El nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, tomó ayer posesión del cargo que deberá compaginar con las tareas de Presidencia y de Relaciones con las Cortes. Una encomienda que lo convierte en el fiel de la balanza de los equilibrios entre el Poder Ejecutivo, el ... Judicial y los grupos parlamentarios, incluidos los que han apoyado la investidura de Pedro Sánchez. Su toma de posesión coincide con una sucesión de reveses que afectan directamente al Gobierno. La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado por unanimidad el ascenso de Dolores Delgado, exministra de Justicia y exfiscal general, a fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera. La contundente resolución establece que tal nombramiento, aprobado en octubre de 2022, constituye una «desviación de poder» y no atendió a razones de mérito, como es obligado, sino al simple deseo de promocionar a la afectada tras su salida del Ejecutivo. Queda ahora en el aire la posibilidad de que el fallo –un varapalo para el máximo responsable del ministerio público, Álvaro García Ortiz– acabe invalidando su actual destino como jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
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Mientras tanto, jueces y fiscales siguen manifestando inquietud ante los acuerdos partidarios en que se sustentó la investidura del presidente. La proposición de ley de amnistía, tras la mención al 'lawfare' en el pacto entre el PSOE y Junts, despierta más que recelos sobre las intenciones del Gobierno respecto a la independencia de la Judicatura. Además, la muy controvertida actuación del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón al trasladar al Supremo la investigación sobre el caso Tsunami y pedirle que investigue por un presunto delito de terrorismo a Carles Puigdemont y Marta Rovira podría desajustar los planes de la legislatura. Pero en eso consisten los contrapesos de la división de poderes. En que los objetivos de las fuerzas políticas, por legítimos que sean, no discurran a expensas de una impunidad dictada por encima de las leyes vigentes. El Ejecutivo no puede alegar ante Bruselas que se trate de cuestiones meramente domésticas.
La multiplicidad de crisis a las que debe enfrentarse el ministro Bolaños reclama de él todo menos recurrir al BOE para embridar al Poder Judicial reformando su ley orgánica en sentido opuesto a las indicaciones de la UE.
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