisiones tanto en el ámbito penal y civil como el en administrativo y laboral, pero esta realidad que sobre el papel es perfecta, luego no se materializa.

– ¿A qué se debe esto?

– A muchos factores, pero uno clave es que tenemos una cultura asociativa bastante mala. Es decir, que las asociaciones más grandes –no es el caso de Gehitu– no están yendo a los tribunales para garantizar la aplicación efectiva de las normas. Eso es muy dañino, porque las leyes están para aplicarlas.

– Sin embargo, ¿cree que ha habido una evolución positiva desde que se aprobó la Ley del Matrimonio Igualitario?

– Siento que se han dado pasos en lo referido a la aceptación de un discurso por los derechos en materia de diversidad sexual y de género, pero lo que me preocupa es que desde el año 2005 hasta hoy día no se haya aprobado ninguna norma para garantizar el derecho de estas personas.

– En su libro 'Ni enfermos ni pecadores' combate las terapias de conversión. ¿Cómo pueden seguir existiendo estos grupos a los que Naciones Unidas ha calificado como de tortura?

– Porque los principales promotores, dinamizadores y perpetradores de terapias de conversión en este país son congregaciones religiosas, principalmente la Iglesia católica. El trabajo que estamos haciendo desde la Asociación Española contra las Terapias de Conversión que yo presido es forzar la maquinaria judicial del Estado para, por un lado, que se investigue criminalmente a los responsables de este tipo de prácticas –muchos de ellos personas muy influyentes y con muchos recursos–. Y, por otro, para conseguir un cambio de la legislación del Código Penal que se adapte a lo que manda no solo Naciones Unidas sino también la Comisión Europea como lo han hecho otros estados de nuestro entorno como Portugal y Francia que ha sido criminalizar la práctica de terapias de conversión.

– ¿Qué consecuencias negativas han tenido estas terapias sobre los pacientes?

– Hay informes científicos que aseguran que estas terapias no solo no son efectivas (es imposible modificar la identidad de género de alguien) sino que además está comprobado que estas personas tienen el doble de posibilidades de tener ideas suicidas o conductas autolíticas. Presentan cuadros de depresión y ansiedad, problemas emocionales muy graves, de insatisfacción con la vida, imposibilidad de relacionarse con personas de su mismo género de forma afectiva, trastornos alimenticios, consumo y abuso de sustancias, etc. Es una violencia tan grande que rompe a las personas.

– ¿Cómo valora el papel de la Iglesia tras las últimas declaraciones del Papa Francisco?

– La Iglesia es una máquina de encubridores. El Papa, poniendo una cara nueva, lo único que ha hecho es pasar una brocha de barniz para garantizar una mayor impunidad con un discurso más ambiguo. A finales de 2020 encargó a la congregación para el clero que investigara a una asociación religiosa española. En el informe el cardenal identificó a 6 o 7 obispos encargados de promocionar terapias de captación de víctimas y la única respuesta de la Iglesia fue desautorizar dicha asociación y decir que las víctimas podían ir a la jurisdicción civil si querían, pero que la Iglesia no tenía nada que ver con esto porque eran obispos que estaban actuando fuera de su mandato canónico. Y no es el único caso.

– De cara al futuro, ¿qué cambios ve necesarios en los ámbitos legal y social para mejorar el tratamiento al colectivo LGTBI?

– Garantizar el derecho a la rectificación registral del sexo a menores de 12 años, reconocer el tercer género para las personas no binarias y criminalizar las terapias de conversión además de establecer sistemas de protección para víctimas de violencia LGTBI en los entornos familiares y ayudas económicas para aquellas personas que conviven y dependen de los perpetradores de esta violencia. Asimismo, habría que garantizar la producción de estadísticas y estudios que cuantifiquen cuántas personas LGTBI hay en España, qué necesidades tienen y en qué situaciones de violencia se encuentran.