Estabilidad política para empleos dignos

Porque es en este escenario donde se ponen a prueba las políticas útiles y el sentido de Estado. Donde se miden las iniciativas que atienden lo urgente y diseñan el futuro, frente a los eslóganes efervescentes y nostalgias de un pasado que no puede volver. Donde se enfrentan el alineamiento con Europa o el sálvese quien pueda. Donde confrontan los datos de una recuperación consistente tras una crisis brutal, con la inseguridad y la desestabilización.

No conviene olvidar que estamos transitado una hoja de ruta transformadora, que diseñamos con el resto de europeos, que el Gobierno de Pedro Sánchez traslada a España y que pisa tierra en las empresas y en las comunidades autónomas que quieren sumarse a ella. La que pone las bases para un país en el vamos a vivir más años y de forma diferente, nos vamos a mover de forma distinta, nuestros hogares van a ser más eficientes. Y esos cambios, ese mundo nuevo en construcción, va a requerir empleos nuevos, distintos, con nuevos perfiles y miles de oportunidades, y que deben de ir generándose con más calidad.

Esa es la convicción en la acción de un Gobierno que ha permitido vencer la resignación y contradecir todos los pronósticos. Son los hechos: una recuperación del empleo que permite superar los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social en el conjunto de España, una cifra histórica a la que camina también Euskadi, con 982.000. Un espacio de diálogo social que ha permitido sembrar de acuerdos la protección del empleo ante el desafío de la crisis pandémica: eso son los ERTE, que en Euskadi hemos sabido completar para quienes tienen ingresos más bajos; y eso es la reforma laboral, que está revirtiendo de forma radical el lastre de la temporalidad.

De esto rendimos cuenta en los gobiernos. De la realidad de la política útil. Y si hoy los análisis de futuro se están reinventando, si ya no se pueden utilizar las viejas teorías económicas porque los hechos los desmienten, sí sería bueno que se basen en los hechos en lo que resuelve los problemas de miles de personas concretas y no las cuitas internas de liderazgos en algunos partidos.

Euskadi y España no habríamos podido superar la última crisis y diseñar el futuro si no tuviéramos la confianza en los gobiernos. Y ese intangible que es imprescindible para avanzar, esa confianza, se mantiene intacta, incluso en la revisión permanente de previsiones: bajan las expectativas, pero España es el país con mejores perspectivas, y Euskadi a la vez coloca con solvencia su deuda pública entre los inversores internacionales. Eso es lo que permite que las empresas hayan podido mantenerse y progresar, y ahora presenten balances económicos que nadie habría pensado hace dos años.

Es innegable el tremendo tsunami económico que vivimos. Sería una temeridad negarlo y no adoptar medidas para impedir el desastre. Pero es una temeridad aún mayor pregonar recetas que debilitan lo público, que suponen desinvertir en empleo, desinvertir en las empresas y desinvertir en cohesión social. Y esa es precisamente la apuesta de quienes cambian su marca del partido por la marca de bajar impuestos: no invertir ni en empleo, ni en empresas ni en cohesión. Es lo contrario a lo que propone Europa; y es profundamente injusto, un alimento de desigualdad, el mayor enemigo de la estabilidad.

En Euskadi hemos conseguido volver a tejer confianzas entre diferentes, sumar para progresar en la acción de Gobierno. Desde 2018 en el Gobierno de España nos acompaña una misma idea, que nos permite alinear todas nuestras políticas desde los ayuntamientos hasta Europa. Así hemos conseguido que la estabilidad, lo público, el diálogo social y la solidaridad, hayan sido los salvavidas de la crisis pandémica. Y serán la estabilidad, lo público, el diálogo social y la cohesión las palancas para conseguir transformar a España y Euskadi, de la mano, dentro de la revolución económica mundial. Con el objetivo no sólo de crear más empleo, sino de mayor calidad, más seguro, más igual, más inclusivo. Para tejer una tupida red de seguridad que ahuyente el riesgo de destruir las bases en las que se sostiene la democracia.