Las cuotas en la escuela concertada, otra vez

Los conciertos educativos suscritos entre el Departamento de de Educación y los centros se establecen al amparo del decreto 293/87, aún en vigor. Es cierto que en el citado decreto se recoge en su artículo 32 que «el concierto obliga al titular del centro a impartir de forma totalmente gratuita las enseñanzas objeto del mismo...». Pero también lo es que en su artículo 18 se recoge que «el módulo de sostenimiento por unidad escolar se establecerá en analogía con los costes de la enseñanza pública...». Y aquí está la clave.

Un estudio efectuado por el propio Departamento de Educación en la pasada legislatura deja bien patente la situación. Según el mencionado estudio, y con datos referidos a 2018 (últimos disponibles en ese momento) el coste medio por alumno y año en la Escuela Pública es 9.415 euros. Ese mismo coste en la Escuela Concertada es 5.100 €. La financiación que aporta a los centros concertados Educación, por alumno, es 3.800 €. ¡Menos de la mitad del coste en la Escuela Pública!

Con estos datos queda patente que las cuotas de escolaridad en los centros concertados son imprescindibles para cubrir la diferencia entre el coste y la financiación pública. Y lo serán mientras no se mejore sustancialmente la financiación pública de los centros concertados.

Con ese objetivo, también han sido recurrentes los intentos y negociaciones de los centros concertados, con intermediación de sus organizaciones patronales. Recuerdo la propuesta presentada el 20/01/2009, por el entonces Consejero de Educación Tontxu Campos, al consejo de Gobierno presidido por el lehendakari Ibarretxe, en la que se incluían importantes mejoras en la financiación pública de los centros concertados. Estas mejoras quedaron pendientes, probablemente, por estar finalizando la legislatura.

También recuerdo –muy especialmente porque participé en ellas– las negociaciones entre las Patronales y el Departamento de Educación, en 2010, siendo consejera Isabel Celáa en el Gobierno de Patxi López. A punto de llegar a un acuerdo en julio de ese año, el citado departamento comunicó a las organizaciones patronales, que en lugar de mejoras en la financiación habría recortes, como consecuencia de la crisis financiera.

Desde entonces hasta ahora se han aplicado actualizaciones y mejoras poco relevantes, como queda patente en los datos más arriba explicitados.

Ojalá mejore sustancialmente la financiación de los centros concertados para que así podamos eliminar, o al menos reducir de forma relevante, las cuotas de escolaridad. En esa situación, es lógico pensar que tendríamos más alumnado, en un momento en el que el bajísimo número de nacimientos pone en riesgo muchos de los centros. De esa manera, además, podríamos contribuir mucho mejor a garantizar la libertad de elección del Proyecto Educativo que cada familia desee para la educación de sus hijos e hijas, objetivo que muchos defendemos y promovemos.