Daupradi Murdu, la presidenta que vino de la tribu

La llegada de Murmu intenta dotar de una imagen moderna y conciliadora al régimen indio, dominado por el nacionalismo conservador y de fe hindú del Bharatiya Janata (BJP), el partido gobernante durante los últimos ocho años y al que pertenece desde finales de la década de los noventa. El relevo en la jefatura de Estado demuestra la estrategia de una formación siempre acusada de sectarismo. La conocida como 'hija de Orissa' sustituye en el cargo al presidente Ram Nath Kovind, otra concesión a la corrección política, ya que pertenece a los intocables, el último escalafón en el sistema de castas aún vigente.

Su perfil no se corresponde con el de la actual elite dirigente ni las clases acomodadas. Nacida en una familia de granjeros, procede de una aldea del noreste del país, la región económicamente más deprimida del país. Su trayectoria pública viene avalada por ese origen humilde y su formación en una universidad estatal femenina. Compaginó varias labores en la Administración local con su dedicación al magisterio de matemáticas, geografía o lengua hindi, entre otras materias, antes de iniciar su carrera política. En 1997 se convirtió en diputada regional tras acceder a un escaño reservado para mujeres.

Esa circunstancia le otorgó un protagonismo que supo rentabilizar ya que se le encomendaron diversos ministerios en el gobierno regional y, entre otras carteras, fue titular de Comercio y Transportes. Empezaba así su ascenso dentro del aparato nacional del partido. Delhi era su objetivo.

El éxito profesional contrasta con una desdichada vida personal. La nueva presidenta perdió a su marido, un banquero, y a dos hijos en el breve periodo de siete años. En 2015 fue nombrada gobernadora de Jarkhand, otro Estado indio en el que habitan 300 tribus nativas. La nueva presidenta suele vestir el traje tradicional de su grupo étnico, pero, según los más críticos, no se la puede considerar un adalid de los marginados. Su posición siempre ha contemporizado con las tesis oficiales y, posiblemente, tal seguidismo y el perfil como representante de una minoría, han favorecido el encumbramiento.

La realidad es que ha favorecido más bien poco a los suyos. La acusan de no esforzarse por implementar los derechos de autogobierno de las comunidades adivasi o tribales y de adoptar una posición tibia ante los esfuerzos del poder central por hacerse con sus propiedades mediante argucias legales. Como sucede habitualmente en países con minorías nativas, su lucha se concentra en la preservación de la titularidad de las tierras, principal sostén de ancestrales modos de vida.

La Unión India sufre fuertes tensiones internas derivadas de su elevado crecimiento y la explotación creciente y abusiva de los recursos naturales. El BJP pretendía favorecer la comercialización de estas reservas mediante la inclusión de una ley de arrendamiento que, en la práctica, podría suponer la enajenación de sus áreas de cultivo y bosques. La iniciativa dio lugar a protestas atajadas por la fuerza, numerosas detenciones y la muerte de un activista.

Murmu no expresó ninguna queja por los excesos policiales, tampoco solicitó clemencia para los 200 encarcelados e, incluso, llamó a la calma apelando a una vaga confianza en la Constitución. Su postura resultó aún más inquietante al no responder siquiera los 192 memorandos enviados por organizaciones medioambientales y de derechos humanos que cuestionaban las pretensiones de su partido. Tan sólo la presión de todo el arco político y social evitó que saliera adelante un proyecto de ley que atentaba contra el estatus de las tribus. Cuando el clamor era general y, posiblemente, contraproducente obviarlo, la mujer de nervios de acero decidió devolver el proyecto de ley al gobierno de Delhi.

Daupradi Murmu no es Gandhi ni Indira, y su posición se antoja cosmética, ajena al compromiso ante las crecientes adversidades de los excluidos. No hay visos de cambio efectivo en un país que parece moverse a dos velocidades y que el próximo año se convertirá en el más poblado del mundo. El primer ministro Narendra Modi, el verdadero hombre fuerte, está acusado de propiciar un desarrollo afín a los intereses de las grandes firmas, pero ajeno a las preocupaciones de las masas.

Las diferencias son abismales. Por un lado, está el Estado con más billonarios del mundo tras EE UU y China, puntero en el sector de las tecnologías de la información y con vastos intereses geopolíticos; por otro, el territorio con 400 millones de ciudadanos bajo el umbral de la pobreza, con graves problemas medioambientales y enormes tasas de violencia de género en todas sus vertientes, desde el feminicidio al matrimonio infantil o la explotación sexual. Además, al igual que China, el régimen indio se ha convertido en un discreto aliado de Rusia, a la que adquiere grandes cantidades de petróleo gracias al embargo europeo.

La nueva presidenta deberá elegir el carril por el que quiere circular y mostrar un espíritu de cambio. Aunque la experiencia no avala tal pretensión, se espera que sea el portavoz de los pueblos indígenas, el talón de Aquiles del subcontinente, acorralados entre la voracidad empresaria y las fuerzas paramilitares, y el oportunismo de movimientos como los naxalitas, guerrilla maoísta con más de medio siglo de existencia. Murmu tiene la ocasión de mostrar que su compromiso va más allá de las apariencias y que India afronta el futuro con un deseo de equidad.