Escocia y el dilema europeo

Se celebró el referéndum, legal y pactado, y la opción favorable a la independencia no logró su objetivo. Entre los factores que contribuyeron al rechazo en el referéndum de la propuesta de secesión de Escocia tuvo fuerza el temor de sus habitantes a que la separación del Reino Unido les dejara fuera de la UE.

Durante la campaña de dicho referéndum se presionó desde muchas instancias (incluido el Gobierno español, que podía además, como los demás Estados Europeos, imponer su veto a la futura nueva adhesión) para dejar claro que la independencia de Escocia del Reino Unido provocaría su salida inmediata de la UE y que una Escocia independiente tendría que solicitar el ingreso en la UE como tercer Estado, con los consiguientes peligros e incertidumbres para la economía de la región y el bienestar de sus habitantes. ¿Qué factor ha sobrevenido ahora? El Brexit, que el pueblo escocés rechazó de forma abrumadora y que una vez materializado ha reabierto un nuevo proceso de reflexión en la ciudadanía escocesa.

Desde Londres, Michael Gove, ministro responsable de coordinar la acción del Gobierno en las autonomías, ha afirmado tras las elecciones que no acudirá a los tribunales si el nuevo Parlamento escocés aprobase una ley para convocar un nuevo referéndum sobre la independencia. Y ha señalado que Escocia «puede, por supuesto,» abandonar Reino Unido, «mediante un referéndum legal que permita a su población elegir». Es una estrategia política más inteligente que el victimismo y la cerrazón mostrada hasta ahora por Boris Johnson.

El respeto a las reglas del juego democrático por parte de todos los actores involucrados y su compromiso con los medios exclusivamente pacíficos y democráticos para plantear y gestionar sus demandas políticas es una condición básica en la gestión democrática de los conflictos en torno a la soberanía. Y existen, sin duda, razones de peso para consultar de nuevo a la ciudadanía escocesa; el precedente de 2014 juega a favor de una nueva consulta al haberse alterado de forma radical las circunstancias en las que la misma se celebró. El interrogante de partida es claro y se concreta en determinar si un hipotético Estado escocés, en el momento de constituirse como tal y de solicitar su integración en la UE, quedaría dentro o fuera de la Unión y, en este último caso, qué vías existirían para tratar de reincorporarse a la UE.

¿Abrirá Europa la puerta a un independentismo que quiere seguir en la casa común?; ¿cómo se posicionará ante esta circunstancia sobrevenida que podría conducir a que un Estado (Reino Unido) se haya ido voluntariamente de la UE y otro Estado (Escocia) que eventualmente adquiera tal condición tras desgajarse del que se va llame a su puerta para solicitar ser admitido como miembro de pleno derecho de la UE? Tal y como establece el artículo 49 del TUE, para ser miembro de la UE hay que ser «un Estado europeo» y compartir los valores fundamentales que inspiran el nacimiento de la Unión. Entre estos valores se exige el respeto y el compromiso de promoción del respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Escocia cumple todas estas premisas.

Y Europa, caso de producirse tal mayoría social clara a favor de la secesión, deberá estar a la altura de las circunstancias, porque negar una realidad democrática invocando las propias normas de la UE supondría en realidad desvirtuar la esencia del propio proyecto europeo. Un hipotético derecho de veto a la entrada de Escocia en la UE anteponiendo intereses geopolíticos a la democracia transnacional europea dinamitaría la base democrática de la UE.