Colombia y Chile, dos encrucijadas

El Estado de Derecho en Colombia está fracturado por la exclusividad, derechos adquiridos e intereses de las élites que utilizan los sucesivos gobiernos para mantener e incrementar sus privilegios y para incumplir tenazmente compromisos y pactos relativos a los principios fundamentales de organización del Estado y las garantías a los derechos ciudadanos. Compra, sometimiento y eliminación de fuerzas contrarias han afectado a los contrapesos de su democracia tal y como reflejan las masacres, desplazamientos forzados, el robo de tierras, el exilio de miles de jóvenes, asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales y corrupción absoluta de décadas recientes.

Estas élites consideran a Petro un 'arribista de tercera' al que desprecian y de ahí sus críticas, memes, falsedades y moralismos rancios constantes sobre una figura que no respetan y que les ha 'robado' su lugar. La sociedad colombiana ha detectado esto y también la necesidad de cambios estructurales radicales de largo alcance para salir del túnel en que se encuentra. La elección del denominado con desprecio 'arribista' generó un gran entusiasmo en toda América, ya que por primera vez la izquierda llegó al Ejecutivo, desplazando a los partidos tradicionales y cerrando el paso a unos grupos que representaban a la oligarquía terrateniente ligada a los grupos de autodefensa y a los paramilitares. Después de nueve meses de Gobierno de coalición con el Partido Liberal, en los que no se pudieron llevar a cabo ni la reforma agraria, ni la de la sanidad, ni otras reformas sociales, Petro decidió cambiar el Gabinete, destituyendo a los ministros liberales y nombrando otros afines.

¿Hasta dónde llegará el 'Gobierno de la esperanza', como lo llaman? No lo sabemos, pero Petro está dejando patente con sus decisiones y acciones que tiene el propósito de introducir cambios institucionales y reformas socioeconómicas. Colombia vive una profunda transición que involucra diversos matices y dimensiones del sistema cultural, económico, político y social de la nación.

Algo parecido se esperaba del Chile de Gabriel Boric tras su victoria en las elecciones de 2022, pero el aplastante triunfo de la extrema derecha pinochetista en las elecciones del domingo, tras unos meses de escasa actividad gubernamental, supone un lastre que traerá consecuencias para la sociedad chilena en un corto periodo de tiempo. En el año del 50 aniversario del golpe de Estado de Augusto Pinochet, el escenario político chileno da la vuelta. El Partido Republicano de José Antonio Kast obtuvo un triunfo tajante en la elección del Consejo que deberá a partir del 7 de junio redactar la propuesta de Constitución que supere la emanada de la dictadura, redactada en 1980 y con 63 reformas en su haber.

La mayoría de los chilenos votaron a un nuevo partido que ha crecido gracias a un discurso basado en la defensa de la patria, el orden y el control de la inmigración, y dieron lugar al contrasentido paradójico de que quienes siempre se habían negado al cambio constitucional tienen ahora en sus manos la posibilidad de mantener la Constitución pinochetista 'sine die'. El fracaso del centroizquierda es patente. Más debacle que fracaso, ya que casi ha desaparecido, deberá realizar un análisis profundo del porqué de estos resultados.

La frustración y el desengaño del camino que inicia Chile por las promesas reformistas incumplidas no es una realidad en Colombia y parece difícil que lo sea. Petro no es Boric y, con más o menos acierto, está dando pasos hacia el futuro. Boric ha estado más que parado, paralizado, y estas son las consecuencias.