Cuarto intento del Gobierno de Meloni por hacer funcionar los centros para inmigrantes de Albania

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El Ejecutivo conservador liderado por Meloni aprobó el pasado 28 de marzo un decreto que permite llevar a los centros albaneses a los irregulares que están a la espera de ser expulsados de Italia. Con esa iniciativa Meloni trató de salvar el acuerdo firmado en noviembre de 2023 con el primer ministro albanés, Edi Rama, cambiando el uso de los centros. El de este viernes es el primer viaje de la 'Libra' con este nuevo marco legislativo, aunque habrá que esperar para saber si los jueces no vuelven a echar por tierra los planes del Gobierno, como ocurrió en las tres anteriores ocasiones. Cesare Parodi, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, ha defendido la «legitimidad» de la decisión de sus colegas y lamentó que esta cuestión se haya convertido en un punto de «profunda incomprensión» entre el Ejecutivo de Meloni y el poder judicial.

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También advirtió Parodi de que, pese al nuevo decreto gubernamental, es previsible que este nuevo intento por hacer funcionar los centros de internamiento construidos en Albania se tope con una decisión de los magistrados que no sea «distinta de las anteriores». Existen serias dudas de que las autoridades italianas puedan garantizar a los inmigrantes enviados al país balcánico los mismos derechos de los que gozan en los centros de internamiento ubicados en territorio italiano donde, por ejemplo, pueden recibir visitas de sus abogados y de sus familiares.

Tanto los partidos de la oposición como las ONG piden al Gobierno que dé carpetazo de una vez a esta controvertida iniciativa. Francesco Ferri, de la organización humanitaria ActionAid, ha señalado que no existe «ninguna situación de emergencia» en los centros donde los irregulares esperan a ser repatriados, ya que están «al 52% de su capacidad». Las dificultades burocráticas hacen además que las expulsiones lleguen con cuentagotas, hasta el punto de que las autoridades italianas sólo consiguen expulsar anualmente a alrededor del 10% de las personas que han recibido una orden de repatriación.