Los indultos y la mesa de diálogo

A lo largo de una década de proceso soberanista se ha puesto de relieve cómo el independentismo carece de la suficiente fuerza para materializar su objetivo de constituir un Estado independiente; pero también que el Estado español ha sido incapaz de reducir la implantación y la fuerza del secesionismo. La vía unilateral del independentismo fracasó, pero también la delegación del combate contra el separatismo en los tribunales por parte del PP de Mariano Rajoy. De este modo, se ha llegado a un punto muerto y se dibuja una perspectiva de empate infinito, en una sociedad catalana fracturada y enfrentada, donde la convivencia resulta cada vez más difícil.

Ahora, las presidencias española y catalana están ocupadas por PSOE y ERC, ambos con precarias mayorías parlamentarias y necesitados de ganar tiempo. El PSOE lo precisa para acabar una legislatura en la que, armado con los fondos europeos, logre liderar la recuperación económica 'poscovid'. Para ello necesita la estabilidad parlamentaria que pueden proporcionarle ERC y sus aliados en las Cortes. También, en la estela de Zapatero en sus negociaciones con ETA, tantear las posibilidades de un gran acuerdo que desactivaría, al menos temporalmente, la crisis catalana y que sería percibido como un gran éxito.

ERC necesita tiempo para aumentar su distancia con Junts y, con los fondos europeos, ejecutar las medidas sociales para ampliar su base social imprescindible y volver a intentar acceder a la independencia. El independentismo ha alcanzado el techo de sus apoyos entre las clases medias catalanohablantes; la única manera de obtener una mayoría social es entre la ciudadanía castellanohablante de los barrios obreros de la periferia. Para ello, precisa tiempo y una serie de medidas para convencerles de que en la hipotética república catalana mejorarían sensiblemente sus condiciones laborales y de vida.

La mesa de diálogo no parte con los mejores augurios. Del lado independentista se reclama la amnistía y la autodeterminación que el Gobierno español no puede conceder. En vez de la amnistía, el Ejecutivo central ofrece los indultos y la reforma de los delitos de rebelión y sedición, puesto que no puede ni debe interferir en la acción de los tribunales, donde están abiertas otras causas contra dirigentes secesionistas.

Tampoco puede otorgar la autodeterminación, que está fuera de la Constitución y que, según la legislación internacional, solo es aplicable a los pueblos colonizados o bajo ocupación militar, que no es el caso de Cataluña. Aquí, el Gobierno español puede ofrecer una mejora del sistema de financiación y un nuevo Estatuto. En Cataluña se da la anomalía política de ser la única comunidad que no dispone del Estatuto que fue votado en referéndum. La tramitación de un nuevo Estatut que, mediante las reformas legislativas oportunas, recuperase el texto de 2006 y fuese sometido a consulta resolvería esa irregularidad. Para amplios sectores del independentismo la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Estatut significó la ruptura del pacto constitucional e inauguró el proceso soberanista. La restitución de ese Estatut vendría a cauterizar esta herida. Ciertamente, resulta difícil concebir que los sectores más hiperventilados del secesionismo acepten esta oferta que considerarán una pantalla pasada, pues para ellos lo único factible es construir la república y lograr un referéndum pactado con el Estado.

En esta tesitura, el PSOE verá impugnadas sus ofertas por la derecha nacionalista española, para la cual el combate contra el independentismo catalán resulta su principal banderín de enganche ideológico y el arma electoral de destrucción masiva contra el Gobierno. Por otro lado, ERC será sometida a fuertes presiones de Junts y CUP para no ceder un ápice en las reivindicaciones de amnistía y autodeterminación y no ser acusados de traidores.

Sin embargo, por los motivos apuntados, PSOE y ERC necesitan tiempo y la mesa de diálogo puede proporcionárselo. Según consta en el acuerdo de legislatura entre ERC y CUP, este periodo se cifra en dos años. Después se evaluarán los resultados de esta mesa y Pere Aragonès se sometería a una moción de confianza. Ciertamente, PSOE y ERC se juegan mucho en el envite. Si fracasan en esta apuesta por el diálogo pueden ser desalojados del poder estatal y autonómico, respectivamente, por la derecha nacionalista española y catalana partidarias de llevar hasta el final el conflicto político e identitario con el correspondiente riesgo para la convivencia ciudadana y la paz civil.