Un fiscal general mejorable

García Ortiz ha alegado su obligación de mantenerse imparcial en el debate público sobre la ley de amnistía y el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez suscrito entre el PSOE y Junts que señala la existencia de 'lawfare' en el enjuiciamiento de los actos del procés. Tanto el amparo solicitado por sus subordinados que intervinieron en esos procedimientos como las críticas de fiscales anticorrupción han recibido la misma respuesta por parte de quien, de nuevo, es su superior jerárquico: imparcialidad hasta que se sustancie la amnistía como ley y compromiso con la autonomía de la Fiscalía, mientras sus decisiones más relevantes han contado con el parecer opuesto de la mayoría del Consejo Fiscal.

«Es un fiscal de carrera que goza de la confianza del Gobierno para continuar», sentenció ayer la ministra portavoz, Pilar Alegría, que calificó su trayectoria de «impoluta». Dos expresiones poco afortunadas. Su ejecutoria ha sido tan contestada que solo recurriendo a la divisoria partidaria puede presentarse como intachable. En tales condiciones, que goce de la confianza del Gobierno no supone precisamente un aval de imparcialidad, algo a lo que el fiscal general se debe con arreglo a la Constitución. Sería razonable reforzar la independencia de esta figura con un sistema de elección que no dependa en exclusiva de la voluntad del Ejecutivo de turno.