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La Justicia de Corea del Sur empieza a desenmarañar la profunda crisis política en la que se sumergió el país desde la madrugada del pasado ... 3 de diciembre. El Tribunal Constitucional ha despachado este lunes una de las dos carpetas que tenía sobre la mesa y ha anulado la destitución del primer ministro, Han Duck-soo, quien había reemplazado en el cargo como presidente interino a Yoon Suk-yeol, cesado por su polémica decisión de imponer la ley marcial.
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Han, un veterano tecnócrata de 75 años que ha servido a Gobiernos de ambos bandos, apenas había durado dos semanas al frente de la jefatura del Estado en funciones. La oposición presentó la moción de censura por su negativa a nombrar a tres jueces del Constitucional hasta que se alcanzara un acuerdo entre los dos grandes partidos –pacto que se alcanzó a finales de año tras ser apartado–, lo que consideraban un bloqueo del proceso de destitución de su antecesor.
Con cinco de los ocho votos de los magistrados a favor de desestimar el juicio político, el tribunal determinó que «no certificar el nombramiento de jueces es ilegal, pero insuficiente para justificar el 'impeachment'». Asimismo, la sentencia también sostiene que no había suficientes motivos para el cese de Han ya que «no violó la Constitución ni la legislación surcoreana relativa al anuncio de la ley marcial o la posible insurrección», descartando su participación en el complot orquestado por Yoon.
«Agradezco al Tribunal Constitucional su sabia decisión», celebró Han al hacer aparición en su oficina para retomar el mando del país, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap. «Trabajaré para restablecer el orden en el Gobierno». De esta forma el de nuevo presidente interino vuelve a estar al frente del mando militar, la diplomacia y los grandes asuntos estatales. Durante los últimos meses de inestabilidad en Seúl, el ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, ha llevado las riendas de un país polarizado, con masivas protestas.
Tras este aperitivo, ahora los surcoreanos esperan la resolución del caso de la destitución de Yoon, que puede ser cuestión de días. Si el Constitucional confirma el 'impeachement', Corea del Sur celebraría elecciones a la presidencia en un plazo de 60 días. Lee Jae-myung, la candidata opositora y favorita para los comicios, podría quedar inhabilitada mañana por su condena por violaciones de la ley electoral.
Con todo, se dibuja un panorama político incierto con la vista puesta en los tribunales. Aprovechando esta coyuntura, el recién exculpado Han ha invocado la «unidad nacional». «Creo que ya no hay izquierda ni derecha, lo más importante es cómo avanza el país».
Este lunes la Justicia también ha puesto fecha al juicio contra el presidente destituido por incitación a la insurrección y abuso de poder en relación con el decreto de la ley marcial. La cita arrancará el 14 de abril. El vice primer ministro, Choi Sang-mok, y el ministro de Exteriores, Cho Tae-yul, han sido citados por la Fiscalía como testigos y tendrán que comparecer ante el tribunal, según ha informado la agencia de noticias Yonhap. Ambos altos cargos declararon que expresaron a Yoon su «preocupación» ante la idea de tener que declarar la ley marcial poco antes de que tomara la decisión.
Corea del Sur pen en un terreno desconocido la madrugada del 3 de diciembre cuando Yoon apareció en la televisión para anunciar la imposición de la ley marcial. La investigación apunta que, con alta probabilidad, el expresidente gestó este plan durante meses, con el objetivo de usar la polémica legislación para detener a sus oponentes políticos.
El exmandatario negó que hubiese ordenado paralizar la Asamblea Nacional y sostuvo que mandó allí a 300 soldados desarmados para «advertir» a los parlamentarios. Sin embargo, el periódico surcoreano 'Chosun Ilbo' revela que fueron más de mil los militares que acudieron al lugar. Algunas unidades habrían llevado incluso munición real, aunque se cree que no se llegó a distribuir entre los enviados.
Yoon, además, habría ordenado al ejército que arrestase a los legisladores, para lo que realizó hasta seis llamadas. Telefoneó a sus comandantes y exigió que los soldados «derribaran la puerta ahora mismo, entraran allí y sacaran a la gente que estaba dentro». No consiguió bloquear la Asamblea Nacional, por lo que esta decidió revertir el decreto de la ley marcial.
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