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Tres años después de que el suelo temblase bajo el vertedero de Zaldibar el 6 de febrero de 2020 y provocara el mayor desastre medioambiental de la historia de Euskadi, hoy apenas se aprecia movimiento en la instalación donde perdieron la vida Alberto Sololuze ... y Joaquín Beltrán, los dos trabajadores de Verter Recycling que fueron engullidos por una montaña de escombros. No hay movimiento físico porque la única excavadora que se mantiene en el lugar permanece parada, pero tampoco administrativo, ya que la liquidación concursal en la que está inmersa Verter mantiene en suspenso el sellado definitivo del vertedero y también el abono de los 28,6 millones de euros que le reclama el Gobierno Vasco por las labores de búsqueda de los dos trabajadores fallecidos en el accidente y por la estabilización del vertedero y el presellado que tuvo que acometer de manera subsidiaria. «No han pagado ni un euro de ese dinero y tampoco se han empezado los trabajos de sellado que se han requerido en varias ocasiones tanto a Verter como al liquidador concursal, pero no vamos a parar de exigirlo hasta que lo hagan», aseguran fuentes del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.
Hace un año, cuando se cumplía el segundo aniversario de la tragedia, el Ejecutivo vasco ordenó la clausura definitiva de Zaldibar y puso cifra a la factura que tendría que abonar Verter por los trabajos que Medio Ambiente había tenido que asumir de forma subsidiaria, los 28,6 millones ya mencionados, pero desde entonces apenas ha habido novedades. Y lo que es peor, tampoco se esperan a corto plazo. Pero el departamento que lidera Arantxa Tapia (PNV) –en 2020 Medio Ambiente estaba en manos del socialista Iñaki Arriola– no tiene intención de cejar en sus requerimientos, que en algunos casos han sido por la vía de apremio judicial. Fuentes de la consejería aclaran que «el vertedero está estabilizado y presellado, y se realizan periódicamente controles medioambientales, pero queda por acometer el sellado definitivo y el control post-clausura, que le correspondería a la empresa propietaria o, llegado el caso, al liquidador concursal». El problema es que este, a la luz de los hechos, no ha visto hasta el momento prioritario ni satisfacer la deuda con el Gobierno Vasco ni afrontar los trabajos de sellado. «No contemplanos que no se haga frente a estas obligaciones», advierten desde el Gobierno Vasco.
700.000 metros cúbicos de residuos se movieron para estabilizar el vertedero tras su derrumbe el 6 de febrero de 2020.
meses duraron las tareas de búsqueda de los dos trabajadores El cadáver de Alberto Sololuze fue hallado en agosto de 2020. El operativo se dio por finalizado sin poder encontrar el cuerpo de Joaquín Beltrán.
15 Los protagonistas
Verter Recycling La empresa gestora entró en concurso de acreedores a finales de 2021.
Liquidador concursal Una vez abierta la vía concursal, Verter quedó en manos de un administrador hace un año.
Gobierno Vasco Afrontó los trabajos de forma subsidiaria y ahora reclama 28,6 millones.
El departamento de Medio Ambiente dejó el vertedero presellado en diciembre de 2021 y unas semanas después dio seis meses a Verter para completar el sellado provisional como paso previo al definitivo, que podía retrasarse unos dos años más hasta que compactara todo el material. Sin embargo, pasaron esos seis meses de plazo y nada se movió en Zaldibar. Hoy han pasado seis meses más y la situación sigue estancada. «Aquello está como lo dejamos», se lamenta una fuente que siguió de cerca las labores de presellado.
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DV
Los gestores de Verter dejaron de estar al frente de la firma tras la entrada de esta en concurso de acreedores, que desde febrero del año pasado quedó en manos de un administrador concursal. Aquel paso a un lado de los responsables de la empresa gestora del vertedero de Zaldibar se produjo casi en paralelo a la culminación del proceso penal que afrontaron José Ignacio Barinaga, duelo de Verter, Arrate Bilbao, copropietaria y gerente, y Juan Etxeberria, responsable de explotación y de seguridad del vertedero. Los tres acusados eludieron la cárcel al pactar indemnizar a las familias de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. En septiembre de 2021, aceptaron ser autores de dos homicidios por imprudencia grave y de un delito contra la seguridad de los trabajadores, pero como las condenas no superaron los dos años de cárcel, no llegaron a ingresar en prisión. En este caso, sí que procedieron a abonar las indemnizaciones fijadas.
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