Menores migrantes y cooperación autonómica

Como a lo largo de esta legislatura, que cumplirá su ecuador cuando finalice el actual periodo de sesiones, tampoco en este asunto ha sido posible no ya una coincidencia en las posiciones de los distintos partidos, lo que no tiene nada de malo en un sistema que se asienta sobre el principio del pluralismo, sino siquiera una cooperación entre quienes intervienen en el tratamiento y la búsqueda de soluciones, lo que sí plantea algunos problemas. Sobre todo, teniendo en cuenta que no se trata de una cuestión que podamos considerar coyuntural sino que constituye un elemento estructural de nuestra vida social y seguirá siéndolo en el futuro con mayor fuerza.

En relación con la distribución de los menores migrantes, no hay posibilidad alguna de avanzar si no existe una actitud cooperativa por parte de quien tiene capacidad de decisión en la materia. En este caso entre el Estado y las comunidades autónomas, al ser estas las entidades a las que constitucional y estatutariamente les corresponde el protagonismo principal. A lo que habría que añadir la colaboración de las formaciones políticas que, tanto en el ámbito autonómico como en el estatal, ocupan una posición que les otorga capacidad decisoria.

No hay muchos motivos para ser optimista a la vista de cómo se vienen desarrollando las cosas en este terreno. Ya la última cumbre de presidentes autonómicos auguraba la poca predisposición al acuerdo, lo que la práctica desarrollada posteriormente ha confirmado. Por otra parte, que la propuesta de distribución de menores haya sido presentada como producto de un pacto con Junts (esa ha sido la percepción generalizada) no ayuda a asumir en común por todos los afectados el acuerdo migratorio. Y ello sin entrar en el dudoso acierto de acordar asuntos migratorios con una fuerza política cuya posición al respecto es cuestionable.

Si además un asunto que, como muestra la experiencia no solo aquí sino también en el resto de Europa, tiene efectos altamente polarizadores es utilizado como instrumento de confrontación interpartidista y, en especial, para hacer oposición como viene ocurriendo, las posibilidades de alcanzar acuerdos inclusivos son prácticamente nulas. Solo si se asume de forma generalizada, pero en particular por quienes tienen capacidad decisoria a escala estatal y autonómica, una actitud de cooperación entre el Estado y las autonomías sería factible adoptar medidas efectivas y viables para distribuir razonablemente entre los territorios a los menores migrantes.

En todos los Estados organizados sobre la base de la distribución territorial del poder político, el principio de cooperación entre las entidades que lo integran opera como el factor articulador de las relaciones entre los entes territoriales y el Estado. Este modelo, que ha tenido plasmación en algunas experiencias conocidas, en particular en Alemania bajo la denominación de 'federalismo cooperativo', es de especial aplicación en situaciones en las que la colaboración autonómica sería la vía más factible y efectiva para llevar a cabo la distribución de los menores migrantes que ya están en nuestro país y que, sin duda, van a seguir llegando.

Los problemas que plantea la acogida de la población migrante (no solo los menores) no van a desaparecer con la convalidación del decreto ley. Baste recordar que está en tramitación, congelada desde hace tiempo, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de centenares de miles de personas que también esperan que se normalice su precaria situación.

El problema sobrepasa ampliamente las fronteras, las autonómicas y las estatales, es común a todos los países de nuestro entorno en Europa. Abordarlo desde una perspectiva inclusiva, que por lo que a nosotros respecta requiere una actitud cooperativa por parte del Estado y las autonomías, es la vía mas adecuada para proporcionar salidas viables a la población migrante, en especial si son menores. Y también, conviene no olvidarlo, para los que no somos migrantes.