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A Donald Trump le quedaban pocos rincones de la comunidad mundial que castigar, criticar o aleccionar. Y ahora le faltan aún menos después de advertir a la Corte Penal Internacional (CPI) que le impondrá sanciones si emprende investigaciones sobre ciudadanos e intereses estadounidenses, así como ... a sus aliados, entre los que solo acertó a citar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Acostumbrado en sus primeros días de mandato a amenazar con aranceles fronterizos y obtener una respuesta positiva a sus exigencias, su último aviso ha concitado, sin embargo, una repulsa global como el presidente republicano no ha conocido hasta ahora. Al cierre de esta edición, al menos 79 países, instituciones trasnacionales como la Unión Europea y organizaciones civiles como Human Right Watch le habían reprobado por un decreto que ha recibido todo tipo de calificativos negativos y supone su primer gran revés internacional, aunque es posible que poco le importe.
La orden, firmada el jueves por la noche en la Casa Blanca (madrugada del viernes en España), sitúa a «Estados Unidos del lado de los criminales de guerra», fomenta la «impunidad» ante delitos humanitarios y puede coartar gravemente la impartición de la Justicia universal en un mundo cada vez más azotado por las guerras, las migraciones y las autocracias. Así lo sostuvo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien señaló que «sancionar a la CPI amenaza la independencia de la Corte y socava el sistema de justicia penal internacional en su conjunto». Su homóloga en la Comisión, Ursula von der Leyen, también se apresuró a destacar que el Tribunal de La Haya «garantiza la rendición de cuentas por crímenes internacionales y da voz a las víctimas en todo el mundo. Debe poder perseguir libremente la lucha contra la impunidad global», antes de refrendar que la UE «siempre defenderá el respeto al Derecho Internacional».
The ICC guarantees accountability for international crimes and gives a voice to victims worldwide.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 7, 2025
It must be able to freely pursue the fight against global impunity.
Europe will always stand for justice and the respect of international law.
El último terremoto con epicentro en el Despacho Oval parte de la idea del presidente republicano de que la Corte Penal ha participado en «acciones ilegítimas e infundadas dirigidas contra Estados Unidos y nuestro estrecho aliado Israel», además de «abusar» de su poder al emitir «órdenes de arresto infundadas» contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Afirma que estos hechos suponen un «peligroso precedente», de ahí que haya tomado una decisión de consecuencias incalculables. Washington podría actuar contra jueces, fiscales, abogados, investigadores e incluso testigos de La Haya, prohibir su entrada en el país, entorpecer sus viajes –sobre todo, si tocan aeropuertos estadounidenses– o congelar sus fondos y los de aquellos bufetes para los que trabajan, En teoría, el Gobierno de EE UU podría también aplicar castigos a entidades y bancos, así como a los países que colaboren con la Corte. Se da sesenta días para ampliar el número de «objetivos».
El propio Tribunal respondió este viernes con extrema dureza al decreto haciendo un llamamiento a sus 125 Estados miembro –ni EE UU ni Israel figuran entre ellos– para que se opongan al plan sancionador de Trump. La institución afirma que la intención del republicano supone un intento de «dañar su trabajo judicial independiente e imparcial», aunque se compromete a «seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo». La Haya invita finalmente a todos los gobiernos del mundo a «permanecer unidos por la Justicia y los derechos humanos fundamentales» tras subrayar que mantendrá «abiertas todas sus investigaciones». Esto incluye los expedientes sobre Netanyahu y Gallant, a quienes el organismo judicial ordenó detener hace meses por tratar de dejar a los gazatíes sin los elementos «indispensables para su supervivencia» en la Franja.
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España, Francia, Alemania y Canadá son algunos de los países que refrendan la larga lista de gobiernos comprometidos con el Tribunal –el canciller germano, Olaf Scholz, dijo que los castigos «ponen en peligro» la institución–, mientras que Hungría fue el viernes uno de los pocos que se alinearon con Trump, a excepción del Gobierno israelí, que aplaudió su decreto. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, consideró que su nación debe «revisar qué estamos haciendo en una organización internacional sancionada por Estados Unidos», apuntando a una posible salida de la Corte Penal. En una declaración entusiasta, el populista dirigente conservador se felicitó por los «nuevos vientos» de la política internacional y la llegada del «tornado Trump».
Más que una cuestión doméstica, algunos analistas consideran que el inquilino de la Casa Blanca simplemente busca dar cobertura al primer ministro hebreo en un momento clave para su plan de rehabilitar Gaza, convertirla en la «Riviera de Oriente Medio» y transferirla bajo el control de EE UU. El jefe de la diplomacia norteamericana, Marco Rubio, visitará Oriente Medio entre los días 13 y 18 con escalas en Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, a cuyos gobiernos quiere convencer de las bondades del proyecto.
Aunque la reacción internacional ha oscilado entre el estupor, la ironía y la crítica, el presidente aseguró anoche que su propuesta «ha sido muy bien recibido, básicamente, como una transacción inmobiliaria de Estados Unidos, en la que seremos un inversor en esa parte del mundo. El hecho de que estemos allí nos llevará muy lejos en la creación de la paz».
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