Pasaia

Vecinos de las casas de Escalerillas reciben demandas judiciales para su desahucio

Según explican, «la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) ha dado un paso más y ha presentado una demanda judicial contra los vecinos no-titulares. Con ello quieren dejar paso libre para derribar lo que ha sido nuestro hogar desde hace 60 años y construir unas nuevas vías de tren en beneficio de los empresarios del Puerto. De esta forma, autoridades portuarias, empresarios y políticos quieren endurecer la ofensiva y comenzar las obras cuanto antes, volviendo a situar el negocio por encima del derecho a la vivienda y asumiendo el desahucio de 12 familias de trabajadores que llevan décadas trabajando para el Puerto».

Los vecinos de Escalerillas, que comparecieron junto con representantes comarcales del Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, también denunciaron que el Puerto de Pasaia ha puesto en marcha «diferentes mecanismos de presión». «Hace unas semanas, los vecinos que tienen la titularidad recibieron una carta de la APP en la que proponían su traslado a otra vivienda propiedad del Puerto. De no aceptar esta alternativa de miseria, la APP les amenazaba con quitarles la titularidad de la vivienda. Lo ofrecido a la minoría de vecinos no es una alternativa real ni digna. Ha querido enviar a algunos de nosotros al edificio de Bonanza, propiedad del Puerto y ubicado en Pasai San Juan, aunque es consciente de que allí viven hoy por hoy varias familias. El puerto ha comenzado los procedimientos para echarlas. Manda a algunos vecinos a la calle para que entren en ella algunos de nosotros. No lo hemos aceptado, hemos dicho que no al Puerto», manifiestan.

Añaden que piden «una alternativa real» para todos los vecinos. «Por lo tanto, no vamos a aceptar ninguna propuesta que eche a otros vecinos de sus casas o que no ofrezca soluciones para todos los vecinos de Escalerillas», subrayan.

Al mismo tiempo, denuncian la actitud de todos los partidos políticos del Ayuntamiento hacia ellos. Recuerdan que el pasado mes de enero asistieron a un pleno para pedir que se responsabilicen de su situación, pero ninguna formación refrendó la moción presentada en contra de los desahucios. Por lo tanto, «ni el Puerto ni las instituciones públicas quieren ofrecer ninguna solución para nosotros, de nuevo el negocio de algunos victorioso y un derecho a la vivienda perdido». Para finalizar, exprensan su intención de seguir luchando por una alternativa para todos los que habitan las viviendas. Para ello, han decidido afrontar judicialmente estas demandas y luchar ante posibles desahucios. «Además, ante la alternativa de Bonanza ofrecida por el Puerto, nos comprometemos a mostrar nuestro apoyo a sus vecinos y a trabajar para que no les desahucien de allí», aseguran.

Menos de veinticuatro horas después de su comparecencia, la APP hacía público un comunicado en el que se refería a las circunstancias que concurren en el proyecto de entrada del ancho métrico en el Puerto de Pasaia, así como la afección de dicho proyecto a las edificaciones portuarias en la zona sur de La Herrera (calle Herrera de Trintxerpe números 10 y 11). En el texto, precisa que en octubre de 2023 aprobó la puesta en marcha de un proyecto de Eusko Trenbide Sarea (ETS) para la entrada del ancho métrico. Este proyecto, que cuenta con un presupuesto total de 5,5 millones de euros, afectará a 4.600 metros cuadrados y permitirá el acceso de trenes de ancho métrico de hasta 250 metros.

«Contribuirá a reducir la huella de CO2 y ayudará a eliminar cerca de 6.000 camiones al año de las carreteras guipuzcoanas. Además, a medio plazo, permitirá que Pasaia sea fin de línea del tráfico de mercancías e incluso facilitará la posibilidad de suprimir el actual trazado del tren que atraviesa Pasai Antxo, con la consiguiente eliminación del viaducto, que conllevará una profunda transformación de la zona en términos de afección medio ambiental y de calidad de vida de los pasaitarras», declara.

Las obras conllevan el derribo de varias edificaciones que albergan en la actualidad 12 viviendas habitadas, cinco empresas y cuatro entidades deportivas. Todas las viviendas se adjudicaron en origen a trabajadores del Puerto, quienes «suscribieron sus respectivos contratos de arrendamiento con una vigencia que estaba vinculada a la continuidad del trabajador en servicio activo en la plantilla de la Junta del Puerto; dicha Junta del Puerto estableció, en este sentido, unas rentas bonificadas a estos inquilinos», explica.

El acuerdo adoptado en 1969 incorporaba el derecho a la prórroga del contrato que, en caso de fallecimiento del arrendatario, alcanzaría a su viuda y huérfanos. También recoge el traslado de sus ocupantes a otra vivienda, bien sea de las construidas por la Junta o bien sea por las construidas por el Patronato de Casas del Ministerio de Obras Públicas. En este sentido, cinco de los 12 vecinos de las viviendas de La Herrera tienen intactos sus derechos como arrendatarios. Los otros siete sin contrato «han continuado haciendo uso de las mismas, pero sin el correspondiente derecho a prórroga».

En lo que respecta a los vecinos con título, la APP les ofreció a principios de 2024 las condiciones acordadas con ETS y reflejadas en el convenio, que incluye una indemnización media de 116.000 euros (una horquilla que va entre 90.000 y 150.000 euros), en función de la edad de los inquilinos. Dos de ellos aceptaron la indemnización mientras que tres la rechazaron. Con posterioridad, y ante la negativa de estos tres vecinos, se les ofreció una alternativa de realojo en viviendas propiedad de la APP en Donibane, propuesta que también ha sido rechazada.

En cuanto a los vecinos sin contrato y ante la ausencia de acuerdo, el proceso está en fase judicial. Han recibido ya la notificación que da inicio al procedimiento judicial para que la APP recupere la posesión de las viviendas. Dentro del proceso, la APP ha actuado de mediador ante la Delegación de Vivienda y el Ayuntamiento para articular soluciones habitacionales, pero «han rechazado esta opción».

Las empresas y entidades deportivas afectadas por el proyecto, todas –salvo una entidad, en espera de confirmar ubicación definitiva– se han reubicado en otros lugares.