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Errenteria es desde ayer el primer municipio vasco que pone límites al precio de los alquileres al declararse zona tensionada. La medida nace coja aún por la falta de un listado vasco de precios de referencia pero se convierte en una pieza de enorme significado ... político y simbólico en el endiablado puzle que se ha convertido este asunto, bajo la atenta mirada de una opinión pública exigente y sensibilizada con la carestía de los pisos. Convendría observar la puesta en marcha de la iniciativa en un contexto de grave preocupación social por el problema de la vivienda, que afecta a las nuevas generaciones de una forma determinante y que obliga a las instituciones públicas y al sector privado a redoblar los esfuerzos para paliar las consecuencias de esta realidad. El asunto se ha convertido en una prioridad política en Europa y las instituciones intentan ofrecer soluciones. Y Euskadi no es una isla. En este caso, la declaración de zona tensionada es una propuesta que necesita someterse a la prueba del ensayo y del error antes de fijar una posición categórica. El tiempo va a ser determinante para confirmar si es eficaz o, por contra, si resulta contraproducente. La complejidad del problema aconseja la cautela y huir de los eslóganes y de las consignas apriorísticas. El control de precios no solo va a depender de las decisiones de la Administración sino de un elenco de medidas que incentiven sacar los pisos al mercado. Ni en el País Vasco ni en el resto de España ha existido la tradición en favor de los parques públicos de vivienda de alquiler y aún queda mucho camino que recorrer si se pretende equipararnos con la media europea. No hay soluciones milagrosas ni panaceas. La voluntad política es necesaria, pero resulta insuficiente si no va acompañada de una estrategia multidisciplinar y a muy largo plazo que haga viable las actuaciones y que se fundamente en un principio de seguridad jurídica. Resulta una simplificación absurda establecer una línea divisoria y demagógica entre propietarios e inquilinos, porque cualquier política seria de vivienda sólo es viable desde la concertación de intereses y un inteligente equilibrio que permita trabajar al sector público y al sector privado en la misma dirección. El voluntarismo puede ser una reacción comprensible cuando la preocupación aprieta pero el objetivo no es tranquilizar conciencias ni ganar relatos ideológicos sino que determinadas apuestas ofrezcan resultados eficaces a la mayoría social.
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