Nire aitaren etxea

La casa del padre ha contado tradicionalmente con una poderosa simbología en el imaginario cultural vasco. Un lugar que defender, donde protegerse de las amenazas y los peligros del exterior. Pero hoy Euskadi debe defender la casa de sus hijos, y no de una amenaza exterior, sino de la evolución misma de una sociedad moderna que transita –como buena parte de las urbes europeas– hacia un esquema individualista en el que la mayor parte de sus miembros viven solos la mayor parte de su prolongada vida, y la población crece básicamente a costa de un saldo migratorio positivo del que dependemos para nutrir nuestra base productiva, el sistema de cuidados y el modelo público de pensiones. Casi nada.

No me detendré en el diagnóstico del tensionamiento porque está sobradamente descrito, pero baste decir que el número de hogares crece a mayor velocidad de lo que lo hacen las nuevas viviendas. La construcción de vivienda –protegida y libre–, los alojamientos dotacionales, la movilización de viviendas vacías, la segregación de pisos o la conversión de lonjas comerciales en viviendas no alcanzan el ritmo necesario para nutrir una demanda que no tiene visos de disminuir. Y el desequilibrio del mercado da lugar a un incremento inasumible de los precios para la clase media vasca. Encuentro a diario un amplio consenso sobre este juicio entre todo tipo de agentes implicados en la compleja cadena de valor de la vivienda.

Euskadi ha hecho muchas cosas bien en las últimas décadas en materia de vivienda, y seguimos siendo referentes en políticas de suelo, de vivienda en alquiler y con protección permanente, así como en materia de prestaciones económicas asociadas al derecho subjetivo, entre otras pioneras iniciativas. Pero también a nosotros nos ha superado la demanda. Por eso necesitamos revisar algunas de nuestras apuestas con sentido crítico y sensibilidad hacia las capas más vulnerables que padecen esta insuficiente oferta. Contamos con suelos capaces de albergar 75.000 viviendas protegidas, pero la mayor parte de ellos se encuentran inmovilizados por razones burocráticas y de viabilidad financiera. Ese no es un estado de cosas que nos podamos permitir, por exquisitos que queramos ser en nuestras ortodoxias.

La evidencia muestra que determinadas exigencias urbanísticas dificultan demasiados desarrollos urbanísticos en nuestro país. Esta es una verdad incómoda de asumir, pero el Gobierno tiene prohibido ignorarla si quiere poner el problema en vías de solución y ofrecer esperanza a amplios sectores de la sociedad tentados de tirar la toalla.

La Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda y urbanismo que estamos preparando para que el Parlamento nos ayude a atajar esta situación aborda la procelosa tramitación que demora en más de un lustro la preparación de los suelos para tornarlos finalistas, así como los porcentajes de vivienda protegida en suelo urbanizable que han retraído la inversión. Por contradictorio que pueda parecer, aspiramos a construir mucha más VPO permitiendo que los consistorios que lo requieran puedan modular los umbrales para hacer viables operaciones que hoy están bloqueadas y sin expectativa alguna de reactivación. Se requiere una acción decidida y rápida para cambiar esta peligrosa tendencia, por eso también vamos a reducir plazos en lo procedimientos asociados al urbanismo, a la contratación y a las licencias de construcción. No se trata de reducir garantías jurídicas, pero sí de evitar que estas asfixien el desenvolvimiento de una actividad sometida ahora a un víacrucis incompatible con la emergencia habitacional que tanto se invoca.

A la vez vamos a adoptar medidas para incrementar nuestro parque de alojamientos dotacionales actuando sobre edificios públicos de VPO en los que autorizaremos hasta dos levantes, dando lugar a 2.000 nuevos alojamientos, que son tantos como los que tiene construidos y planificados el Gobierno Vasco hasta la fecha; vamos a contar con un mecanismo que permita nutrir de manera sistematizada una reserva estratégica de suelos en manos del Ejecutivo que permita planificar futuros desarrollos; y vamos a garantizar que los límites de precios de alquiler se cumplan en zonas tensionadas.

La frustración y la resignación que acumulan los demandantes de vivienda, ayuntamientos, arquitectos y promotores, por mencionar algunos de los agentes más afectados por este gran atasco, merecen nuevas respuestas. Y nos proponemos darlas bajo la máxima de que si queremos obtener resultados distintos y ofrecer una salida a toda una generación –la de nuestros hijos y sobrinos–, no podemos seguir haciendo lo mismo.