Investigar la pederastia en la Iglesia

F. Lombardi manifestaba su conformidad con la crítica formulada por ocho miembros de la Academia Católica de Francia para quienes la estimación de víctimas en el seno de la Iglesia francesa era el resultado de proyectar, a los últimos setenta años, los casos de personas abusadas que arrojaba una encuesta de opinión mediante un formulario en internet. Procediendo de esta manera, apuntaban, estaban descuidando los 2.738 testimonios recibidos y validados. Igualmente denunciaban el énfasis puesto en la necesidad de un cambio 'sistémico', tanto organizativo como doctrinal en la Iglesia católica; algo, concluían, que no era de recibo.

El 8 de febrero, la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia francesa replicaba a estos miembros de la Academia Católica acusándolos de «no escuchar los gritos de las víctimas y sucumbir a la trampa del clericalismo». Y adentrándose en la cuestión más técnica, se aportaban dos estudios de especialistas en encuestas en uno de los cuales se podía leer que las cifras, «aunque frágiles, parecen plausibles». Sin embargo, también se podía leer que «para hacer que las estimaciones sean más fiables, sería deseable que, en el futuro, los resultados fueran confirmados por otras encuestas realizando muestras aleatorias» en las que, además, habría que cubrir toda la población sobre la que, se suponen, se refieren dichas estimaciones. Mientras no se proceda así, «no podemos asegurar que no haya un sesgo significativo que afecte» a las cifras indicadas, resultando imposible garantizar que el método y la selección de los encuestados no presenten una estructura desequilibrada.

La Conferencia Episcopal alemana, a diferencia de la francesa, encargó, hace casi diez años, una investigación sobre la implicación de sacerdotes, diáconos y religiosos varones (de 1946 a 2014) a las universidades de Mannheim, Heidelberg y Giessen, dada a conocer en 2018 y en la que se identificaron 1.670 clérigos abusadores y 3.677 víctimas. Nada que ver con las cifras del informe francés. Desde entonces, al menos, 20 diócesis (de las 27 existentes) están encomendando a diferentes equipos independientes de abogados, psiquiatras, gerontólogos, historiadores, criminólogos y archivistas lo que se ha venido en llamar 'reevaluaciones diocesanas', contando para ello, además de con el testimonio de las víctimas que se han dirigido a los investigadores, con la documentación de los archivos de todas las diócesis. Sus resultados, mediáticamente menos espectaculares, no están siendo objeto de la descalificación que viene padeciendo el informe francés.

Queda por ver qué método van a adoptar tanto la comisión de investigación que, por encargo del Parlamento español, lidera el Defensor del Pueblo como la contratada por la Conferencia Episcopal Española, con el bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. Y también cómo van a sortear las críticas de quienes ya han manifestado que la pederastia, al ser «un problema de la sociedad», debe ser investigada por una «comisión global», por respeto a «todas las víctimas». O las de quienes denuncian que ésta es una iniciativa política, solo comprensible en el marco de una ofensiva beligerantemente laicista. Creo que es capital que ambas comisiones hagan bien su trabajo, no dando pie a sospechas de credibilidad que acaben cargando el argumentario de quienes van a leer sus informes con miradas en las antípodas a las de las víctimas. Me gustaría que, al menos en esta ocasión, la Iglesia hiciera bien sus deberes; algo que veo más factible si las dos comisiones se decantaran por la metodología seguida en Alemania.