Oiartzun

«El Gobierno no ha aclarado qué piensa hacer con el futuro de Urmendi»

Los jeltzales presentaron al último pleno municipal una moción sobre la integración de Urmendi en el Consorcio de Haurreskolak. La moción planteaba la necesidad de analizar el futuro del centro educativo en relación con el modelo de gestión y financiación de las haurreskolak en Euskadi. «Actualmente, Urmendi Haur Ikastola funciona con un modelo propio, pero no integrarse en el consorcio público supondría la pérdida de la subvención del Gobierno Vasco a partir del curso 2026-2027, lo que supondría una carga económica importante para el Ayuntamiento», explican.

En la misma sesión, la portavoz de EAJ-PNV, Janire Mitxelena, dejó claro que su grupo no entraba a valorar la calidad del servicio que actualmente ofrece Urmendi Haur Ikastola. «No soy pedagoga, pero sé perfectamente que el servicio actual es bueno y que tanto los niños como sus familias están satisfechos con la atención que reciben», afirmó.

Sin embargo, Mitxelena destacó que es necesario tener en cuenta el impacto económico de la decisión sobre la integración en el Consorcio de Haurreskolak: «Si no se integra, a partir del curso 2026-2027 perderá la subvención del Gobierno Vasco. Esto significa que el Ayuntamiento deberá asumir el coste total del servicio, lo que supondría una gran presión económica para el presupuesto municipal», insistió.

Desde el grupo municipal de EAJ-PNV, subrayan la importancia de este asunto para el futuro del municipio, por lo que se ha solicitado al equipo de Gobierno que aclare su postura. «Por nuestra parte, apostamos por un sistema público, gratuito y universal», declaró Mitxelena, quien concluyó manifestando que «es fundamental que este debate se lleve a cabo con toda la información sobre la mesa y con total transparencia porque los oiartzuarras merecen respuestas claras y completas».

Por otra parte, EAJ-PNV de Oiartzun quiere dejar clara su postura respecto al contrato de limpieza y recogida de residuos votado en el mismo pleno municipal. Una vez más, reitera que no está a favor del sistema puerta a puerta y defiende que «existen otras opciones más eficaces, económicas y que respetan la privacidad de los ciudadanos».

Añade que, tras analizar la documentación del contrato, ha identificado «varias carencias y aspectos preocupantes», por lo que votó en contra. A su juicio, el contrato perpetúa el sistema puerta a puerta sin considerar alternativas. «El documento técnico establece que la recogida de materia orgánica, rechazo, papel, cartón y envases seguirá realizándose puerta a puerta. Desde EAJ-PNV consideramos que existen otras opciones más sencillas y económicas para los ciudadanos, que además han demostrado buenos resultados en otros municipios. En lugar de avanzar hacia un sistema más eficiente, este contrato mantiene un modelo que sigue generando problemas», señala.

Además, se opone al uso de bolsas de rafia para plásticos y papel. «El contrato introduce un nuevo sistema de recogida de plásticos y papel en bolsas de rafia, similar al de los contenedores de orgánico. Esta medida no soluciona los problemas del sistema puerta a puerta y sigue generando inconvenientes a los ciudadanos. EAJ-PNV apuesta por la instalación de contenedores para plásticos y papel, ya que es una solución más higiénica, eficiente y accesible», asegura.

También critica la falta de bonificaciones para quienes separan correctamente los residuos. «Actualmente, las únicas bonificaciones existentes son para quienes practican el compostaje. Sabemos que hay excepciones para familias con ingresos bajos, pero en este caso hablamos de otro tipo de incentivos: premiar a quienes reciclan correctamente. Lo lógico sería aumentar la tasa de residuos para quienes generan más rechazo y, a su vez, aplicar descuentos a quienes separan correctamente la materia orgánica y otros residuos. Creemos que este aspecto debe analizarse, y estamos dispuestos a estudiarlo en profundidad cuando se convoque la comisión correspondiente», apunta.

Otro aspecto que le preocupa es el «elevado» coste sin un estudio comparativo previo. Según explica, «el contrato supondrá un gasto de 8,8 millones de euros en cinco años, sin que se haya realizado una comparativa con otros modelos de recogida. Además, se incluye la compra de un camión en régimen de leasing, lo que podría condicionar el sistema de recogida en el futuro. Para evaluar correctamente la viabilidad económica del contrato, consideramos imprescindible analizar alternativas y, una vez más, solicitamos la creación de una comisión específica que compare los costes con otros modelos. Además, en el pleno de octubre se anunció la convocatoria de una comisión para estudiar el sistema de residuos, pero hasta la fecha no se ha realizado. Exigimos que se convoque dicha comisión para abordar este tema con la profundidad que merece» apostilla. Por todo ello, los jeltzales votaron en contra de este contrato.