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En su carta semanal de este jueves, mi compañero Manu Alvarez proponía la generalización del sistema de Concierto a todas las comunidades autónomas como la mejor fórmula para solucionar ese sudoku infernal de la financiación autonómica, del que se quejaba el ministro Solbes; el que ... nunca pudieron finalizar ninguno de los gobiernos de la Transición y el que han vuelto a poner en el foco de la actualidad las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y Junts. Parece ser –digo parece porque esto de los pactos es materia oscura y reservada, solo apta para espíritus privilegiados e inteligencias superiores–, que a los catalanes independentistas se les ha prometido un sistema propio y original de financiación, con el objetivo de compensar 'presuntos' agravios financieros pasados, aquello que Josep Borrell calificó como «las cuentas y los cuentos del independentismo» (versión formal) y calmar sus ardores de exclusividad ante las dificultades que presenta la concesión de un referéndum de autodeterminación, que es su intención última y que deberá esperar a la aparición de nuevas angustias parlamentarias de nuestro muy generoso presidente (versión real).
A pesar del tiempo transcurrido, de lo mucho que se habla de él y de los esfuerzos de divulgación que han realizado algunos, liderados por Pedro Luis Uriarte, el Concierto Económico continúa siendo un gran desconocido. Y lo es no solo en el resto de España, sino incluso aquí en el País Vasco. Ese desconocimiento justifica la confusión entre el Concierto y el Cupo y sirve de base a la generalización de una idea que se ha instalado con fuerza: el Concierto constituye un agravio lacerante, al permitir que una comunidad rica, como Euskadi, contribuya muy poco a la solidaridad con otras menos favorecidas. Como era de esperar, de ahí a que se considere la generalización del sistema como un imposible matemático solo hay un paso que muchos han dado ya. Según esa postura, el 'privilegio vasco' resulta asumible por su escasa entidad dentro del conjunto, pero no habría manera de cuadrar los números si se pretendiera extender el modelo a todos.
¿Es cierta esa postura? No. El sistema de Concierto honra a la justicia, es compatible con la solidaridad y mejoraría la eficacia del gasto público. Con alguna premisa previa, como que el Cupo esté bien calculado. Una premisa cuyo cumplimiento no es evidente en la actualidad, sobre todo si observamos la muy diferente capacidad de gasto público existente entre las diferentes CC AA que ni la divergencia de renta existentes, ni la mayor conciencia fiscal, ni la mejor administración del gasto –en el caso que tales cosas se den–, son capaces de explicar. Sin olvidarse del 'pequeño detalle' de las transferencias realizadas desde la Seguridad Social para cubrir sus desequilibrados saldos regionales.
La generalización del sistema exigiría otra premisa que consiste en fijar con precisión el perímetro de las competencias del Estado, algo que reconozco resulta imposible a día de hoy. A partir de ahí todo es sencillo. Aplicaríamos un sistema federal en el que Estado tuviese sus responsabilidades sustentadas por impuestos de ámbito general y, del resto las CC AA podrían elegir sus deseos competenciales y poner, a voluntad, sus impuestos regionales para obtener los fondos necesarios para financiarlos. Una sana competencia que solo espanta a los políticos que no desean competir y a los que aborrecen esforzarse en ser mejores.
La ventaja innegable de un sistema así es que incluye la 'corresponsabilidad fiscal' que es una de las mayores virtudes del Concierto vasco. Cada uno gastaría de lo suyo y cuando cada uno gasta de lo suyo, se gasta menos y se gasta mejor. No habría FLA y se completaría el sistema con un fondo de solidaridad que funcionase mejor y con mayor transparencia que el actual, que es manifiestamente mejorable.
Así que la idea de extender el Concierto merece un análisis que no se hará, porque unos no quieren hacerlo, otros no saben hacerlo y a la mayoría le da pereza pensar en las penalidades políticas de su implantación.
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