Falsos dilemas

¡Ojalá nos guíe y acompañe incluso en la eliminación de ciertos prejuicios con que, desde su inicio, nos acercamos al proceso judicial! Uno de ellos tiene que ver con la existencia misma del juicio y condicionará la opinión que de él nos hagamos. Me refiero a la idea que ha ido calando en muchas mentes bienpensantes de que el juicio como tal -la intervención de la Justicia en un asunto eminentemente político- supone una indeseada intromisión que estorba, más que ayuda, a la solución del problema. Se expresa la idea en frases como «la Justicia no resuelve conflictos políticos» o «éstos no se resuelven sino con el diálogo», cuyo único poder de convicción reside en lo bien que suenan a oídos bien dispuestos y mejor intencionados.

A mí me suenan, en cambio, a otras frases que con demasiada frecuencia oí -y quizá pronuncié- en Euskadi y que en su simpleza llevaban oculto el error. Expresaban otro dilema que, así como se propone este de ahora entre «justicia y política» para afrontar el procés se proponía entonces a la hora de abordar el conflicto que entre nosotros se planteaba en términos de violencia. Que nadie malinterprete el punto de la comparación, pero aquel dilema entre «soluciones policiales y soluciones políticas» que tanto repetimos compartía el mismo esquema mental que este de ahora: la simpleza del blanco o negro. El tiempo vino a demostrar que simpleza y verdad no suelen ir de la mano. Justicia, represión policial, leyes, impulso social y colaboración internacional, es decir, Política con mayúsculas en su amplia y noble acepción de gestión ordenada de la 'polis', acabaron conviniendo en dar una inesperada solución al problema.

El Estado de Derecho es un todo, y sus componentes desempeñan, cada uno en su independencia, lo que ha de entenderse por Política. La Justicia, en particular, aparte de su función punitiva, ejerce otra de reconducción de los comportamientos al único ámbito en que la política con minúsculas, la que ejercen los políticos, puede desarrollarse con eficacia y sin trampa. Ese ámbito no es otro que el que delimitan las leyes. Fuera de éstas, la pequeña política queda inerme. Los días 6 y 7 de septiembre, así como el 1 y el 27 de octubre de 2017, el procés desbordó todos esos límites y se salió por completo del ámbito fijado por las leyes.

Fueran cuales fueren las causas de tal desbordamiento, así como la responsabilidad que en su origen hubieren tenido los diversos actores, la pequeña política perdió toda su capacidad de influencia. Los automatismos del Estado de Derecho se pusieron entonces en marcha. No se produjo, por tanto, una «judicialización de la política», sino que las circunstancias provocaron la inevitable intervención del pertinente poder del Estado. La pregunta no es, por ello, por qué intervino la Justicia en la política, sino cuál habría sido la deriva de ésta si aquélla no hubiera intervenido.

Los hechos son significativos al respecto. Todo da a entender que ha sido la intervención del poder judicial, y no la acción política, la que, al marcar los límites, ha puesto al movimiento secesionista frente a la realidad y causado en él la implosión y el desconcierto que hoy vive. Ha trazado la línea que separa lo posible de lo imposible. Es, por ello, de esperar que, si el proceso que el día 12 de febrero comenzará en su fase de vista oral se desarrolla, como ha de pensarse, respetando las garantías del Estado de Derecho y resulta avalado, en su caso, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las aguas volverán a su cauce, la razón prevalecerá de nuevo sobre la emoción y la política recobrará su eficacia para la mejor resolución del conflicto. Los dilemas que con tanta ligereza habíamos elevado a norma de comportamiento político habrán demostrado, una vez más, su simpleza y falsedad.