El TSJPV ratifica que no se debió paralizar la incineradora

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), mediante sentencia notificada este viernes, ha desestimado el recurso interpuesto por responsables de EH Bildu en el Consorcio de Residuos y ha decretado la nulidad del acuerdo adoptado en noviembre de 2013 con la UTE adjudicataria para paralizar la incineradora. El fallo confirma la decisión adoptada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Donostia, que declaró nulo el acuerdo de rescisión.

La rescisión del contrato provocó que la Diputación Foral de Gipuzkoa tuviera que hacer frente a una indemnización de más de 8 millones de euros a los anteriores adjudicatarios, además de abonar los trabajos preparatorios realizados que supusieron otros 3 millones. Asimismo, el actual Gobierno foral ha denunciado reiteradamente que como consecuencia de la rescisión, se perdió la financiación otorgada por el BEI y ha sido necesario hacer frente a otros costes derivados, que han supuesto unas pérdidas acumuladas para GHK, sociedad del Consorcio, de más de 40 millones de euros.

En su argumentación jurídica, el TSJPV confirma que la decisión adoptada por los representantes de EH Bildu en el Consorcio de Residuos supuso una «desviación de poder». Asimismo, señala que no se justificó la resolución contractual ni se siguió el procedimiento a los efectos previsto. En relación con el sobredimensionamiento y con el resto de los argumentos esgrimidos por los recurrentes para justificar la rescisión, el Tribunal los desestima y sostiene que «las razones que se explicitaban y trataban de dar justificación aparente de interés público a la extinción del contrato no se correspondían con las verdaderas finalidades de la decisión administrativa, de carácter estructural, definitivo y de radical y completo apartamiento del modelo al que dicho contrato se ajustaba».

De la sentencia hoy ratificada del Juzgado de Donostia se derivó una investigación del Tribunal de Cuentas que ha terminado con una demanda contra el diputado de Medio Ambiente y a la presidenta del Consorcio durante el mandato de EH Bildu, Iñaki Errazkin y Ainhoa Intxaurrandieta respectivamente, por el «menoscabo» producido en las arcas guipuzcoanas durante su mandato.

Los dos se aferraban a la sentencia hecha pública hoy para poder dejar sin efecto esa demanda, aunque el TSJPV no ha hecho más que confirmar el anterior pronunciamiento judicial. Los recurrentes podrán, eso sí, seguir la vía del recurso en casación ante el Tribunal Supremo.

Tras conocerse la sentencia, el diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, ha manifestado que "ha llegado la hora de exigir responsabilidades políticas a EH Bildu por su nefasta política en la gestión de los residuos y el perjuicio económico causado a las guipuzcoanas y guipuzcoanos". En este sentido, el también presidente del Consorcio de Residuos, ha anunciado que llevará la sentencia a la Asamblea y que, tras el correspondiente análisis de los servicios jurídicos, propondrá "el inicio de acciones para exigir las responsabilidades a que hubiera lugar".

Asensio ha recordado que la decisión adoptada por los cargos y representantes de EH Bildu "perjudicó a toda Gipuzkoa por las pérdidas económicas, el deterioro de nuestra credibilidad ante las instituciones europeas y la actual carencia de infraestructuras con sus consecuencias medioambientales". El diputado considera que "lo más grave es que todo ello se hizo a sabiendas y anteponiendo una estrategia política al interés de los guipuzcoanos".

Así mismo, el responsable foral de medio ambiente ha recordado que esta situación fue advertida de manera reiterada y demuestra que "el anterior gobierno de EH-Bildu vulneró la legalidad y quiso pasar por encima de la voluntad de los guipuzcoanos, ignorando lo aprobado por la mayoría en las Juntas Generales".