Trump, impulsor de la industria de defensa europea

Dos son los avances más significativos en estos últimos tiempos. El primero de ellos es poner de manifiesto que no somos capaces de tener una defensa propia ante escenarios exigentes de enfrentamiento militar, con lo que esto supone de riesgos para el conjunto de la sociedad europea. La disuasión aquí es fundamental y para ello incrementar las inversiones en defensa es la condición necesaria, que no suficiente. De ello se deriva la importancia de incrementar el esfuerzo en defensa para la generación de las capacidades militares necesarias.

Surgen con relación a este punto varias cuestiones sobre cómo adquirir estas capacidades. Las opciones son fundamentalmente tres. Por una parte, importarlas de terceros países, lo que puede ser relativamente positivo si se pudieran conseguir en un tiempo breve. No es el caso en las actuales circunstancias, por la enorme demanda existente y la reducida capacidad de producción general de las empresas de defensa. La segunda vía se refiere a producir cada país europeo lo que ya viene haciendo. Esto mantendría la situación actual de fragmentación del mercado, en la que cada miembro de la UE es una unidad, pero hay aún escasa colaboración entre ellos para favorecer cada uno su propia industria de defensa. La tercera opción es poner de acuerdo a los países, al menos a algunos, para generar, producir y adquirir capacidades netamente comunitarias. Este último punto es el que quiere impulsar la Comisión Europea.

¿En qué posición se encuentra la industria española en este contexto? ¿Qué puede aportar al conjunto europeo y de la OTAN y qué capacidades industriales posee o puede llegar a tener? No son preguntas sencillas de responder debido a la complejidad del sector y de las tecnologías que se utilizan, junto a su carácter fuertemente estratégico y los enormes tiempos necesarios para desarrollar muchos de los sistemas y dotar a las fuerzas armadas de los instrumentos necesarios para generar seguridad y disuasión.

A grandes rasgos, la industria española de defensa posee un núcleo de muy pocas empresas tractoras con capacidad para construir plataformas –barcos, carros de combate, aviones– y ensamblar en ellas otros sistemas altamente técnicos y tecnológicamente sofisticados. Para ello se nutre de subcontratistas y de una amplia cadena de suministros, tanto nacional como internacional. Una parte de los subsistemas son importados, algunos de ellos críticos para la defensa; sería el caso del sistema Aegis, de las fragatas, adquirido a EE UU. Otros se producen por compañías nacionales con capacidades tecnológicas relevantes. En términos netos, las exportaciones de las empresas españolas son superiores a las importaciones, por lo que generan un saldo comercial claramente positivo.

Hay dos motivos en los que se asienta la importante situación exportadora de la industria. Uno es la limitada capacidad de compra por parte del Ministerio de Defensa, ya que dados los reducidísimos presupuestos que ha tenido históricamente está obligado a buscar mercados exteriores a las empresas del sector si estas quieren sobrevivir. El segundo es el nivel tecnológico de sus compañías, que les otorga la disposición para competir en los mercados internacionales.

Una última cuestión es qué aporta en términos económicos esta industria a la economía española. No se trata de ofrecer multitud de cifras, pero sí de poner algunas cuestiones en contexto. Así, cada euro que se invierte en defensa, aporta entre 2,1 y 2,3 euros en términos de generación de empleo, retornos fiscales, valor añadido, entre otros capítulos, por lo que el impacto económico es relevante. En definitiva, como se trata de una parte importante y estratégica del tejido industrial desde diversas perspectivas, parece necesario desplegar políticas orientadas a su desarrollo. Más aún cuando impulsa tanto la generación como la absorción de tecnologías duales –civiles y militares–. Ambos son factores de crecimiento, como nos han demostrado la experiencia y la teoría económica.