Starmer supera otro obstáculo para aplicar su polémico plan de recortes de los subsidios

La ministra de Trabajo y Pensiones, Liz Kendall, fue la encargada de presentar en el Parlamento británico un plan que reducirá en unos 6.000 millones de euros el presupuesto de su cartera tras eliminar las medidas más impopulares. Se trata del mayor recorte que soporta este departamento desde 2015, cuando gobernaban los conservadores con David Cameron como primer ministro.

Ya en campaña electoral, Starmer y Rachel Reeves, actual ministra de Economía y Hacienda, irritaron a las bases laboristas con su decisión de suprimir la subvención energética para las viviendas de los mayores, salo para quienes contaban con una renta muy baja. Ante las protestas, ambos defendieron la medida como una muestra de su disciplina financiera para reducir el déficit que había dejado Rishi Sunak a su salida del Ejecutivo británico.

Hace unas semanas, como consecuencia de la decisión de elevar el presupuesto de Defensa hasta un 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB), Starmer y Reeves explicaron que una manera de amortiguar el impacto de esa iniciativa en las finanzas del Estado era reducir los fondos públicos dedicados a la ayuda a países en desarrollo o que sufren situaciones críticas. Era una medida que había sugerido antes la líder conservadora, Kemi Badenoch. La reducción de los subsidios para personas enfermas y desempleadas es también parte de una cadena de iniciativas que sitúa a esta hornada de laboristas en una posición ideológica próxima a los 'tories'.

El malestar obligó a que Starmer invitase a sus diputados a su residencia en Downing Street. La reunión fue tensa. Cuando se presentó el plan al gabinete, la mitad de los presentes se opuso a la medida impulsada por Reeves y ejecutada por Kendall. La viceprimera ministra, Angela Rayner, y las responsables de Interior, Yvette Cooper, y de Justicia, Shabana Mahmood, estarían entre quienes evidenciaron su disgusto. La revuelta habría provocado a la eliminación de propuestas demasiado impopulares, como la congelación de uno de los principales subsidios.

El contexto económico es de frustración porque el Gobierno del Reino Unido no cristaliza su apasionado objetivo electoral de promover un rápido crecimiento. La OCDE, una organización que agrupa a un centenar de países para promover buenas prácticas en la política, ha pronosticado caídas -pequeñas, eso sí- del PIB británico respecto a las cifras calculadas para los próximos años.

Economistas consultados por el diario 'The Guardian' afirman que Reeves debería abandonar su rigidez sobre sus reglas fiscales -endeudarse solo para invertir o el equilibrio diario del gasto con los ingresos de impuestos- y recomendaban a la ministra que invocase el gasto en Defensa como un gran valor social para apaciguar a los vigilantes de las finanzas británicas en los mercados de capitales.

Hay malestar, pero no ha llegado a una rebelión. Las medidas, limitadas según los conservadores y liberal-demócratas, están planeadas para apoyar el empleo de jóvenes que pasan ahora de la escuela a vivir de las ayudas sociales. Kendall defendió sus propuestas como una forma de reparar «un sistema quebrado». Su intención es acabar con un modelo que hace que algunos subsidiados no quieran trabajar porque, en función del sueldo que recibirían, perderían la subvención por incapacidad o enfermedad.

El ministro de Sanidad, Wes Streeting, ha sido criticado por afirmar que el gran aumento de subsidios por problemas de salud mental se debe a diagnósticos excesivos. La cifra de ciudadanos que recurren a a las ayudas públicas ha aumentado desde la pandemia en el Reino Unido más que en ningún otro país. Su coste superaría al final de esta década los 80.000 millones de euros.