Choque entre gobierno y obispos por la pederastia

La respuesta de los obispos ha sido de una rapidez y contundencia inusitadas: en aquel encuentro ya se habría manifestado la «disposición» de la Iglesia a «colaborar en los ámbitos de su responsabilidad, pero siempre en la medida en que se abordara el problema en su conjunto ya que no se pueden plantear medidas de reparación que, siguiendo el Informe del Defensor del Pueblo, acabarían dejando fuera a 9 de cada diez víctimas». ¿Cuáles son las cuestiones de fondo de este enfrentamiento? Tras haber leído los tres Informes al respecto creo que, básicamente, dos.

La primera, sobre el criterio que se ha empleado para cuantificar la cifra de víctimas de la pederastia, tanto eclesial como social. En el Informe del Defensor del Pueblo, a la vez que se recabaron 487 testimonios, se encargó una encuesta a GAD3 para «determinar la prevalencia del fenómeno de los abusos sexuales y poder situarlo en el contexto de la problemática general de la violencia sexual contra la infancia». A partir del sondeo sociológico realizado, hubo medios que extrapolaron los porcentajes sosteniendo que las víctimas en el ámbito religioso vendrían a ser 440.000. Fue una extrapolación que Narciso Michavilla, director de GAD3, calificó, pocos días después, de «delirio estadístico».

El Informe Cremades & Calvo Sotelo, por su parte, propuso, a partir de «denuncias creíbles», «una estimación» según la cual habría habido un «mínimo de 2.056 víctimas» eclesiales. Finalmente, la Conferencia Episcopal Española defendió en el suyo propio que hablaba la existencia de 806 denuncias de las que 205 estarían probadas. Y concluyó que la pederastia en la Iglesia era, comparativamente con la existente en el conjunto de la sociedad «muy escasa o cuasi-residual». Por tanto, el problema, era, ciertamente, eclesial, pero, sobre todo, social. Y, por ello, la responsabilidad mayor correspondía a los líderes políticos y a las instituciones públicas.

Creo que son estas diferencias de criterios y cifras las que explican que los obispos hayan objetado al Gobierno que «la Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales». Y no lo puede aceptar porque «parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia que realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, da por bueno un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado. Al centrarse sólo en la Iglesia católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones». Y también considero que son estas diferencias las que explican que monseñor Luis Argüello indicara el 23 de abril, a través de su perfil en la red social X, que «la Iglesia no quiere que el Estado asuma su responsabilidad económica, moral y espiritual con las víctimas de abusos ni que el Gobierno regule lo que no le corresponde».

Pero también hay una segunda cuestión de fondo que, lamentablemente, está siendo ignorada por los obispos y que les atañe tanto o más que todo este asunto de diferenciados criterios, cifras y competencias y que, por lo que he leído, visto y oído, no ha aparecido nunca en sus labios, al menos, hasta el presente: la denuncia, también formulada por el Defensor del Pueblo, de que la pauta habitual de la Iglesia, «al menos a nivel oficial», ha sido la minimización o negación del problema, algo particularmente grave, vista «su aspiración a ejercer un liderazgo moral». Y que, por ello, la Iglesia católica está necesitada de «un cambio estructural (...) en la línea de lo que han reclamado los informes emitidos en otros países». Me gustaría escuchar alguna palabra –autocrítica y propositiva al respecto– por parte de los obispos y de su presidente. Y que fuera tan rápida y contundente como la escuchada estos días sobre cifras, criterios y competencias. Me temo que estoy pidiendo un imposible.