Los hombres que protegen a Trump

Ser abogado de Trump siempre ha conllevado riesgos. No sólo porque muchos le han acusado de no pagarles por la totalidad de sus servicios, sino porque pueden acabar convertidos en víctimas. Uno de sus exletrados, Michael Cohen, fue a la cárcel por delitos financieros derivados del pago por el silencio a la actriz porno Stormy Daniels, que mantuvo una relación con el político republicano. «Es como trabajar para un jefe de la mafia», repite. «Da una orden sin dar la orden. Nunca deja huellas dactilares en nada».

La colaboración de Cohen con la Justicia estadounidense ha brindado material clave para poder imputar penalmente a Trump en varios casos. El expresidente ha utilizado siempre a sus abogados no como asesores legales, sino más bien como cobertura para delinquir aprovechándose de la confidencialidad sobre sus clientes a la que están obligados estos profesionales. El letrado Evan Corcoran firmó una declaración jurada donde certificaba que no había más material clasificado en Mar-a-Lago, pero la grabación de las cámaras de vigilancia obtenida por los fiscales federales mostró cómo el personal del político cambiaba las cajas de archivos a otro lugar.

Corcoran ha quedado expuesto a potenciales cargos por obstrucción a la Justicia y en menos de un año ha pasado de formar parte de la defensa de Trump a ser testigo de la acusación. Rudy Giuliani, abogado externo del antiguo presidente y perteneciente al llamado equipo legal Quack (charlatán), compareció la semana pasada ante los fiscales en una sesión de ocho horas. También declararon las letradas de la misma compañía Sidney Powell y Emily Newman, que realizaron llamadas de coacción a funcionarios estatales para anular los resultados electorales. Y están citados a declarar Jenna Ellis y Kenneth Chesebro por la trama de los compromisarios falsos en los siete estados que el republicano perdió en 2020.

El fiscal especial Jack Smith, que investiga a Trump en dos casos federales de considerable gravedad, ha logrado estas comparecencias por medio de acuerdos de cooperación que permiten a los abogados señalados convertirse en testigos de la acusación a cambio de que la información suministrada no sea utilizada en su contra.

También se investiga al abogado John Eastman, autor intelectual del plan de los compromisarios de suplantación en los comicios de 2020, y ha declarado Jeffrey Clark, un subalterno del Departamento de Justicia a quien Trump consideró ascender a fiscal general para que declarara nulas las elecciones. Otro importante colaborador que ha comparecido es Mark Meadows, exjefe de gabinete del antiguo presidente y de quien se sospecha que le podría estar delatando.

Por si fuera poco, una suerte de guerra civil interna entre distintas facciones del equipo legal de Trump amenaza con poner en riesgo su efectividad en un momento legal crucial para el político. El enfrentamiento emergió a la luz pública el mes pasado con la renuncia del principal letrado, Tim Parlatore, tras meses de tensiones y desconfianza, especialmente con el asesor más destacado de Trump, Boris Epshteyn. Y su dimisión no fue la última. Ninguno habla de la razones de su marcha pero uno de ellos, Jim Trusty, se quejó del «juego de tronos» que consumía al grupo.

La supervisión del trabajo del equipo y la restricción al acceso directo a Trump que parece ejercer Ephsteyn ha generado hostilidades y ocultación de información entre ellos, pero los esfuerzos para expulsarlo han resultado fallidos. La tensión creció hasta tal punto que los abogados llegaron a acordar un pacto de renuncia colectiva si Parlatore era despedido del grupo. Él, al igual que Corcoran, ha declarado ante el gran jurado por el caso de los documentos de Mar-a-Lago y Ephsteyn ha hecho lo mismo ante el fiscal Smith.

Al ritmo que lleva Trump de 'quemar' abogados no resulta extraño que corra el rumor de que el candidato republicano tiene dificultades para encontrar nuevos consejeros legales. Sus letrados se encuentran ahora en la paradójica situación de necesitar a otros 'colegas' para defenderse del embrollo legal al que su exjefe les ha llevado. No está claro a cuánto ascenderá la factura final de estos profesionales aunque parte de la cuenta de las batallas judiciales ha sido cubierta por el Comité Nacional Republicano y por el propio comité de acción política 'Save America'.

El expresidente explota sus problemas judiciales mediante una rentable operación de recaudación de fondos que embauca a hordas de seguidores con sus modestos ingresos. Y los abogados, sin trabajo, tienen que exprimir sus propios bolsillos para sufragar su defensa legal.