La impunidad de los ciberdelitos

El cibercrimen es la actividad delincuencial que más se ha disparado en los últimos años en todo el planeta. La red es un nuevo escenario sin límites físicos donde delinquir es más fácil y conlleva menos riesgo gracias al anonimato y a los avances tecnológicos, que en este caso juegan en favor de los criminales. Su rastro se mueve tan rápidamente que es casi imposible de seguir, y la burocracia y las trabas que ponen algunos países y empresas tecnológicas no hacen sino obstaculizar la labor policial. Eso se traduce en un número ínfimo de delitos esclarecidos. En Gipuzkoa, apenas el 1,35% de los casos que se denuncian logran resolverse. No es una cifra limitada al territorio, sino replicada de forma global. Según datos de la Fiscalía General del Estado, solo el 2% de los delitos cometidos a través de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) se esclarecen. En Euskadi el porcentaje es el 2,24%, según los últimos datos del portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior.

En números absolutos esa cifra negra resulta aún más ilustrativa del escaso éxito que tienen las investigaciones en esta materia. En 2021 (último año del que se disponen datos) se denunciaron en Gipuzkoa 4.792 delitos informáticos, de los cuales tan solo 65 se resolvieron. En Euskadi 16.798 delitos, con un balance de 377 esclarecidos.

Son cifras muy similares a las que se registraban hace cinco años, si bien el número de delitos se ha duplicado desde entonces. «Se aprecia una tendencia decreciente en las posibilidades de éxito de la investigación de estos delitos», confirma Jorge Bermúdez, portavoz de la Fiscalía de Gipuzkoa adscrito al Servicio de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado.

Las razones que explican esta realidad son muchas, pero la principal es que la tecnología avanza en favor del delincuente. «La delincuencia ha evolucionado y las formas de delincuencia informática que daban hueco para que la investigación fuera rápida y exitosa han ido desapareciendo en favor de otras modalidades en las que se pone en un brete al investigador», principalmente cuando se trata de actividades transnacionales, señala el fiscal. Los 'hackers' cifran las comunicaciones y las desvían a través de múltiples puntos que dificultan el rastreo, especialmente cuando lo hacen a través de países que se consideran paraísos informáticos, como Rusia o China.

Otro obstáculo en la persecución de la ciberdelincuencia se da cuando el delito se comete a través de empresas radicadas en EEUU (por ejemplo Facebook), ya que estas se acogen a su legislación nacional y se niegan a entregar datos de sus usuarios. Un ejemplo reciente se ha dado en el caso del juicio contra el expresidente de la Real Sociedad, Iñaki Badiola, acusado de proferir injurias y calumnias bajo pseudónimo a través de Twitter. La empresa no quiso aportar a la Ertzaintza ni a la Fiscalía la información sobre el usuario que cometió los delitos. «La evolución de la tecnología pone las cosas cada vez más fáciles al que quiere ocultar su identidad y les da nuevas herramientas de ataque», insiste Bermúdez, que apunta que cuando el delito traspasa fronteras «el único consejo es acudir a la cooperación internacional y fortalecer redes cada vez más intensas, aunque en ocasiones es un esfuerzo baldío».

Dentro del grueso de los delitos informáticos conocidos, más del 90% son estafas cometidas a través de internet. De los 4.338 casos denunciados en Gipuzkoa en 2021, se lograron esclarecer 50. En este sentido la Fiscalía de Gipuzkoa en su última memoria aprecia un «desmedido aumento de denuncias por delitos de estafa cometidas a través de Internet (carding, phising, pharming, vishing, smishing, spamming, etc.)», si bien reconoce que «un gran número» de ellas «se archivan provisionalmente de manera automática por falta de autor conocido».

Esto se debe a que por lo general las IP desde donde se realiza la estafa «apuntan a uno o varios países extranjeros y la cuenta bancaria beneficiaria del importe estafado suele estar en otro distinto». Además, señalan desde la Fiscalía que cuando consiguen identificar a una persona detrás de una estafa, resulta ser una víctima a la que han robado los datos y usurpado la identidad para la comisión del delito. Estos casos también se archivan por las mismas razones.

Jorge Bermúdez afirma que «mientras las cosas sigan como están resulta difícil agilizar la persecución de estos delitos», y lo hace en parte por la labor policial, limitada por la falta de medios. «Muchas veces la lucha contra el cibercrimen es una cuestión vocacional. Lo que sucede es que tras unos cuantos años en los que se adquiere experiencia muchos de estos agentes acaban abandonando estas unidades por la sobrecarga de trabajo y el escaso reconocimiento, con una retribución básica y una categoría funcionarial en la que no se ve reconocida su alta especialización», apunta Bermúdez, quien considera que «el estudio, perfeccionamiento y especialización de la policía tiene que ser una apuesta clara y decidida» si en el futuro se quiere reducir esa cifra negra de casos sin resolver.

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