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Los daños causados por las inundaciones en Euskadi se han reducido «un 21%» los últimos años gracias a que, en opinión de Asier López, director general de la Agencia Vasca del Agua, el Gobierno Vasco ha ido las pasadas décadas «en la línea de lo ... que había que hacer». Es algo satisfactorio conocer que se ha remado en la dirección adecuada, lo que no quita que todavía quede mucho trabajo por delante.
En la actualidad 80.000 personas residen en Euskadi en zonas en riesgo de verse afectadas por riadas, desastres naturales que se pretenden mitigar con la inversión de 128 millones en esta legislatura, de 2024 a 2028. La cuantía la dio a conocer ayer el responsable de URA en su primera comparecencia ante la Comisión de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Parlamento Vasco desde su nombramiento el pasado octubre. Acudió a petición de EH Bildu, que quería «conocer si estamos preparados» ante situaciones como la vivida a finales de octubre en Valencia provocadas por la DANA.
El objetivo del Ejecutivo autonómico es reducir en torno a un 20% la población que reside en zonas de riesgo con varias actuaciones, algunas ya activas y otras previstas. De esos 128 millones de euros en cuatro años, 7,8 están siendo destinados este 2025 en Gipuzkoa principalmente a dos lugares que suponen los actuales frentes que tiene URA en el territorio: Andoain y Soraluze.
Comenzando por este último, el 8 de enero comenzaron las obras para sustituir el puente Gabolats para que la nueva estructura carezca de apoyos en el cauce y la base del tablero se levante 45 centímetros respecto al anterior. El proyecto, que debería estar terminado para finales de este año y cuenta con un presupuesto de 1,88 millones de euros, logrará defender a las viviendas ubicadas en el tramo comprendido entre el puente y el azud Malmero ya que el río Deba se encuentra fuertemente alterado dentro del ámbito urbano de Soraluze. Aunque la superficie inundable es relativamente pequeña, todo el espacio se encuentra densamente ocupado por elementos vulnerables, principalmente viviendas.
Más densa es la actuación que se está llevando a cabo en Andoain, que cuenta con dos partes y un total de 46 millones de euros de presupuesto. Por un lado, el proyecto de mejora del saneamiento permitirá construir el colector general que recogerá la totalidad de los vertidos urbanos e industriales que se vierten a la regata Ziako para incorporarlos al interceptor del Oria Medio. Por otro lado, el proyecto de defensa ante inundaciones plantea la construcción de un nuevo cauce de la regata Ziako a su paso por el tramo urbano de Andoain. Estos últimos trabajos están repartidos en tres fases de una duración total de 39 meses.
En el resto de Euskadi se destinarán 26 millones a la cuarta fase del Zadorra en Vitoria, que volvió a desbordarse en diciembre a su paso por el barrio de Abetxuko. También se incluye en ese presupuesto la actuación en el Cadagua a su paso por el barrio de Aranguren, en Zalla.
URA se encuentra además en plena fase de revisión de las zonas de riesgo en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, que abarca la mayor parte de las cuencas de Bizkaia y Gipuzkoa y que se renueva cada seis años. En la agencia esperan tener a finales de este 2025 los nuevos mapas de peligrosidad y, a lo largo del próximo, el plan de gestión.
El «riesgo cero», advirtió López, «no existe» ya que es «imposible sacar a todo el mundo» de las zonas inundables. «Nuestro desarrollo ha ocupado sitios que eran del río», pero las actuaciones para devolver a los cauces su espacio natural sí que están consiguiendo que cada vez sean más quienes pasan «de estar en una zona T10 –riesgo cada diez años– a una T500», cada cinco siglos.
La portavoz de EH Bildu Amancay Villalba se interesó por si estaba sobre la mesa la «posibilidad» de eliminar «viviendas e infraestructuras» en zonas de «alto riesgo», algo que López descartó por razones legales. Los planes urbanísticos anteriores a las normativas más exigentes con la construcción de viviendas u otro tipo de dotaciones en espacios inundables siguen vigentes. Sin embargo, «cualquier actuación» particular o de alguna administración que vaya a darse en la actualidad en esas zonas requiere de una «autorización de obra» que, en ese caso, debe ajustarse «a la ley actual», por lo que se implantarían medidas para ir «reduciendo el riesgo».
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