Tres años y medio de cárcel para el acusado de matar a Santi Coca que huyó a Francia

Ahora, el sexto procesado es condenado por un delito de homicidio imprudente, previsto y penado en el artículo 142.1 del Código Penal con la concurrencia de la circunstancia atenuante de intoxicación por drogas y alcohol, y otro leve de lesiones sobre el hermano de la víctima, que resultó herido al intentar protegerle.

Por el primer delito se le imponen tres años y medio de prisión, así como la prohibición de comunicarse y acercase a los progenitores y hermano de la víctima a menos de 300 metros durante cinco años y el pago de una indemnización a estos de un total de 165.573,85 euros (72.438,56 euros a cada progenitor y 20.696,73 euros al hermano).

Por el delito leve de lesiones se fija una multa de dos meses y diez días con una cuota diaria de seis euros y el pago de una indemnización de 80 euros al hermano de Santi. Todas las cantidades fijadas como responsabilidad civil se abonarán de manera solidaria con el otro condenado por estos hechos por sentencia de 9 de enero de 2024. La familia de Santi teme que se declaren insolventes.

El abogado que defendió al ahora condenado a través del turno de oficio, Alejandro Palacio, se mostró este lunes satisfecho tras conocer la condena impuesta a su defendido, conocido con el sobrenombre de 'el argelino' con motivo de su origen, ya que llegó de Argelia a Gipuzkoa siendo menor de edad, por lo que pasó por varios centros. Según valoró el letrado a este periódico, «la sentencia refleja que los hechos no ocurrieron como se ha contado durante estos cinco años: existen dos veredictos emitidos por dos jurados diferentes que han confirmado el mismo relato en el que la muerte de Santiago no fue querida por ninguno de los intervinientes en la pelea».

En el caso del sexto procesado, el jurado declaró probado que en la madrugada del 26 de abril de 2019 se produjo una discusión a la salida de una discoteca situada junto al ayuntamiento de Donostia entre dos grupos de personas, que la víctima propinó un golpe al ahora condenado y que este le devolvió los golpes y le propinó patadas en la cabeza cuando estaba en el suelo.

También estimó que el acusado «no se representó la posibilidad» de que el menor pudiera morir. Este falleció el 28 de abril de 2019 por una hemorragia subaracnoidea generalizada que tuvo «su origen en los golpes propinados por el acusado», quien en el momento de los hechos tenía «afectadas sus facultades intelectivas o volitivas» por el consumo de alcohol y drogas, tal y como se recoge en la resolución judicial.

El magistrado-presidente considera acreditada con la «certeza y garantías exigibles en el ámbito del Derecho Penal» la participación en la agresión del acusado en base fundamentalmente a los testimonios recogidos en el juicio por testigos, que, según recuerda, se corresponden «plenamente con las imágenes» de las cámaras de videovigilancia cercanas al lugar de los hechos. Otro elemento que se destaca es que el acusado «era el único de todas las personas presentes en el lugar del incidente que vestía unos pantalones de color blanco, lo cual facilitó su reconocimiento visual».

En la sentencia se incide también en que el jurado llegó a la conclusión de que el acusado no tenía intención de crear un riesgo importante para la vida del menor, aunque «era fácil darse cuenta del riesgo que creó con la acción que realizó». Asimismo, estima «la acción antijurídica desplegada por el acusado supone una omisión elevadamente flagrante y sumamente descuidada de los deberes objetivos que atañen a todo ciudadano».

Este fallo no es firme y cabe recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.