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La Comunidad Valenciana, y con ella el conjunto del país por la envergadura de la DANA acaecida hace casi seis meses, está pendiente de una ... doble reconstrucción. De una parte, la destinada a resarcir a todos los damnificados por una catástrofe natural sin parangón, con el padecimiento irremediable de las familias de las 228 víctimas mortales; a recomponer el territorio físico y emocional horadado por la brutal riada; y a acometer todas aquellas intervenciones que sean precisas para acotar peligros futuros. De otra, hay una reconstrucción, también ineludible, para discernir la verdad de lo que ocurrió en aquellas terribles horas de muerte y desolación, determinar qué hizo cada una de las autoridades concernidas –con la competencia al frente de la Generalitat– y depurar las eventuales responsabilidades, judiciales y políticas. El resultado final de la DANA se dirime, así pues, en esos dos escenarios llamados inevitablemente a entrecruzarse, pero que deben compartir un objetivo común: reparar en lo posible el desgarro humano y el destrozo material causados por la virulencia de una tormenta cuyas devastadoras consecuencias ya se sabe que pudieron haberse mitigado –a ello ha apuntado la jueza de Catarroja– con una intervención más consciente, diligente y coordinada de quienes estaban interpelados a actuar.
A la instructora le corresponde escribir esa verdad judicial en primera instancia, decidir si persevera en las imputaciones de la exconsejera Salomé Pradas y el exsecretario de Emergencias Emilio Argüeso y si las amplía o no. Pero mientras ella dilucida, los responsables institucionales han de priorizar el bien común de los valencianos, con el mandato insoslayable de cooperar mientras las circunstancias judiciales o políticas no varíen. Mandato que interpela, antes que a nadie, al president Carlos Mazón, urgido a sacar adelante la reconstrucción tras haberse poco menos que evaporado en el trance en que su ciudadanía más precisaba de su presencia. Y llamado a preservar un respeto a la Generalitat que dirige que evite gestos interesados como emplazar a Pedro Sánchez a reunirse en el Palau, a modo de legitimación encubierta de un liderazgo, el suyo, en la picota. Pero los dislates de Mazón no eximen al Ejecutivo de Sánchez ni de conducirse con cautela ni de su debido compromiso con los valencianos. La obligatoriedad de que las víctimas sepan la verdad le atañe, lo que incluye fiscalizar, también, la respuesta de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
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