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John Roberts llegó a presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos con solo 50 años. Desde entonces ha impulsado un giro conservador. Por un lado, ... ha orientado o escrito algunas de las sentencias fundamentales de esta nueva etapa, apoyándose en una nueva mayoría de jueces. Por otro, Roberts siempre ha preservado la altura de su institución, lejos del ruido y la furia del movimiento nacionalista y populista que ha hecho mutar al Partido Republicano en un culto personal al magnate neoyorquino.
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El primer jurista del país quiso ser historiador cuando estudiaba en la Universidad de Harvard, pero terminó por dedicarse al Derecho. Es partidario de una presidencia fuerte y se declara admirador de la obra de Alexander Hamilton, que asentó el poder federal frente a los Estados. Tal vez por eso Roberts fue el arquitecto de la doctrina de inmunidad presidencial que el año pasado, en plena contienda electoral, libró a Donald Trump de tener que responder a una larga lista de acusaciones penales. De acuerdo con esta teoría, es difícil precisar qué cosas hizo como presidente y cuáles fueron actividades privadas, es decir, no protegidas. Es posible que hoy se arrepienta de haber iniciado esta jurisprudencia.
Hace unos días el presidente del Supremo hizo algo inusual: criticó públicamente a los que piensan que se puede someter a un juicio político a los jueces federales, solo porque no están de acuerdo con sus decisiones. El contexto lo dice todo: el magistrado James Roasberg justo había ordenado frenar la deportación de 261 personas a El Salvador, por hacerse conforme a una ley de 1798 para tiempos de guerra que no consideraba aplicable al caso. La Administración Trump no solo desobedeció, sino que amenazó con procesar al juez.
En el proceso de expansión del poder ejecutivo que ha puesto en marcha la Casa Blanca, la pregunta de los límites y contrapesos es cada vez más urgente. Un buen número de jueces ya han actuado para frenar el caótico desmontaje de algunas partes del Gobierno federal, desde el Departamento de Educación a la agencia de cooperación al desarrollo. Otros magistrados han intervenido para proteger los derechos fundamentales de inmigrantes candidatos a la deportación. Estados Unidos sigue siendo una democracia con separación de poderes, una sociedad civil articulada y Estados con verdadero poder, que desarrollan sus propias políticas y a veces resisten las que vienen de Washington. La advertencia de Roberts permite albergar la esperanza de que el tribunal más poderoso del mundo hará su trabajo en los momentos decisivos sin plegarse a los deseos del ocupante del Despacho Oval.
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