El día que el agua se tragó el camping Las Nieves

Nada hacía presagiar a los más de 600 veraneantes del camping Las Nieves que aquel lluvioso 7 de agosto de 1996 iba a acabar en tragedia. Eran las siete de la tarde cuando la lluvia empezó a alcanzar una fuerte intensidad en el barranco de Arás, una cuenca de 18 kilómetros cuadrados de superficie que desembocaba, a través de un estrecho cuello de botella, en el terreno ocupado por las instalaciones de los acampados. Durante más de una hora, cayeron 185 litros por metro cuadrado. Los diques de contención de la torrentera se rompieron y una gigantesca ola de piedras, árboles arrancados, fango, maleza y agua arrasó el camping, en el que los campistas esperaban a que dejara de llover. Hubo 87 fallecidos y 200 heridos. A la mañana siguiente, el paisaje era desolador. Los equipos de rescate se esforzaban por sacar los cadáveres entre los escombros. Un año después apareció el último de los cadáveres, el de un niño.

María José Idígoras Urrezola, vecina de Lasarte-Oria; Begoña Azkarate Larrañaga, de Antzuola; Nekane Mitxelena Ormazabal, de Errenteria; el novio de ésta, Iñaki Murua Goñi, también de Errenteria; Patxi Mugarra Igartua, de Oñati, y el niño Jon Soria Alfaro, de Trintxerpe, fueron los seis guipuzcoanos fallecidos en la tragedia de Biescas del 7 de agosto de 1996.

Mitxelena explica que lo peor de la tragedia de Biescas es que «se podía haber evitado. Lo que peor llevaron las familias fue que se les mintiera. Los guipuzcoanos tiraron mucho del carro en el contencioso para honrar la memoria de sus familiares». La asociación que crearon las víctimas logró que se indemnizara con 180.000 euros por cada falle

A los pocos días del suceso, la prensa desvelaba el contenido de dos informes elaborados diez años antes por un técnico del Gobierno aragonés, Emilio Pérez Bujarrabal, en el que se desaconsejaba la apertura de un camping en el paraje de Arás ya que era el «cono de deyección -desagüe- de un barranco de fuerte torrencialidad».

Los documentos de Bujarrabal fueron el eje de la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó al Estado a pagar 11,2 millones de euros a los afectados de la tragedia. La suma de la indemnización ascendió a 180.203 euros por cada víctima. El tribunal consideró que tanto el Ministerio de Medio Ambiente, como la Diputación General de Aragón, «autorizaron o consintieron» la instalación del campamento a pesar de conocer los dos informes. La sentencia eximió de responsabilidad al dueño de La Nieves, Luis Bardají, y al Ayuntamiento de Biescas.