Se abre una nueva fase

L a Fiscalía ha solicitado al juez la imputación del BBVA como persona jurídica, lo que conduce el caso hacia una nueva fase de incierto resultado. El banco llevaba un par de semanas tratando de descargarse de su responsabilidad al dirigirla hacia las personas físicas que urdieron la trama. De acuerdo con esta nueva orientación, las contrataciones se habrían hecho para defender a la persona del anterior presidente y no para proteger los intereses colectivos del banco. La iniciativa de la Fiscalía entorpece esa estrategia ya que pide también que no pueda presentarse como perjudicado, cuando está siendo investigado.

La postura del banco tiene mucho sentido y, en algunos casos, es evidente. Decir, como siempre se ha dicho, que la actuación en el 'caso Sacyr' del famoso 'grupo hostil' iba dirigida contra la entidad y en perjuicio de sus accionistas, es una acusación endeble, una vez que el 'grupo hostil' tenía y representaba un número de acciones muy superior al detentado por el consejo de la época en su conjunto. Será más difícil encontrar el perjuicio colectivo en las actuaciones dirigidas a espiar a sus grandes morosos. Aquí es muy probable que los medios empleados sean delictivos, pero no creo que los objetivos buscados -la recuperación de los créditos concedidos- perjudicaran sus intereses.

Es evidente que al banco, a sus directivos, a sus empleados, a sus accionistas y a los organismos reguladores, les interesa salvar la imputación de la entidad. Supone un mazazo para él y para el conjunto del sector, que ya tiene suficientes problemas de reputación como para enfrentarse a uno de esta magnitud. Lo malo es que cuanto mayor sea la responsabilidad descargada de la persona jurídica, mayor será el grado de imputación de la persona o personas físicas que hayan intervenido de una manera u otra en los hechos. El problema se complica cuando comprobamos que muchos de los figurantes del pasado mantienen su presencia en la nómina o en los órganos de administración actuales. Además, si el banco se siente perjudicado por las actuaciones que están siendo investigadas, debería actuar contra quienes las practicaron y hacerlo en defensa de sus intereses. En cualquier caso, la posibilidad de imputar a una persona jurídica se estableció en España en el año 2010, lo que deja fuera (solo en esto) al 'caso Sacyr', que sucedió antes.

El cortafuegos con el pasado llega tarde, pero es necesario. Más aún es imprescindible. Pero si los actuales rectores del banco se deciden a implantarlo, deberán talar muchos árboles a uno y otro lado del mismo. ¿Están dispuestos a hacerlo? ¿Cuántos árboles talarán y quiénes serán los elegidos? Supongo que todo eso será objeto de profundo y delicado debate. Una última pregunta: ¿Cómo es posible que las imputaciones judiciales -ya veremos si el juez las acepta- hayan llegado antes de que se pronuncien los órganos internos del banco, los encargados de su buen gobierno y de la aplicación de los severos principios éticos que ellos mismos impusieron? Difícil de creer y más aún de aceptar. ¿No han visto nada reprobable, que llamara su atención, allí donde la Fiscalía ve graves delitos? Sorprendente.