La ONU despide a varios empleados acusados de colaborar en los atentados de Hamás contra Israel

Ya hay consecuencias. Estados Unidos anunció la suspensión de la financiación a la UNRWA «mientras examina» este caso. El Departamento de Estado dijo estar «extremadamente preocupado» por las sospechas que pesan sobre la agencia. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, habló el jueves con el máximo responsable de la ONU, António Guterres, «para subrayar la necesidad de una investigación» sobre este asunto.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, alabó la decisión de la Administración norteamericana, que es «un paso importante para hacer que la UNRWA rinda cuentas». «Es necesario -agregó- realizar cambios importantes para que los esfuerzos, los fondos y las iniciativas humanitarias internacionales no alimenten el terrorismo de Hamás y el asesinato de israelíes».

Horas antes, Israelíes y palestinos vivieron la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como una pequeña victoria. Ambos lados vieron la botella media llena tras conocer que el tribunal seguirá adelante con el caso de genocidio contra Israel denunciado por Sudáfrica, pero sin ordenar el alto el fuego como una de las medidas cautelares. El pequeño palacio de la Paz de La Haya centró las miradas de unos hebreos satisfechos porque el intento de negar a su país el derecho a defenderse «fue justamente rechazado», según Benjamín Netanyahu, y de unos palestinos para quienes el mundo tiene ahora «obligaciones legales claras para detener la guerra genocida en Gaza y asegurarse de que no sean cómplices», en opinión de su ministro de Exteriores, Riyad Al Maliki.

La expectación era máxima ante una decisión que llegaba después de la matanza de Hamás del 7 de octubre, con 1.200 israelíes muertos y más de doscientos capturados, y la venganza hebrea con más de 26.000 palestinos muertos en Gaza en los últimos cuatro meses. A un lado y otro de la verja de separación, la mayoría de muertos son civiles. En un fallo que contó con el apoyo de 15 de los 17 jueces, el tribunal ordenó al Estado judío adoptar cinco medidas cautelares y, en lugar de ordenar el alto el fuego, puso en el tejado de Israel la pelota de tener que presentar en un mes un informe sobre su cumplimiento.

Estas medidas piden a Israel evitar «que se mate o se hiera a palestinos en Gaza» y «condiciones para no destruir total o parcialmente a la población», dos puntos complicados de lograr sin un alto el fuego de por medio. Además, debe «prevenir y castigar la incitación pública dentro del país a cometer genocidio» en la Franja y garantizar que se proporcionen servicios humanitarios básicos para hacer frente a las «condiciones de vida adversas» en el enclave costero.

Netanyahu reaccionó diciendo que «el compromiso de Israel con el Derecho Internacional es inquebrantable» y que su «guerra es contra los terroristas de Hamás, no contra los civiles palestinos». El primer ministro destacó que el intento de negar a su país el poder defenderse «fue justamente rechazado». De todas las medidas cautelares que pidió Sudáfrica, la de la suspensión de las actividades militares en Gaza era la que más inquietaba a los israelíes, pero finalmente no se aprobó, lo que supuso un jarro de agua fría para los dos millones de gazatíes que soñaban con la posibilidad de un alto el fuego.

Hamás acogió con buenos ojos la decisión de La Haya y uno de sus dirigentes en el exterior, Sami Abu Zuhri, declaró a Reuters que se trata de un paso que ayuda a aislar más al Estado hebreo y urgió a la comunidad internacional a «forzar a Israel a que cumpla con las medidas cautelares».

Los dos millones de gazatíes esperaban con desesperación el alto el fuego, aunque la mayoría no habrá tenido noticias del fallo debido a los apagones de comunicaciones en la Franja y a que sus vidas se centran hoy en salvarse de las bombas, el hambre y el frío. Ahora, el tribunal deja en manos de Israel la aplicación de las medidas cautelares, una situación que no resulta tranquilizadora para quienes han sufrido cuatro meses de «bombardeos indiscriminados» hebreos, en palabras del presidente de EE UU, Joe Biden.

El fallo provisional consta de 29 páginas, en las que el tribunal pide a Tel Aviv que actúe para garantizar que sus soldados y ciudadanos cumplan la convención de la ONU sobre genocidio. El Estado judío tiene un mes de plazo para informar a la CIJ sobre cómo está acatando esas medidas cautelares. Arranca un largo camino judicial para esclarecer si Israel comete o no genocidio contra los palestinos en Gaza.