Vivienda: derecho sí, especulación no

No es mi intención dar lecciones ni tampoco cuestionar la voluntad del Ejecutivo vasco para atender el drama de quienes no pueden hacer frente ni a la compra ni al alquiler. Pienso especialmente en los más jóvenes y en las familias trabajadoras, condenados a un futuro incierto por carecer de los recursos mínimos para afrontar una hipoteca o una renta, que en muchos casos superan incluso sus ingresos mensuales.

Hay razones fundadas para la movilización y son comprensibles las exigencias a las instancias responsables para que actúen con valentía en esta materia. Izquierda Unida-Ezker Batua lo hizo en su momento y abrió un camino que sentaba las bases para promover una política de vivienda pública alternativa a la seguida hasta entonces. Puede ser cierto, como ha reconocido el actual consejero, que no cabe esperar milagros. Generar expectativas es un error; lo comparto. Sin embargo, esta afirmación supone un jarro de agua fría para miles y miles de personas en Euskadi.

Es verdad que no existen milagros, pero también que hay políticas que cronifican el problema, y otras que contribuyen a dar respuestas eficaces para avanzar en la solución. Las últimas declaraciones del lehendakari, Imanol Pradales, no invitan al optimismo al poner de manifiesto que no apuesta, con carácter prioritario, por la consolidación de un gran parque público de vivienda en alquiler. Es tiempo de dar pasos hacia adelante. De pasar de las palabras a los hechos. A todo gobierno se le debe evaluar en función de los resultados. Es clave que el Ejecutivo impulse, especialmente en materia de alquiler, una hoja de ruta clara.

El Gobierno Vasco confía en poner en el mercado en los próximos cuatro años 7.000 viviendas en alquiler protegido. Es una propuesta ambiciosa, que aplaudo, teniendo en cuenta que en la última década el número de construcciones iniciadas en este régimen se sitúa en 5.251. Con voluntad, compromiso, presupuesto, políticas progresistas y mucho esfuerzo es un objetivo alcanzable. Entre 2001 y 2009, coincidiendo con la presencia en el Ejecutivo de IU-EB, se inició la construcción de 9.718 viviendas protegidas para alquiler asequible. Pusimos en marcha importantes líneas de ayudas para implicar al conjunto de operadores (Gobierno, ayuntamientos y promotores privados) en el impulso al alquiler protegido.

El consejero actual se ha declarado a favor de revisar los protocolos de intermediación en la transmisión de las viviendas protegidas, para incorporarlas al parque público mediante su adquisición por parte del Gobierno Vasco a precio tasado y su puesta en régimen de alquiler asequible. Cuenta con la calificación permanente de la vivienda protegida, que aprobamos en 2003, iniciativa fundamental para generar una bolsa de vivienda protegida sujeta a control público.

Aunque llega demasiado tarde, me alegra que el Gobierno del Estado se esté planteando incorporar la calificación permanente para evitar la especulación con un bien público. Resulta inadmisible e inmoral que, al cabo de 20 años, se pueda vender en el mercado libre un piso protegido, construido con el dinero de toda la ciudadanía, favoreciendo el enriquecimiento de unos pocos y debilitando el parque público destinado a los sectores más desfavorecidos.

La otra gran línea de actuación en materia de alquiler asequible es la de movilizar la vivienda vacía. En su día diseñamos Bizigune, que posibilitó, en ocho años de mandato, poner en el mercado de alquiler asequible 4.000 viviendas vacías. Un ritmo de captación que lamentablemente se ha ralentizado hasta gestionar este programa en la actualidad alrededor de 7.400 viviendas. A las administraciones les urge disponer de un parque público potente de alquiler asequible para paliar una demanda que no se satisface con paños calientes ni declaraciones grandilocuentes. Facilitar el derecho a la vivienda es hoy una emergencia social. Deseo suerte al nuevo Gobierno. En su mano está garantizar a quien lo demanda un hogar en el que poder desarrollar sus proyectos personales y familiares.