Urkullu defiende la gestión de la incineradora y del Gobierno Vasco en la polémica sobre los residuos a Navarra

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dado la razón este viernes al Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) y al diputado de Sostenibilidad de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, al tiempo que ha defendido la labor del Gobierno Vasco como responsable de la codificación de los residuos, en el conflicto abierto con el Gobierno de Navarra por el presunto envío «irregular» de lixiviados (residuos líquidos) desde la incineradora de Zubieta a la planta de tratamiento de Artajona, que ha sido clausurada de forma cautelar por este motivo.

Urkullu ha respondido en el Parlamento Vasco, en el pleno de control al Gobierno, a una pregunta de EH Bildu sobre esta polémica, en la que el Ejecutivo de María Chivite argumenta que los residuos fueron enviados a Artajona de forma irregular, mientras la Diputación de Gipuzkoa defiende que el procedimiento para catalogar y enviar el material fue el adecuado.

Tal y como hiciera la semana pasada el departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco cuando estalló la polémica, Urkullu ha situado la responsabilidad de hacerse con ese material si no estaba autorizado en Artajona, en los gestores de Ecofert y, por elevación, en el Gobierno de Navarra.

El lehendakari ha subrayado que GHK «envió residuos ya codificados» a la planta navarra. «De hecho, el Gobierno Vasco confirma la codificación», ha insistido, tras lo que ha recalcado que dicha codificación «se ha realizado siguiendo las directrices contenidas en la decisión de la Comisión Europea de 2014, así como de acuerdo con la guía informativa aprobada de efecto por la Comisión Europea».

El mandatario vasco ha precisado en este sentido que «la correcta codificación de un residuo en origen y el cumplimiento de las características de su codificación como residuo no peligroso no implican automáticamente que sea apto para cualquier uso», tras lo que ha recordado que «corresponde al productor de un residuo entregárselo a un gestor autorizado, bien identificado y con la información necesaria para su adecuado tratamiento». Y Ecofert «es un gestor autorizado radicado en Navarra», ha incidido, por lo que el Gobierno Vasco no es competente para fiscalizar el cumplimiento de las autorizaciones de sus instalaciones«, cuyo control recae en el Ejecutivo navarro.

Por último, Urkullui ha asegurado desconocer las razones por las que el Gobierno de Navarra ha decidido clausurar la planta de Artajona.

El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha recordado que «el Gobierno navarro ha dicho claramente que a Artajona llegaron residuos mal codificados que nunca deberían haber ido de Zubieta a Navarra, porque entre otras cosas no tenía autorización para recibirlos».

En este sentido, se ha preguntado si «tenía Zubieta autorización para generar los lixiviados que se enviaron a Artajona», si estos «se caracterizaron» y si «se calificaron como peligrosos». El portavoz abertzale ha señalado que, en todo caso, «aunque todo fuera legal ¿es posible enviar lixiviados de una incineradora a una fábrica de fertilizantes?».

«El Gobierno navarro ha dicho claramente que a Artajona llegaron residuos mal codificados que nunca deberían haber ido de Zubieta a Navarra, porque entre otras cosas no tenía autorización para recibirlos», ha añadido.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, declaró este miércoles que los resultados de los análisis en los residuos en la planta de Artajona, tras la llegada de lixiviados procedentes de la incineradora guipuzcoana de Zubieta, han resultado negativos en E.coli y salmonella, así como en metales pesados.