El efecto contagio de la DUI y la cuarentena del 155

Ni el PNV ni Podemos han respondido aún a esta pregunta elemental. Aunque no pierden oportunidad para atacar a Pedro Sánchez y desorbitar el alcance del 155. No estamos ante un 155 que, según Aitor Esteban, portavoz del PNV, «se aplique de modo tan amplio y extensivo que se carga el Estado de Derecho». Tampoco justifica el boicot del PNV y otros a asistir a la Comisión especial del Congreso para dialogar y estudiar soluciones al modelo autonómico y al conflicto en Cataluña.

La vieja estrategia de ambigüedad del PNV vuelve a aflorar y dicen que lo hace para no dejar el espacio electoral soberanista a Bildu. A quién creer: ¿Al Lehendakari Urkullu y su discurso más razonable o a la dirección del PNV que compite con Bildu en declaraciones para legitimar la pseudoconsulta del 1-O y exigir un derecho de autodeterminación como si se estuviéramos en Kosovo o en Osetia del Sur ?

Euskadi necesita menos contagio y más estabilidad y clima de confianza tras los años del terrorismo y la aventura Ibarretxe. Pero no son suficientes las declaraciones de Urkullu frente al PNV de las manifestaciones en las calles, los acuerdos en Juntas Generales de Gipuzkoa y Parlamento Vasco que se suman a la campaña de mociones en los municipios para reconocer el proceso independentista catalán, DUI incluida. Todo ello de la mano de Bildu y con apoyos de Podemos. Por si faltara algo, la ambigüedad del PNV compagina pactar con Rajoy los Presupuestos de España del 2017 y gobernar en coalición con el PSE. ¿Centralidad politica o partido atrapalotodo?

El PSOE ha tenido que afrontar la crisis de Cataluña sin escapismo y consciente de la gravedad de un problema que afecta a un elemento esencial del Estado: su integridad territorial atacada por un proceso inédito de secesión unilateral. En esta cuestión trascendental, lo mismo que en la lucha contra el terrorismo, el PSOE es partidario de acuerdos responsables para defender el Estado de Derecho con la Constitución como centro del bloque de legalidad.

El nuevo proyecto socialdemócrata surge con vocación de gobierno y practica una oposición con sentido de Estado. Por eso hubiera sido un error que la izquierda se desentendiera y dejara como patrimonio exclusivo de la derecha la defensa de la Constitución, la integridad territorial y las instituciones comunes. Aunque los socialistas estamos empeñados en someter lo anterior a una reforma constitucional de consenso como conclusión de un compromiso con el diálogo transversal, la participación y la máxima trasparencia.

Rajoy tenía otra visión sobre la dimensión del 155 pero Pedro Sánchez concluyó que había que poner condiciones a su desarrollo. De ahí su insistencia en agotar antes las vías de diálogo, pedir gradualidad, proporcionalidad, convocatoria inmediata de elecciones en Cataluña, no intervenir en la tutela de los medios públicos de comunicación como TV3 y utilizar la Policia en última instancia con prudencia y máxima inteligencia. Son los Mossos quienes han de asumir las tareas de orden público, sin olvidar la exigencia de que la Fiscalía General actúe sin precipitación y de pasos con seguridad jurídica.

Las diferencias del PSOE con el PP son insalvables en políticas sociales, en la defensa de las libertades y de una democracia participativa, en la regeneración institucional frente a la corrupción, en la concepción de un Estado de Derecho que ha de recuperar la credibilidad y en el modelo territorial para una España federal y plurinacional.

No olvidemos que el PP, con su estrategia irresponsable en la calle contra el Estatut de Maragall en 2006, lo mismo que Rajoy con una actitud inmovilista cerrada a la negociación y con falta de visión política durante años, han dejado pudrir el conflicto y han ofrecido con los casos de corrupción y sus políticas antisociales la imagen de marca más rechazable de España. Por tanto, la solución para reducir la desafección entre Cataluña y el resto de España, también pasará por desalojar al PP de La Moncloa.

Pero ni los errores del PP, ni las cargas brutales de la policia el 1-O, consecuencia una estrategia de intervención equivocada, justifican en absoluto la deriva secesionista del Govern que ha aprobado una larga lista de actos y decisiones ilegales, atacando la Constitución, despreciando en pseudoconsultas las reglas y garantías del juego democrático y provocando la fractura de la convivencia ciudadana.

Puigdemont y Junqueras han liquidado el autogobierno con las decisiones en favor de una independencia exprés adoptadas en un Parlament secuestrado. También han provocado graves incertidumbres económicas al situar a Cataluña en un limbo legal, abusando del relato victimista y de ensoñación que han construido para movilizar el apoyo de un 39% de la sociedad, sin importarles la frustración que van a generar. Las elecciones convocadas con urgencia para el 21-D, como desea el 70% de los catalanes, constituyen una buena decisión para acortar al máximo la vigencia del acuerdo del Senado en desarrollo del 155, aunque no son, en si mismas, una garantía para solucionar esta crisis de Estado y la división de la sociedad civil. Las claves son un Pacto de Estado para Cataluña que preconiza Iceta y una reforma Constitucional empujada por Pedro Sanchez.