Esteban Beltrán

Director de Amnistía Internacional en España

«Derecho internacional o ley de la selva, eso es lo que está en juego»

– ¿Cómo analiza el momento de la crisis en Gaza?

– Los actos de genocidio a cargo de Israel se han agudizado, y no solo con los bombardeos diarios. Desde el 2 de marzo se ha impedido la entrada de ayuda humanitaria, se ha impedido el funcionamientos de la planta desalinizadora de agua, no hay un hospital en condiciones en la zona norte de Gaza, donde la única UCI, con 80 pacientes, está en los pasillos y el patio. Se ha aniquilado el sistema sanitario en Gaza. El asedio se vuelto a recrudecer y se ha cerrado el paso a toda ayuda humanitaria, incluidos alimentos y toda clase de suministros. La situación es de emergencia.

– Israel ha creado esta semana una agencia para gestionar la 'salida voluntaria' de la población gazatí a otros países. ¿Es una legalización de la limpieza étnica?

– Es un intento de presentarlo como un desplazamiento de población voluntario, pero es forzoso y los desplazamientos forzosos de formación son crímenes de guerra. Se establece un sistema de apartheid, y no solo en el caso de Gaza, sino también en Cisjordania. Amnistía Internacional y los relatores de la ONU han declarado que lo que sucede en Palestina es un genocidio. Hay un asunto que nos preocupa mucho y esperamos poder reunirnos en mayo con el Gobierno Vasco.

– ¿De qué se trata?

– De la empresa CAF, de la que el Gobierno Vasco es accionista. Participa en un contrato de 1.800 millones de euros en la construcción del tren ligero de Jerusalén a los territorios ocupados por colonos en Cisjordania, que significa conectar a estos 50.000 colonos con Jerusalén Este. Las Naciones Unidas mantienen que cualquier actividad que suponga una colaboración en la consolidación de una situación de apartheid es una violación de derechos humanos. La web de viajes Edreams promueve el lucro con propiedades ubicadas en Cisjordania y está en la base de datos de la vergüenza de la ONU. Nos tememos que si CAF no se retira de ese proyecto también va a formar parte de ella. Por eso creo que está justificada la reunión con el Gobierno Vasco, porque está dentro de sus competencias y es accionista.

– ¿Cómo está afectando a los derechos humanos la elección de Donald Trump?

– Vivimos una época muy delicada para los derechos humanos. Se quiere acabar con el sistema y con el orden internacional. No quieren que exista ninguna clase de derecho internacional, como demuestra el hecho de que han sancionado al fiscal de la Corte Penal Internacional y todo quien persiga cualquier actuación de Estados Unidos. No admiten su jurisdicción sobre nada que afecte a ese país, ni a actividades de la OTAN o de fuera de la OTAN, referencia obvia a Israel. Su voluntad es acabar con el derecho internacional y sustituirlo por la ley del más fuerte. Lo que nos estamos jugando es derecho internacional o ley de la selva. Lo que acabe sucediendo en Gaza es esencial, como lo que suceda en Ucrania. Son casos fundamentales.

– ¿Cuál es el origen de esa voluntad tan decidida?

– Hay una intención de acabar con el sistema de multilateralidad construido en el mundo desde hace décadas, que fue clave en crisis como la pandemia. ¿Si no llega a existir la vigilancia de la OMS, qué habría sucedido? A esa clase de instituciones se les está quitando financiación.

– ¿Estados Unidos solo mira hacia dentro?

– Pero estas políticas perjudican a una parte muy importante de su población, la más desfavorecida, personas sin recursos o inmigrantes. Se aplican con brutalidad, como en la deportación de venezolanos a El Salvador. El avance autoritario es evidente. Ahora se disponen a recortar y desmantelar el Ministerio de Educación. El objetivo es sacar del sistema educativo a las comunidades más desprotegidas. Hay un riesgo que esta posición provoque un efecto repetición a nivel internacional, con políticas racistas y xenófobas.

– ¿Las posiciones reaccionarias van ganando espacio en las sociedades occidentales?

– Es difícil evaluar a una sociedad, pero diría que ante esta corriente tan fuerte, que no es mayoritaria, hay una respuesta de la gente. Solo en 2024, se produjeron más de 85 protestas masivas en todo el mundo contra el autoritarismo, a favor del Estado de derecho y contra la manipulación de elecciones. No quiero dar la impresión de que todo el mundo va en una dirección y el fenómeno se extiende: Brasil lo tenía y ahora, no, como en Polonia: Argentina no lo tenía y ahora lo tiene. Vemos lo que pasa estos días en Turquía, con las protestas por el encarcelamiento de un rival opositor. No veo que el lenguaje de los derechos humanos no esté calando, pero es verdad que hay fuerzas muy potentes operando en sentido contrario.

– También en el ámbito más cercano...

– En España la violación masiva de los derechos humanos no se ha tratado correctamente. La memoria de la sociedad es frágil. No ha habido reconocimiento de los crímenes del franquismo, no se reconoce a las víctimas de la tortura y no se investigan las muertes de las residencias de Madrid, lo que conduce a la impunidad. La memoria es muy importante en un país y en el País Vasco se comprende bien esto. Toda víctima tiene derecho a la verdad, justicia y reparación.

– Hablaba antes de Ucrania...

– Hay que ver si la solución es un acuerdo de negocios o basado en los principios de verdad, justicia y reparación de las víctimas de los crímenes cometidos por Rusia. La ley impide que se consolide la anexión de territorios de países atacados. En Gaza y en Ucrania nos jugamos si subsiste el derecho internacional.

– ¿Hay asuntos específicamente vascos que le preocupen?

– Queremos hablar con el Gobierno Vasco y con el lehendakari de varios temas, como el protocolo de uso de las pistolas táser. No es público y es importante que lo sea. Queremos saber qué ha pasado y cómo se están utilizando. Son armas peligrosas, sobre todo para personas con discapacidad o problemas de salud. También queremos conversar sobre el uso de balas de foam. Hemos recogido varios casos de personas heridas por la Ertzaintza y queremos preguntar por el protocolo de uso. Dijeron que sería público, pero no lo han hecho. Hay cosas que tratar sobre el uso y la gestión del material antidisturbios.